El presidente Alberto Fernández recibió esta tarde a referentes de organismos de derechos humanos para conversar sobre la agenda más sensible: qué hacer con la Corte Suprema de Justicia –que ayer le asestó un nuevo golpe al Gobierno, al concederle una cautelar a CABA en la disputa por la coparticipación– y cómo responder a la situación de la dirigente social Milagro Sala, después de que el máximo tribunal le confirmara una condena de trece años de prisión, lo que disparó un nuevo pedido de Gerardo Morales para que sea trasladada a una cárcel. Las organizaciones reclamaron la ampliación del máximo tribunal, el juicio político a sus integrantes y el indulto a la líder de la Tupac Amaru. El Presidente fue receptivo y manifestó su compromiso para seguir trabajando en torno a la situación de Sala.
Después de recibir a los gobernadores, Fernández se encontró con referentes de los organismos, que llegaron con una buena noticia debajo de la manga: Abuelas de Plaza de Mayo acababa de anunciar que había hallado al nieto 131. Entre otros, el Presidente recibió a referentes de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Buena Memoria, los Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Comisión Zona Norte y la APDH La Matanza.
Las más conmovidas a la hora de hacerle llegar a Fernández su preocupación fueron las Madres de Plaza de Mayo Taty Almeida y Vera Jarach al igual que Lita Boitano, presidenta de Familiares. Un integrante de la Liga que también es militante de la Tupac le contó al Presidente que había hablado horas antes con Sala y ella le había pedido que le transmitiera un pedido: que no se olvide de ella. En las últimas horas se supo que la dirigente social sufrió una nueva trombosis después de que Morales anunciara que pediría que sea trasladada a un establecimiento del servicio penitenciario jujeño.
El martes, mientras millones de argentinos y argentinas festejaban en las calles la llegada de la Selección campeona del mundo, los organismos le hicieron llegar una carta al Presidente con sus preocupaciones, que fueron las mismas que le llevaron al encuentro. “El sistema de justicia en la Argentina atraviesa una crisis terminal, la que a no dudar genera un quiebre del Estado de derecho, como nunca antes desde la recuperación de la vida democrática”, le advirtieron al Presidente.
La preocupación por lo que sucede con el Poder Judicial no es novedad para los organismos de derechos humanos. Durante el primer año del gobierno del Frente de Todos se reunieron con la comisión que designó el Presidente para analizar una posible reforma judicial. Allí, expresaron sus sugerencias para que las causas por crímenes de lesa humanidad se muevan con mayor velocidad en todas las instancias. Los organismos miran desde hace tiempo con desconfianza a la Corte: no aceptaron un convite en 2020 para una reunión de la llamada comisión interpoderes y, por el contrario, denunciaron ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) la demora que se registra en mucho de los expedientes por crímenes cometidos durante la dictadura.
El recelo no es solo con el tribunal que preside Horacio Rosatti. Días atrás, se pronunciaron con dureza ante la condena de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa “Vialidad” en lo que denunciaron que fue un proceso plagado de irregularidades y con fines persecutorios. Terminó de acelerar la decisión de pedir una entrevista con el Presidente la confirmación de la condena a Milagro Sala con la que se despachó la semana pasada la Corte.
Los organismos fueron con cuatro pedidos concretos: que se promueva la ampliación de la Corte a 25 integrantes, que se formalice el pedido de juicio político a los cuatro miembros actuales del máximo tribunal, que el Poder Ejecutivo intervenga para resolver la situación de Milagro Sala y que se avance con la intervención del Poder Judicial de Jujuy, al que consideran un brazo del gobierno de Morales.
La nota que le enviaron días atrás no menciona la palabra indulto pero es lo que le transmitieron al Presidente los organismos en la reunión, en una línea similar a la que plantearon diputados del Frente de Todos horas antes. Es el mismo reclamo que sostienen la Tupac Amaru –la agrupación que lidera Milagro Sala– y otras organizaciones que acampan desde el miércoles en la Plaza de Mayo para reclamarle al Presidente que dé una respuesta a la dirigente social detenida desde el 16 de enero de 2016.
En una entrevista con Radio con Vos, Fernández dijo que la Constitución no le permite indultar a Sala porque no fue juzgada en una jurisdicción federal, que sería la que habilitaría la intervención del Presidente. En el caso de Sala, al haber sido juzgada por tribunales jujeños, debería esperar que quien tome esa decisión sea el principal impulsor de tenerla presa, el gobernador Morales –según la interpretación del Presidente y de la mayoría de los juristas–. El coordinador de la Tupac Amaru, Alejandro “Coco” Garfagnini, le respondió con dureza al acusarlo de hacer lo mismo que la Corte Suprema con Milagro y, por ende, convalidar el lawfare.
Según pudo saber este diario, Fernández estuvo conversando del tema con juristas que respeta. Uno de ellos le dijo que constitucionalmente estaba impedido de hacerlo, pero le planteó una ventana: a su entender, si hubiera un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), se podría vislumbrar alguna alternativa. El caso de Sala está en el sistema interamericano hace años.
Como publicó este diario la semana pasada, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y Andhes hicieron una presentación ante la posibilidad de que Sala sea trasladada a una cárcel común –como anunció el gobernador Morales después del fallo de Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti de la semana pasada–. El problema del sistema interamericano es que todo el proceso puede llevar mucho tiempo. Es parte de la encrucijada.
Fernández transmitió que estaba evaluando caminos posibles frente a la Corte Suprema y que iba a trabajar por la libertad de Sala. De hecho, se mostró abierto a hacerlo con los abogados del movimiento de derechos humanos. "Los organismos le dijimos que va a tener nuestro apoyo y la movilización social para hacerle frente a un Poder Judicial que está muy desprestigiado", dijo Mabel Careaga, referente de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz.
