El Gobierno promulgó este martes la ley de moratoria previsional que había sido sancionada por el Congreso a fines de febrero, la misma prevé asistir a cerca de 800.000 personas en edad jubilatoria y a otras 900.000 en edad prejubilatoria para que puedan acceder a un haber digno pese a no contar con los 30 años de aportes requeridos. La promulgación se hizo esperar y llegó justo un día después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtiera en su comunicado de revisión de metas sobre los costos fiscales de la misma. En respuesta a ese comunicado, la agrupación La Cámpora emitió otro, el mismo lunes, desafiando al FMI.
La promulgación de la moratoria se hizo esperar pues pasaron dos semanas desde su sanción hasta la publicación en el Boletín Oficial. La ley 27.705 deberá ser ahora reglamentada por Anses, en coordinación con el ministerio de Economía aclaran los expertos. El interrogante que se abre es cuánto pesará la advertencia del FMI a la hora de establecer la letra chica del Plan de Pago de Deuda Previsional y si este acabará beneficiando a la cantidad de personas que se proponía o a menos.
Esa cifra determinará el “costo fiscal” de la moratoria que supervisará el FMI. En su comunicado del día lunes el organismo indicó que “se tomarán medidas tempranas y decididas para abordar de manera sostenible los costos fiscales de la aprobación imprevista de la moratoria de pensiones para asegurar los objetivos fiscales para este año y los próximos”.
El FMI aseguró que esas medidas serán tomadas, por el ministerio de Economía. Habló de “aprobación imprevista”, cuando la moratoria estaba incluída en el Presupuesto 2023 que aprobaron oficialistas y opositores, y no alteró en un ápice la meta de 1,9 por ciento del PBI de déficit fiscal para este año. El Fondo se endureció y de allí la respuesta en un comunicado de La Cámpora.
Justicia social financiada
“El tema debe abordarse pensando que es una ley de estricta justicia: permitir que quienes llegan a la edad jubilatoria puedan acceder al haber mínimo, lo cual le da total prioridad junto con otros gastos sociales que se deben realizar”, sostiene Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara de Diputados, quien defendió firmemente el proyecto en el recinto frente al voto negativo de Juntos por el Cambio y los bloques libertarios. Hubieron 107 votos en contra y 134 a favor.
Puntualmente sobre el financiamiento de esta medida Heller aclara que “el cálculo del costo potencial realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de 0,42 por ciento del PIB se refiere a los dos primeros años de implementación, es del 0,27 por ciento del PBI para el 2023 y 0,15 para el 2024, con lo cual no debería generar grandes preocupaciones por el balance fiscal”. Además recalca la novedosa característica del proyecto que permite adelantar el pago de cuotas atrasadas a los trabajadores en actividad, lo cual es “favorable para los beneficiarios/as puesto que se le descontarán menos cuotas cuando comience a percibir el haber y para el Fisco porque reduce los costos”.
Juan Carlos Díaz Roig es experto en política previsional y fue presidente de la comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de diputados durante 12 años de gobierno kirchnerista, y enfatiza también que la jubilación no es un mero gasto fiscal sino “un derecho humano esencial: el derecho a la vejez digna” y es por tanto una cobertura que debe garantizar el Estado. Cuando se discuten cuestiones técnicas sobre su financiamiento debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que la incorporación de 1,7 millones de jubilados al sistema implicará “más consumo, más actividad y más empleo, y por consiguiente mayores aportes patronales y recaudación de impuestos” que a su vez financiarán a la seguridad social, sostiene Roig.
El sistema de seguridad social hoy se financia en un 25 por ciento con aportes de las y los beneficiarios, otro 25 con contribuciones patronales y el 50 por ciento restante a través de impuestos. Pero el FMI tiene una mirada basada únicamente en la lógica de la capitalización, en donde “todo debería ser aportes y contribuciones” aunque esa no sea la realidad de Argentina ni de ningún otro país del mundo. Los cambios dados por el envejecimiento poblacional y la flexibilidad laboral llevaron a que “la proporción de trabajadores activos por cada pasivo pasara de 4 a 1,5”, afirma el experto: la discusión que debería plantearse es cómo aumentar la recaudación impositiva.
En igual sintonía el especialista Facundo Fernández Pastor sostiene que “las desgravaciones en ganancias y rebajas de aportes patronales han desfinanciado al sistema de seguridad social, no las moratorias” y advierte sobre los planes de un eventual nuevo gobierno en manos de la oposición. “Cuando Macri asumió como presidente, el impuesto a los Bienes Personales era de asignación específica a la seguridad social pero ellos quitaron esa denominación y además dispusieron asignarle el 0,25 por ciento de lo recaudado en lugar del 1,5: eso fue la llamada reparación histórica, ellos hacen insustentable al sistema”, asegura. {
En vez de achicar el sistema de seguridad social debería aumentar la recaudación en impuestos progresivos. Pero “Macri elogió los modelos de Chile, Perú y Colombia basados en aportes: en Chile un haber representa el 18 por ciento de los ingresos de las y los trabajadores y en Perú y Colombia, el 20 por ciento, lo demás se cubre por un sistema de capitalización”, aclara Fernández Pastor. Un modelo claramente más regresivo.
