Familiares de las víctimas y sobrevivientes de Cuatrerismo/Puente 12 y El Banco repudiaron un acto de la gobernación bonaerense en el que se entregaron patrulleros a la Policía provincial y se inauguraron dormitorios para efectivos instalados en el predio donde funcionaron aquellos centros clandestinos de detención de la dictadura. También reclamaron el cumplimiento de varias órdenes judiciales que instan a la desafectación del lugar donde, además de suceder secuestros y torturas, también se incineraron cuerpos de detenides desaparecidos. La Comisión Provincial por la Memoria acompañó el reclamo con una carta al gobernador Axel Kicillof y al secretario nacional de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, en la que expresa “profunda preocupación ante la situación de desamparo y vulnerabilidad" del lugar.
“Exigimos una explicación y una disculpa pública”, sostuvieron en el documento que, a través de la Comisión Vesubio/Puente 12 y Mesa por la Memoria La Matanza, presentaron familiares de víctimas y sobrevivientes de los centros clandestinos que funcionaron en el terreno ubicado a metros de la Autopista Ricchieri al Tribunal Oral Federal 6 –que desarrolla el tercer juicio por los crímenes de lesa humanidad de Puente 12– y al Juzgado Federal 3, a cargo de Daniel Rafecas, que instruye la causa que sigue indagando sobre los crímenes de lesa humanidad allí cometidos.
El uso y abuso de parte de la Policía bonaerense del predio en donde funcionaron los campos de concentración Puente 12/Cuatrerismo y El Banco no es una novedad para les militantes de la memoria, así como tampoco son nuevos los pedidos para que la Justicia actúe en consecuencia. Sin embargo, el acto institucional que protagonizaron Kicillof, el ministro de Seguridad
bonaerense, Sergio Berni, y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, el pasado 7 de julio generó nuevos reclamos. En ese acto se anunció la incorporación de 90 patrulleros para la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la fuerza policial –fundada durante la gobernación de María Eugenia Vidal– y la inauguración de nuevas instalaciones en el Centro de Coordinación Estratégico de la Policía provincial, que funciona justo donde, en años de terrorismo de Estado, represores de la Bonaerense, las patotas de Inteligencia de la Policía Federal y el Ejército secuestraron, torturaron e incineraron gente.
“Recurriremos, si es necesario, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar esta situación”, advirtieron en el documento que destinaron a representantes de la Justicia.
La Comisión Provincial por la Memoria sumó su respaldo al reclamo y consideró “inadmisible que en el predio funcione la UTOI”, cuyo “continuo crecimiento viene teniendo un profundo impacto negativo sobre el lugar”. También apuntó que “la presencia en este acto de los máximos responsables de la gestión provincial y municipal reviste aún mayor gravedad ya que ponen de manifiesto el desconocimiento sobre la importancia que este predio tiene en materia de memoria y derechos humanos”.
“Los 90 móviles policiales estarán estacionados en un playón en el que cementaron el sector de las capachas, los puntos en donde se confirmó que hubo incineramiento de cuerpos”, describió Alejandra Cravello, hija de una de las víctimas de Puente 12. En tanto, los nuevos dormitorios para 2700 efectivos fueron construidos en parte del terreno donde funcionó ese campo de concentración. “Por lo que dijeron las autoridades, lo van a ampliar a 8 mil. Es incompatible una fuerza de élite como es la UTOI con la preservación de un sitio de memoria”, advirtió Cravello. “Se está destruyendo prueba judicial que es valiosa”, añadió.
“Esta actividad, irrespetuosa con la Memoria, nos merece el más enérgico repudio; un repudio que viene del dolor por nuestros compañeros y compañeras asesinados en ese lugar”, apuntaron en el documento en el que enumeraron las numerosas resoluciones emitidas por Rafecas para preservar el lugar, en el marco de la investigación por los crímenes de Primer Cuerpo del Ejército, así como el exhorto que el juez emitió en 2022 a autoridades bonaerenses para que se desafecte el predio, medida que ratificó en junio pasado.
En diálogo con este diario, Cravello contextualizó la situación: “En septiembre de 2021 vimos que el lugar en donde funcionó Puente 12 estaba siendo modificado, que se estaban haciendo obras y que no se estaba respetando la orden de no innovar. Desde entonces hemos hecho incansables denuncias porque las obras no pararon ni se respetaron los requerimientos que hizo el juez Rafecas”, sostuvo y añadió que “lo que pasó el viernes 7 pasó un límite porque en lugar de echar frenar las modificaciones, las obras se inauguraron oficialmente en un acto casi de campaña”.
Tras las presentaciones realizadas por el abogado de familiares y sobrevivientes, tanto el TOF 6 como el Juzgado Federal 3 apuraron respuestas. Por un lado el tribunal dirigido por el juez Daniel Obligado ordenó que se informara de las medidas de no innovar así como las órdenes de desafectación del predio emitidas por Rafecas al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, así como a la Superintendencia de Fuerzas de Operaciones Especiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a la Subsecretaría de Derechos Humanos provincial. Referentes de las últimas dos participaron hace algunas semanas de la reposición del cartel que señaliza el predio como sitio de memoria, y que está ubicado por fuera del perímetro del predio. En tanto, Rafecas recordó sus resoluciones y solicitó al Tribunal Oral Federal 2 –que lleva a cabo el juicio ABO V– registros audiovisuales de su más reciente inspección ocular al predio donde funcionó El Banco.
—
Familiares de las víctimas y sobrevivientes de Cuatrerismo/Puente 12 y El Banco repudiaron un acto en el que el gobernador Axel Kicillof, el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, entregaron patrulleros a la Policía provincial e inauguraron dormitorios para efectivos instalados en el predio donde funcionaron aquellos centros clandestinos de detención. Además, reclamaron el cumplimiento de varias órdenes judiciales que instan a la desafectación del territorio en donde, además de suceder secuestros y torturas, también se incineraron cuerpos de detenides desaparecidos durante la última dictadura cívico militar. La Comisión Provincial por la Memoria acompañó el reclamo con una carta al gobernador Axel Kicillof y al secretario nacional de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, en la que expresa “profunda preocupación ante la situación de desamparo y vulnerabilidad en la que se encuentra” el lugar.
“Exigimos en primer lugar una explicación y una disculpa pública”, sostuvieron en el documento que, a través de la Comisión Vesubio/Puente 12 y Mesa por la Memoria La Matanza, presentaron familiares de víctimas y sobrevivientes de los centros clandestinos que funcionaron en el terreno ubicado a metros de la Autopista Ricchieri al Tribunal Oral Federal 6 –que desarrolla el tercer juicio por los crímenes de lesa humanidad de Puente 12– y al Juzgado Federal 3, a cargo de Daniel Rafecas, que instruye la causa que sigue indagando sobre los crímenes de lesa humanidad allí cometidos.
El uso y abuso de parte de la Policía bonaerense del predio en donde funcionaron los campos de concentración Puente 12/Cuatrerismo y El Banco no es una novedad para les militantes de la memoria, así como tampoco son nuevos los pedidos para que la Justicia actúe en consecuencia. Sin embargo, el acto institucional que protagonizaron Kicillof, Berni y Espinoza el viernes 7 de julio fue la gota que rebalsó el vaso. Entonces, los funcionarios celebraron la incorporación de 90 patrulleros para la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la fuerza policial provincial –fundada durante la gobernación cambiemita de María Eugenia Vidal– y la inauguración de nuevas instalaciones en el Centro de Coordinación Estratégico de la Policía Bonaerense que funciona justo donde, en años de terrorismo de Estado, represores de la Policía bonaerense, las patotas de Inteligencia de la Federal y el Ejército secuestraron, torturaron e incineraron gente.
“Recurriremos, si es necesario, a la Corte Interamericana de los DDHH para denunciar esta situación que los tendría que llenar de vergüenza”, advirtieron en el documento que destinaron a representantes de la Justicia. Días después, sumó su respaldo al reclamo y repudio la CPM, que a través de una carta destinada al gobernador Kicillof y a Pietragalla, consideró “inadmisible que en el predio funcione la UTOI” cuyo “continuo crecimiento viene teniendo un profundo impacto negativo sobre el lugar”, así como “especialmente preocupante” el acto proselitista que desarrollaron allí autoridades provinciales y municipales. “La presencia en este acto de los máximos responsables de la gestión provincial y municipal revisten aún mayor gravedad ya que ponen de manifiesto el desconocimiento sobre la importancia que este predio tiene en materia de memoria y derechos humanos”, advirtió el organismo de derechos humanos bonaerense.
La actividad fue publicitada por las redes sociales del gobierno provincial y la bronca de familiares y sobrevivientes de la última dictadura difundida primeramente por el medio autogestivo La Retaguardia. “Los 90 móviles policiales estarán estacionados en un playón en el que cementaron el sector de las capachas –los puntos en donde se confirmó que hubo incineramiento de cuerpos–”, describió Alejandra Cravello, hija de una de las víctimas de Puente 12. En tanto, los nuevos dormitorios para 2700 efectivos fueron construidos en parte del territorio en donde funcionó ese campo de concentración. “Por lo que dijeron las autoridades en el acto del viernes lo van a ampliar a 8 mil. Es incompatible una fuerza de élite como es la UTOI de la policía bonaerense con la preservación de un sitio de memoria”, advirtió Cravello. “Se está destruyendo prueba judicial que es valiosa”, añadió.
“Esta actividad, irrespetuosa con la Memoria, nos merece el más enérgico repudio; un repudio que viene del dolor por nuestros compañeros y compañeras asesinados en ese lugar”, apuntaron en el documento en el que enumeraron las numerosas resoluciones emitidas por Rafecas para preservar el lugar, en el marco de la investigación por los crímenes de Primer Cuerpo del Ejército, así como el exhorto que el juez emitió en 2022 a autoridades bonaerenses para que se desafecte el predio, medida ratificó en junio pasado.
En diálogo con este diario, Cravello contextualizó la situación: “En septiembre de 2021 vimos que el lugar en donde funcionó Puente 12 estaba siendo modificado, que se estaban haciendo obras y que no se estaba respetando la orden de no innovar. Desde entonces hemos hecho incansables denuncias porque las obras no pararon ni se respetaron los requerimientos que hizo el juez Rafecas”, sostuvo y añadió que “lo que pasó el viernes pasado pasó un límite porque en lugar de echar frenar las modificaciones, las obras se inauguraron oficialmente en un acto casi de campaña”.
Tras las presentaciones realizadas por el abogado de familiares y sobrevivientes, tanto el TOF 6 como el juzgado federal 3 apuraron respuestas. Por un lado el tribunal dirigido por el juez Daniel Obligado, ordenó que se informara de las medidas de no innovar así como las órdenes de desafectación del predio emitidas por Rafecas al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, así como a la Superintendencia de Fuerzas de Operaciones Especiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Referentes de las últimas dos participaron hace algunas semanas de la reposición del cartel que señaliza el predio como sitio de memoria, y que está ubicado por fuera del perímetro del predio. En tanto, Rafecas el viernes mismo recordó sus resoluciones y solicitó al Tribunal Oral Federal 2 –que lleva a cabo el juicio ABO V– registros audiovisuales de su más reciente inspección ocular al predio donde funcionó El Banco.
Contenido original de pagina12.com.ar
