El Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, en General Rodríguez. (Ministerio de Salud)

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, denunció ante la Justicia graves irregularidades detectadas en el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, el último leprosario del país, ubicado en el partido de General Rodríguez. Entre otros ítems, en el lugar funciona una “financiera clandestina”, los proveedores tenían que “pagar sobornos”, se criaban animales y se cultivaban granos. Además, las casas donde se alojaban pacientes internados eran alquiladas a terceras personas cuando aquellos fallecían.

Según describió el vocero presidencial Manuel Adorni en su conferencia habitual en la Casa Rosada, la administración de La Libertad Avanza, que se hizo cargo de la dirección de la institución fundada en 1941, descubrió graves manejos realizados por la Asociación de Internados. En el nosocomio funcionaba una “financiera clandestina”; la Asociación, además, generó enormes sospechas en la administración de los fondos públicos destinados a pacientes con enfermedad de Hansen (lepra), a los cuales se los remuneraba por los trabajos terapéuticos que realizaban a través de un sistema de administración que perjudica tanto a los pacientes como al Estado; y se realizaba un “uso irregular de las viviendas que pertenecen al Estado”.

En la denuncia también se describe que los proveedores del nosocomio “pagaban sobornos”; que integrantes de la Asociación de Internados “retiraban raciones extra de alimentos sin justificativo, lo que representaba un alto costo a las finanzas del hospital”; y que en los campos aledaños que pertenecen al hospital, y que forman parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), se cría ganado y se cultivan granos de manera irregular.

Un escrito de 11 páginas

Todo comenzó con la denuncia del nuevo director del hospital desde mayo pasado, el neurocirujano Santiago Cerneaz. En el escrito de 11 páginas el médico habla de la situación que encontró en la institución, un inmenso predio en General Rodríguez, a 25 kilómetros de Luján, donde viven solos o con sus familias unos 200 pacientes.

“Un aspecto crítico es el manejo del “peculio”, una remuneración para aquellos internos que realizan trabajo productivo, también conocido como laborterapia”, se sostiene en la denuncia. Y Cerneaz agrega: “La remuneración -estatal- era manejada por la Asociación de Internados, quienes disponían del dinero de manera arbitraria lo que provocaba que en muchos casos la suma destinada no llegara a los pacientes o lo hiciera de forma reducida. (…) Han llegado denuncias anónimas que acusan a la Asociación de retener parte de esta remuneración a los pacientes”.

El Hospital Sommer presenta una infraestructura compuesta por diversas áreas residenciales construidas en terrenos del Estado Nacional. Estos espacios están destinados a aquellas personas que fueron internados en el pasado y que actualmente no padecen de una enfermedad infecciosa activa, pero sí sufren sus secuelas. “Muchas de estas propiedades son administradas irregularmente por la Asociación de Internados, impidiendo la intervención de las autoridades del hospital”, describe el escrito judicial.

También se detectó que muchas viviendas se encuentran ocupadas por familiares de los representantes y Directivos de la Asociación de Internados, “sobre todo aquella descendencia directa: hijos nietos, sobrinos), los cuales no resultan ser enfermos de Hansen” un hecho que viola la normativa legal vigente, tal como lo establece el Decreto 1382/2012.

El director del establecimiento refirió también que la Asociación tenía “un control significativo” en el manejo de los alimentos, “gestionando grandes cantidades sin el control adecuado del hospital. Un representante de la Asociación retiraba raciones extra de alimentos sin justificativo, lo que representaba un alto costo a las finanzas del hospital”.

Animales y cultivos

Además, se descubrieron irregularidades en la actividad económica derivada de la explotación de tierras estatales. Según el texto: “El hospital cuenta con 300 hectáreas, donde se encontraron actividades ilegales de ganadería manejadas por la Asociación de Internados sin consentimiento del hospital ni del Estado “.

Este uso no autorizado de las tierras ya había sido denunciado por el director anterior Gustavo Marrone en 2023 por lo cual se encuentran bajo investigación judicial. “Hay animales de orígen desconocido dentro del predio del hospital, como así también corte del alambrado en el límite del predio del nosocomio. Se formó una tranquera para el paso de animales (vacuno) y vehículos”, denunció Marrone. El exdirector del Sommer había relatado en su escrito que recorrió el predio del hospital ocupado de manera ilegal y contó al menos “100 vacas más de 40 caballos”. A pesar de la presentación judicial y ante la ex ministra de Salud, Carla Vizzotti la situación continuó.

En la ampliación de la denuncia se refuerza la situación así: “El Hospital cuenta con 300 hectáreas de terreno, de las cuales una parte fue usufructuada ilegalmente por la Asociación, ya que se encontraron allí alrededor de 100 vacas y 50 caballos de cuya actividad ganadera obtenían ingresos y ganancias, sin consentimiento de la Administración del Hospital ni del Estado Nacional”.

Financiera y alquileres

También se denunció que en el hospital, “opera de manera irregular una financiera, la cual no se encuentra inscripta en el registro de entidades financieras, otorgando préstamos de dinero a los residentes de dichas casas, con tasas usureras, cobrándolos directamente del peculio retenido”.

Asimismo, “muchos de los declarados enfermos de Hansen residen fuera del hospital, pero ‘reservan’ una casa/cama para poder continuar cobrando dicha remuneración. Uno de los planteos por parte de algunos de los enfermos que se fueron a vivir al exterior, es que se les siga otorgando dicha remuneración”.

Así, en estos momentos de las 192 casas con que que cuenta el predio del hospital, 130 están ocupadas por pacientes de Hansen y 62 por personas que no padecen la enfermedad

La denuncia del Gobierno destacó que “la Asociación de Internados decide arbitrariamente quién puede ocupar las viviendas, violando de esta manera la normativa legal vigente para este Organismo (Decreto 1382/2012 y su Reglamentación por Decreto 2670/2015 AABE). De este modo, reasigna y distribuye las casas a su propio criterio sin permitir la intervención de la institución. Varias de estas viviendas están alquiladas a terceros, sin padecimiento de enfermedad o sus secuelas propiamente dichas, siendo el usufructo de la misma realizada de manera irregular y sin autorización de las autoridades sanitarias, controlado nuevamente por esta asociación”. (DIB) MM

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Fuente: dib.com.ar

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