La ampliación de la indagatoria de Gabriel Carrizo, procesado como partícipe secundario del intento de homicidio de Cristina Fernández de Kirchner, se postergó para la semana próxima a pedido de su abogado Gastón Marano, el exasesor de Juntos por el Cambio que esta semana presentó una original denuncia para atraer hacia Comodoro Py la causa que pone en evidencia la obscena relación entre el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La declaración del exjefe de los “Copitos”, quien se ufanó de su participación en el frustrado magnicidio, está prevista ahora para el martes a las 10 de la mañana, siempre en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, quien lo citó a regañadientes por orden de la Cámara Federal a partir del planteo de la defensa de la vicepresidenta.
“Recién intentamos matar a Cristina”, admitió Carrizo dos horas después del episodio, convencido además de que Fernando Sabag Montiel había gatillado el arma que él le había aportado. Esa confesión, entre otras, se descubrió en un análisis de su celular varias semanas después de que Capuchetti lo procesara como partícipe secundario, un simple actor de reparto. Los abogados de la ex presidenta insistieron para que se lo impute como coautor y miembro de la asociación ilícita que se formó para asesinarla, pero chocaron con las negativas de la jueza, a quien recusaron –hasta ahora sin suerte– por obstaculizar la investigación. La semana pasada, con votos de los serviciales Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, la Cámara le ordenó a la juez ampliar la indagatoria ante los “elementos de prueba novedosos” y para garantizar “el adecuado ejercicio de su derecho de defensa en juicio”. En disidencia votó Mariano Llorens, el arquero del Liverpool.
El hombre que se presentaba como dueño de la máquina de hacer copos de azúcar que se usó como pantalla para hacer inteligencia entre la militancia que acompañaba a CFK frente a su departamento fue procesado a fines de septiembre, junto a Agustina Díaz, “en calidad de cómplices” del intento de asesinato. Junto con Sabag Montiel y Brenda Uliarte, procesados como coautores, fueron parte del “plan común”, de un “acuerdo premeditado” para consumar el crimen. Capuchetti tomó nota de que Carrizo aportó un arma que finalmente no se usó, que tenía “pleno conocimiento del plan criminal” y conversaba con Uliarte sobre “la intención de darle muerte” a CFK, y que después del hecho volvió a comunicarse con la mujer para hablar sobre cómo intentar no quedar involucrados, aunque terminaron doblando la apuesta y prometiéndose un nuevo intento. “Estamos todos juntos. A la mierda esa Cristina”, escribió.
Si los elementos con los que contaba Capuchetti en septiembre invitaban a dudar del rol secundario de Carrizo, las frases que descubrió en su celular y le aportó el 26 de octubre la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico para la Investigación Penal (DATIP, órgano del Ministerio Público Fiscal) fortalecen el pedido de los abogados de la vicepresidenta, Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, para que se lo impute como coautor. “Recién intentamos matar a Cristina”, le escribió a un tal “Kevin Bargas 2” horas después del episodio. “Mi empleado. Le quiso disparar”, apuntó. “El arma es mía amigo. Te lo juro por dios. Estamos con el grupo. Todos juntos”.
En base a esas nuevas pruebas, la querella que representa a la vicepresidenta pidió que se le ampliara la indagatoria, que se lo imputara como coautor y también que se sumara la figura de “asociación ilícita” a todxs lxs involucradxs. Capuchetti rechazó el pedido y los abogados de CFK volvieron apelar su enésima negativa. Así se llegó a la breve resolución de Bertuzzi & Bruglia, los alfiles que Mauricio Macri ubicó a dedo en la estratégica Cámara Federal, quienes admitieron la necesidad de volver a tomarle declaración dado que no hacerlo “podría causar un gravamen de imposible reparación ulterior tanto para los derechos del imputado –en lo que concierte a garantizar el principio de congruencia y el derecho de defensa y el debido proceso legal– como para los intereses del acusador particular –en lo que hace a la averiguación de la verdad”.
Capuchetti había convocado finalmente a Carrizo a declarar ayer (jueves 5), pero accedió a postergar la ampliación a pedido del polifacético Marano, quien según reconstruyó la agencia Télam le informó que por cuestiones vinculadas a la feria judicial no iba a poder estar presente en la indagatoria. Es comprensible: el ex asesor del PRO en la Comisión de Seguimiento de Organismos de Inteligencia debió ocuparse de presentar una denuncia nada menos que contra Silvio Robles, el operador principal de Rosatti, con el objetivo evidente de quitarle la causa a la Justicia Federal de Santiago del Estero –que le había ordenado a Robles entregar su celular– y trasladarla a manos más confiables.
