El nuevo régimen penal juvenil obtuvo 149 votos afirmativos y 100 negativos. El proyecto deberá ser tratado por el Senado para convertirse en ley.
La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría un nuevo régimen penal juvenil que fija en 14 años la edad mínima de imputabilidad, en reemplazo del límite actual de 16. La iniciativa recibió 149 votos a favor y 100 en contra, en una sesión que volvió a exhibir la fortaleza parlamentaria del oficialismo tras la media sanción del proyecto de modernización laboral.
Un sector de Unión por la Patria y los bloques de izquierda votaron en contra y calificaron la propuesta como “punitivista”. En cambio, el oficialismo reunió el respaldo del PRO, la UCR y el MID, y sumó apoyos parciales de Provincias Unidas, Innovación Federal y los diputados sanjuaninos del bloque Producción y Trabajo, lo que le permitió alcanzar una mayoría holgada.
El movimiento interno más relevante se dio en Unión por la Patria. Mientras el kirchnerismo anticipó su rechazo, el Frente Renovador —referenciado en Sergio Massa— acompañó la fijación de los 14 años como piso de punibilidad, aunque planteó que la modificación debería enmarcarse en una reforma integral del Código Penal y no en un régimen específico. En ese sentido, advirtió que la norma podría ser judicializada si resulta sancionada.
El proyecto establece un máximo de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a adolescentes y dispone que la prisión efectiva solo podrá aplicarse en delitos graves, con escalas penales de diez años o más. Para el resto de los casos prevé sanciones alternativas, como tareas comunitarias, restricciones de acercamiento a la víctima y medidas de reparación del daño.
El texto reafirma garantías procesales y define la privación de la libertad como última instancia. También fija estándares para la detención de menores, como el alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso a educación, salud y programas de resocialización.
La entrada en vigencia del nuevo régimen está prevista para seis meses después de su reglamentación, plazo durante el cual el sistema penitenciario federal y las provincias deberán adecuar sus instalaciones. La iniciativa contempla una asignación presupuestaria inicial de 23.000 millones de pesos, cifra que, según sus detractores, resultaría insuficiente y no alcanzaría a las jurisdicciones provinciales.
El debate se inició con la intervención de la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (LLA), quien rechazó que el proyecto apunte a “criminalizar a los pibes”. “Es mentira. El despacho contempla una cantidad de penas alternativas a la prisión. Estamos dando garantías del debido proceso”, sostuvo, y remarcó que los menores no serán alojados en los mismos establecimientos que los adultos, aclaración que quedó incorporada en el texto aprobado.
Tras la votación, la Cámara tiene previsto avanzar con la ratificación del tratado firmado el 17 de enero entre el Mercosur y la Unión Europea. Ambos proyectos deberán ahora ser tratados por el Senado para su eventual conversión en ley.
fuente: cdenoticias.com
