La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, confirmó que este miércoles dará de baja a 85 mil titulares del Potenciar Trabajo y a 20 mil prestaciones Nexo, un plus que reciben algunos trabajadores del Potenciar. Las bajas corresponden a personas que no validaron su identidad mediante la app Mi Argentina -que fueron un poco más del 7 por ciento del total-. En rechazo a esta medida -y también en reclamo por alimentos para los comedores populares-, la Unidad Piquetera mantuvo su segundo día de acampe frente al despacho de la ministra. Los cruces entre Eduardo Belliboni, el referente de la UP, y Tolosa Paz marcaron el día de conflicto: Belliboni le pidió que “deje de hablar como una ministra del PRO y no de un gobierno popular”. A su vez, Tolosa Paz lo acusó de impulsar el acampe por dinero: con las bajas, aseguró, “la Unidad Piquetera dejará de recibir mensualmente, en concepto de cuotas sociales, 9 millones de pesos".
Sin otro diálogo que estas acusaciones a través de los medios, todo indica que el acampe se mantendrá hasta este jueves a las 10 de la mañana, cuando cumplirá 48 horas. Los integrantes del Polo Obrero, Libres del Sur y otros movimientos de la izquierda están rotando grupos para sostener la protesta, porque la ola de calor vuelve insoportable permanecer largas horas en la calle. El peligro no es sólo de insolación, sino que en el derechizado clima de la campaña electoral, los medios dominantes no dudan en legitimar e impuslar una salida represiva. El jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, debió aclarar en un programa de TN que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no está de acuerdo en intervenir para resolver el corte de calles con la policía. "Cuando uno pide 'hay que sacarlos', hay que tener conciencia. ¿Qué están pidiendo? ¿Que se tiren gases donde hay chiquitos y mujeres?", repreguntó el funcionario durante una entrevista.
105 mil planes menos
Cuando comenzó el proceso de validación, había 1 millón 400 mil planes Potenciar. La cantidad de planes había dado un salto durante la pandemia, entre 2020 y 2021, cuando el Gobierno duplicó su número empujado por la necesidad de hacer llegar recursos a los trabajadores informales, sin ingresos por el aislamiento, y sostener los comedores populares, donde el trabajo de cocineras y otras trabajadoras que se pusieron al hombro el reparto de viandas fue clave para millones de personas.
Cuando se fue levantando el aislamiento social, existió la intención de un sector del Gobierno de apoyar a los trabajadores del Potenciar para que mejoraran sus ingresos, con la entrega de herramientas, entre otras cosas, a sus emprendimientos productivos. De hecho en algunas actividades, como el reciclado y los polos textiles, los trabajadores lograron mejoras importantes. En las cooperativas mejor organizadas, sus trabajadores están ganando por encima del salario mínimo e incluso lo duplican, un progreso que, lamentablemente, pierde mucho de su impacto debido a la inflación.
Esta política, sin embargo, nunca llegó a calar dentro del Frente de Todos. Y en el verano de 2022, con la firma del acuerdo con el FMI, la tendencia a invertir en el sector tuvo un punto de inflexión, empezó a retraerse. En cada revisión de las metas del acuerdo, el organismo internacional se ocuparía, por su parte, de recordar la importancia de “focalizar los programas sociales” -un eufemismo para recortarlos-.
En noviembre pasado, el Gobierno anunció que no otorgaría nuevos planes Potenciar, en medio de una ofensiva mediática que estigmatizó a quienes los perciben, de los que se dijo de todo, incluso que "los planeros" usan el dinero que les da el Estado para comprar dólares, que no trabajan -por supuesto- o que había titulares del Potenciar dueños de yates y autos 0 km.
La validación de identidad estuvo enmarcada en ese clima. Con todo, una parte de los movimientos sociales, por ejemplo la mayoría de los que están dentro de la UTEP, no salieron a la calle contra la validación de datos. Su postura sugiere que lo entienden como una medida razonable, destinada a ordenar el Potenciar, que venía desmadrado. La oposición, en cambio, es protagonizada por las organizaciones de izquierda agrupadas en la Unidad Piquetera. Entre sus argumentos, la UP señala que hay miles de personas que no tienen teléfono celular, o que no tienen conectividad, o a las que el trámite de validación les resultó imposible de hacer. Reclaman que en esos casos, el ministerio debe ir a buscar a los beneficiarios a los barrios, para que completen la validación de manera presencial.
Con la anulación de estos 85 mil Potenciar, el número de beneficiarios de planes quedará, según confirmó la ministra Tolosa Paz, en 1.279.000 personas. Si se compara el padrón de diciembre de 2022 -de 1 millón 400 mil beneficiarios- con el actual, las bajas en los últimos tres meses suman 195 mil planes.
Tolosa vs. Belliboni
Tolosa Paz cargó contra el acampe de la Unidad Piquetera y acusó a su dirigente más visible, Belliboni, de organizarlo porque “van a dejar de recibir 9 millones de pesos por mes”. La ministra lo dijo porque si bien el pago del Potenciar está bancarizado y cada titular cobra los 32 mil pesos mensuales en su cuenta, los movimientos tienen a su cargo las unidades de gestión que certifican que esos trabajadores estén realizando la contraprestación de 4 horas diarias. En el caso del Polo Obrero, la organización les pide a sus integrantes un 2 por ciento en concepto de cuota social, a la manera de los sindicatos con sus afiliados.
Tolosa Paz dijo que de los 85 mil planes dados de baja, 12.500 son de la Unidad Piquetera. “Sus unidades de gestión no encuentran a 12.500 personas. El mes pasado dijeron que están trabajando en sus emprendimientos, pero ahora no saben dónde están”, aseguró. “Le dijimos a Belliboni que los traiga a la puerta del ministerio, que acá pueden validar su identidad, pero no los encuentra”. La ministra concluyó que el dirigente está molesto “porque le cobran a la gente el 2 por ciento de cada Potenciar como cuota social, y con estas 12.500 bajas se quedan sin 9 millones de pesos por mes”.
Belliboni replicó pidiéndole que realice una validación presencial y opinó que los criterios de la ministra la ponen más cerca del PRO que de un gobierno popular. “No estamos reclamando sólo por nosotros, sino por miles de personas que no pudieron hacerlo. Una persona que vive en el Chaco, en El Impenetrable, sin luz, no puede hacer una validación de datos y de rostro. El trámite debería ser presencial y Desarrollo Social debería ir al territorio, ir al barrio en lugar de plantear que la gente vaya al ministerio, como hace ahora”.
Si bien la polémica se centró en este punto, otro de los motivos del acampe es la falta de alimentos en los comedores populares, donde la mercadería de Desarrollo Social llega con demoras y graves faltantes.
Los argumentos de la Unidad Piquetera tuvieron el apoyo de la Corriente Clasista y Combativa, que integra la UTEP. Su principal referente, el diputado Juan Carlos Alderete, contó que efectivamente en El Impenetrable, donde no hay internet, tienen 1900 titulares del Potenciar que no pudieron hacer la validación. “El mes pasado los dejaron sin cobrar”. Alderete añadió que el sábado se cruzó en una actividad oficial con Tolosa Paz y le advirtió que, a pesar de los reclamos, el problema continuaba. Se llevó el compromiso de que esos Potenciar serán acreditados antes de que termine el mes.
Sin embargo, el dirigente respaldó las críticas hechas por la UP. “El ministerio no tuvo en cuenta que hay comunidades originarias y localidades que no tienen conectividad”, consideró, y cuestionó que el empeño en revisar los planes sociales, que representan 1 punto del PBI, no sea el mismo para revisar “los subsidios a las empresas, que son de 6 o 7 puntos” del Producto Bruto Interno.
”Nosotros estamos de acuerdo en que se controle, pero también tenemos que decir que los controles deberían ser para todos, no sólo para los pobres: mientras a los de abajo les sacan el secreto bancario, no hacen lo mismo con los que fugan la plata o tienen millonarios negocios con el Estado”.
