La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó los procesamientos de las 17 personas imputadas por el incendio del depósito de la firma estadounidense Iron Mountain, ocurrido en febrero de 2014, en el que nueve bomberos y un rescatista de Defensa Civil perdieron la vida. También revocó los sobreseimientos de tres de los involucrados.
Con los votos a favor de Ignacio Rodríguez Varela, Ricardo Matías Pinto, y el voto en disidencia de Magdalena Laiño Dondíz, la Cámara ratificó los procesamientos de los 17 imputados por el siniestro en el galpón de Iron Mountain –encargada de resguardar información sensible de empresas–, que provocó la muerte de seis bomberos de la Policía, dos bomberos voluntarios y dos rescatistas.
Hay 12 funcionarios porteños procesados, entre ellos, la exdirectora general de Fiscalización y Control de la Ciudad, Vanesa Berkowski, quien además ya había sido procesada por el derrumbe del boliche Beara ocurrido en septiembre de 2010. También del mismo organismo, Rafael Roldán y Pedro Chapar.
Al igual que el entonces jefe del Departamento de Actividades Generales Críticas, Luis Cogo; el exdirector de Industrias y Otros Locales, Roberto Chiesa; y la exjefa del Departamento de Programación Operativa, Silvia Hers.
Los camaristas además ratificaron el procesamiento de Gastón Laugle y Esther Moroni, responsables en ese momento de la Dirección de Administración y Gestión Operativa. Y de los inspectores Alberto Graciani, Ricardo Grunfeld, Félix Lugo y Jorge Papanicolau.
De la firma Iron Mountain están procesados los directivos Christian Castiñeiras, Héctor García, Guillermo Lockhart y Eduardo Sueyras Parra, sobre quienes pesa un embargo por 20 millones de pesos cada uno; y Oscar Godoy de la empresa Segurplus, quien era responsable de vigilar el depósito cuando ocurrió el incendio.
Los jueces además revocaron el sobreseimiento de un funcionario de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHyP) del GCBA, procesándolo por el delito de "incendio culposo seguido de muerte en concurso ideal con el delito de lesiones culposas"; y dictaron la falta de mérito del inspector de la División Prevención de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina (SFBPFA) y del gerente de Operaciones de Iron Mountain.
En las audiencias intervinieron la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°37, Romina Monteleone, y Joaquín Gaset, a cargo de la Fiscalía General N°1 ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
El caso
El 5 de febrero de 2014, alrededor de las 8, comenzaron a arder dos sectores del galpón que la firma Iron Mountain tenía en la calle Azara 1245 del barrio porteño de Barracas. El fuego se propagó rápidamente provocando que la estructura metálica que sostenía el techo del depósito comenzara a ceder ante las altas temperaturas.
Pasadas las 9, la pared que daba a la calle Gaspar Melchor de Jovellanos se derrumbó y provocó la muerte de un grupo de rescatistas. Entre las víctimas se encontraba la primera mujer bombero de la Policía Federal, Anahí Garnica, y sus compañeros Damián Véliz, Eduardo Conesa, Juan Monticelli y Maximiliano Martínez, todos del Cuartel I de Bomberos; José Luis Méndez, del cuartel de Villa Domínico; Leonado Day, jefe de Departamento Zona I de la Superintendencia Federal Bomberos; Pedro Baricola, de Defensa Civil de la Ciudad, y los bomberos voluntarios de Vuleta de Rocha, Sebastián Campos y Facundo Ambrosi.
Además resultaron gravemente heridos los bomberos Daniel Díaz Gauna, Juan Manuel López Gaggiotti.
El 28 de abril de 2014, personal de la Guardia de Auxilio y Emergencias de la Ciudad comenzó a desmantelar los escombros del depósito. Estos peritajes demoraron varios meses porque se realizaron "por capas".
En sus informes, presentados casi un año después, los peritos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) concluyeron que "el incendio podría haber sido intencional".
Tras el estudio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) –entregado a mediados de 2016–, se efectuó una inspección ocular en las ruinas del predio.
El 2 de febrero de 2017, la fiscal Romina Monteleone había solicitado al titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°18, Pablo Ormaechea, la indagatoria de las entonces 32 personas imputadas, que comenzaron en mayo de ese año.
Luego de más de cuatro años del siniestro, el 5 de marzo de 2018, el juez Ormaechea dictó el primer fallo de la causa, procesando a 12 funcionarios porteños, a cuatro directivos de la firma estadounidense y a un empleado de seguridad.
Informe: Karla Góngora
