El Gobierno nacional autorizó este martes el procedimiento para la privatización total de Intercargo, la empresa estatal, constituida en 1961, que presta sus servicios a la mayoría de las aerolíneas comerciales que operan en 21 aeropuertos a través de equipos propios y/o de propiedad de Aerolíneas Argentinas.
Así quedó establecido en el Decreto 198/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Con esta medida, se dio otro paso sobre la compañía que está en la mira del Gobierno desde fines del año pasado durante un paro en Aeroparque y Ezeiza. Este episodio, en el que miles de pasajeros se vieron afectados por la cancelación de vuelos debido a una medida de fuerza gremial, generó un enfrentamiento con la administración libertaria que derivó en la desregulación de las funciones de Intercargo, en noviembre del 2024.
Con la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, el Ministerio conducido por Caputo deberá concretar “la venta del 100 de las acciones de Intercargo mediante el procedimiento de licitación pública de alcance nacional e internacional”.
También tendrá la tarea de ejecutar “la rescisión por mutuo acuerdo del contrato de concesión vigente celebrado entre el Estado Nacional” y la empresa, “para la explotación con carácter exclusivo del Servicio Único de Atención en tierra a aeronaves (RAMPA), previo al perfeccionamiento de la venta de las acciones”.
“En la modalidad y el procedimiento referidos no se prevé el otorgamiento de las preferencias a las que refiere el artículo 16 de la Ley N° 23.696 y sus modificatorias, como tampoco la implementación de un Programa de Propiedad Participada”, aclaró la normativa.
En paralelo, se fijó que “el Ministerio de Economía, en su carácter de Autoridad de Aplicación, debe adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar que la modalidad de privatización aquí dispuesta no afecte la continuidad de la prestación del servicio aeroportuario o de rampa, asegurando la conectividad nacional e internacional”.
Pese a su participación en el mercado, recuerda el documento, durante el período 2020-2023 requirió la asistencia del Estado por aproximadamente el valor nominal de $6.700.000.000, con el fin de cubrir las necesidades financieras y operar en cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad exigibles. (DIB)
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Fuente: dib.com.ar
