La resolución que firmó el ministro Gabriel Katopodis se publicó este viernes. Coopelectric declaró su intención de recurrir a la Justicia. La emergencia energética y la Revisión Tarifaria Integral.
A fines de agosto de 2024 Coopelectric le pidió al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires que disponga la actualización de tarifas eléctricas a fin de hacer frente a la deuda que le reclamaba CAMMESA y, en caso de ser necesario, que asista económicamente a las cooperativas para afrontar los pagos.
La semana pasada, la Provincia respondió con el rechazo a tal solicitud a través de la resolución 1.331/24 que firmó el ministro Gabriel Katopodis. La cooperativa de Olavarría dejó expresada en su presentación la intención de recurrir a la Justicia.
Mientras Coopelectric definió el panorama como de “estrangulamiento financiero”, la postura que mostró la Provincia de Buenos Aires, autoridad de aplicación de la regulación del servicio eléctrico, fue de desentenderse de la situación de mora en los pagos: “la deuda mantenida por las empresas Distribuidoras y CAMMESA es un conflicto derivado de una relación entre privados donde la Provincia de Buenos Aires resulta un tercero” sostuvo la cartera de Infraestructura.
Cabe recordar que en octubre, CAMMESA, la empresa mayorista de energía eléctrica, anunció que avanzaría con intervenciones judiciales en una decena de cooperativas eléctricas a fin de cobrar sus deudas, y allí se mencionó a la distribuidora local. En ese marco, el gerente de Coordinación Ejecutiva de Coopelectric, Oscar López, había dejado en claro que para la cooperativa “la deuda con CAMMESA es impagable mientras con la tarifa no se le pueda hacer frente”.
La intervención de la Justicia no se materializó en Olavarría y pocas semanas después de aquel anuncio se informó en medios especializados que la empresa había firmado un acuerdo con una federación de cooperativas para ofrecer un plan de pago a las deudoras. Oportunamente se consultó a Coopelectric desde donde se respondió que desconocían tal posibilidad de acuerdo.
El planteo de Coopelectric
El 29 de agosto la cooperativa de Olavarría recurrió al Ministerio de Infraestructura provincial a fin de que “lleve a cabo las acciones necesarias para que proceda al cálculo definitivo de las tarifas a aplicar por parte de los concesionarios provinciales y municipales de servicios de electricidad en la provincia, finalizando la revisión tarifaria integral (RTI) a la mayor brevedad”.
La revisión tarifaria integral quedó suspendida en la Provincia a partir de las derivaciones de los decretos de emergencia por la pandemia hasta el 31 de marzo de 2025, aunque cabe señalar que en octubre pasado -más de un mes después de la presentación de Coopelectric- se retomó el estudio del tema.
El objetivo planteado fue que “se proceda a la actualización de los cuadros tarifarios de transición” contemplando distintos aspectos, entre ellos “los costos de adquisición y transporte de la electricidad a través del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)” y “las deudas que CAMMESA viene reclamando a las distribuidoras en virtud de la imposibilidad de afrontar el pago del cien por ciento de las facturas emitidas por ésta, a raíz de la situación financiera y económica generada por el congelamiento de tarifas oportunamente dispuesto por la provincia”. Como fin último del reclamo administrativo, se apuntó a “la finalidad de mantener la sustentabilidad del servicio público”.
Coopelectric le pidió a la Provincia que “se prevea un mecanismo de actualización de los cuadros tarifarios de transición que permita que esas tarifas acompañen las sucesivas variaciones de los costos de adquisición, transporte y distribución de energía”.
Y también le pidió que desde la Gobernación se “coordine formal y efectivamente con la autoridad nacional y con CAMMESA, las acciones necesarias para resolver los reclamos que ésta viene efectuando a las distribuidoras provinciales y municipales, y – en su caso- se nos asista económicamente para ello”.
Coopelectric argumentó que el marco regulatorio establece que entre los criterios a utilizar para fijar tarifas está contemplar “los costos de adquisición de la electricidad, de transporte y su expansión, y los costos propios de distribución” y que la normativa contempla la “sustentabilidad” de la prestación del servicio. Así se señaló que a partir de la declaración de emergencia en 2020 las tarifas aprobadas “no reflejaron jamás la totalidad de los costos, ni los ingresos necesarios para que las distribuidoras pudiesen cumplir con los respectivos contratos de concesión de manera ininterrumpida y a una determinada calidad”.
“El estrangulamiento financiero al que las distribuidoras fueron sometidas se transformó en un problema mucho más grave de naturaleza económica, y la ecuación contractual de la concesión quedó completamente alterada en términos de los derechos y obligaciones que del contrato emergen” cuestionó la cooperativa de Olavarría.
Afirmó que “todo esto se evidencia en el paulatino incremento del endeudamiento de las distribuidoras con CAMMESA por compra de energía eléctrica-situación que afecta a nuestro mandante- por el cual dicha compañía administradora del MEM reclama actualmente el pago de sumas exorbitantes de dinero”.
En el último punto de la presentación, Coopelectric advirtió que el reclamo “ante la autoridad competente es un requisito de admisibilidad de la pretensión en el proceso contencioso administrativo”.
Rechazo con acciones
El Ministerio de Infraestructura respondió negativamente a los planteos a través de la resolución 1.331/24 fechada el 23 de diciembre y publicada este viernes. Se subrayó que la regulación está en “Etapa de Transición”, que se otorgaron aumentos del Valor Agregado de Distribución (VAD) y que se trasladaron todos los precios mayoristas a las tarifas provinciales.
El primer argumento expuesto para el rechazo fue que Coopelectric no recurrió ninguno de los decretos y resoluciones que dispusieron el freno a la revisión tarifaria integral y sus sucesivas actualizaciones. Además, se informó que mediante una resolución del 14 de octubre se dispuso reiniciar “el proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI) para el servicio público de distribución de energía eléctrica” en la Provincia. Subsidiariamente se realizará un “reanálisis de los parámetros de distribución del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias”, mecanismo que busca cubrir diferencias por área de prestación entre el costo y la remuneración prevista en las tarifas.
Además, se resaltó que el Ministerio de Infraestructura en ha trasladado sin cambios “los precios de la energía, la potencia y/o el transporte que aprueba en cada oportunidad la Secretaria de Energía de la Nación”. Se añadió que desde 2022 a 2024 “se aprobaron aumentos transitorios del Valor Agregado de Distribución (VAD) a trasladar a los usuarios, morigerados en virtud de la etapa de transición tarifaria vigente”. Finalmente se indicó que se asignó un “subsidio de carácter extraordinario” a todas las distribuidoras eléctricas en 2021 y en 2022 para “necesidades de mantenimiento e inversión”.
Respecto del pedido de que la Provincia coordine con CAMMESA, la Gobernación respondió que propició “actas acuerdo” para regularización de deudas y que Coopelectric quedó incluida. “En dichas Actas Acuerdo las distribuidoras municipales asumieron compromisos de pago de deuda para con CAMMESA”. En ese punto, la Provincia sostuvo que “es un conflicto derivado de una relación entre privados” y que “los Distribuidores deberían dar cumplimiento a sus obligaciones con CAMMESA, en tanto la provincia resulta un tercero ajeno en ese acuerdo de pago, más aún cuando los precios mayoristas fueron oportuna y debidamente trasladados a cuadros tarifarios”.
En paralelo, la Gobernación declaró que “advierte que las cooperativas eléctricas representan al capital social desconcentrado más importante del interior de la provincia de Buenos Aires” y la importancia del alcance de sus servicios con lo que la Subsecretaría de Energía bonaerense emitió comunicaciones a la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación y a CAMMESA para que “se genere una mesa de diálogo como instancia conciliatoria tendiente a resolver de modo armónico” los problemas de la cooperativas.
Con la extensa argumentación expuesta, el Ministerio rechazó el pedido de Coopelectric.
Fuente: cdnoticias.com
