A poco de haberse cumplido 100 días del cierre de la planta, ubicada en San Fernando, sus trabajadores permanecen adentro para defender sus puestos pero denuncian que se profundizó la persecución judicial: 24 de ellos fueron citados a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa abierta por la denuncia penal del dueño de FATE, el empresario Javier Madanes Quintanilla, por el delito de usurpación. Para los trabajadores, quien está fuera de la ley es el empresario porque lo que hizo al cerrar la fábrica es un paro patronal, o lock out. “Es una movida patronal para apretar a los que estamos acá, sobre todo en la permanencia, dentro de la planta y en el techo, y también contra la dirección del sindicato”, dijo a Página/12 el histórico referente de FATE, Víctor Ottoboni.
