Morales se carga al hombro la campaña

En Jujuy no hay PASO ni tampoco, por ahora, procesos de elecciones internas partidarias. Por lo tanto, las candidaturas para cubrir los más de 300 cargos que se ponen en juego, se definen por ests horas, a través de negociaciones en el seno de cada espacio.

Simultáneamente con los cargos provinciales, el 7 de mayo se van a elegir convencionales constituyentes que debatirán luego el proyecto de reforma parcial de la Constitución provincial propuesto por Gerardo Morales y aprobado por la Legislatura en una sesión para el escándalo, en la que levantó la mano un diputado peronista para darle al oficialismo el número que necesitaba.

En principio, el plan oficial consistía en convocar a elección de convencionales en diciembre. Sin embargo, las numerosas críticas que recibió el proyecto y, sobre todo, los resultados adversos en las encuestas hicieron que el tema se dejara para más adelante.

En su momento esta postergación fue interpretada como un traspié de Morales e incluso algunos dijeron que se trató de un “triunfo del pueblo jujeño”. Pero la unificación de las elecciones provinciales con las constituyentes le dan al radical una ventaja. Ante la falta de candidatos atractivos, potentes y con peso propio, él mismo va a encabezar la lista de convencionales para, de ese modo, traccionar a quien termine siendo el elegido para sucederlo.

Los nombres que aparecen como posibles candidatos radicales a la gobernación son los del actual ministro de Hacienda, Carlos Sadir, y su par de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García. Este último fue, hasta 2019, embajador argentino en Bolivia, y está imputado por la justicia de ese país en el marco de la causa que investiga el golpe de Estado contra Evo Morales de noviembre de ese año. Otra figura que se menciona en las encuestas es la de Natalia Sarapura, actual ministra de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas.

Mientras tanto, algunos intendentes oficialistas protestan por lo bajo ya ue no son tenidos en cuenta para correr la carrera a la gobernación. Es el caso de Julio Bravo, de San Pedro de Jujuy, y Raúl Jorge, de San Salvador de Jujuy, quien además carga sobre sus hombros con el peso de estar imputado en la denominada Megacausa, que involucra al exgobernador Eduardo Fellner y a Milagro Sala, además de otros exfuncionarios y jefes comunales.

Por el lado de la oposición, el mapa es aún algo incierto. Plagado de conversaciones y ofertas de candidaturas, el peronismo en Jujuy está representado por dos grandes territorios. Por un lado, está el Partido Justicialista, que preside el empresario Rubén Rivarola, propietario del diario El Tribuno de Jujuy, quien no niega ni confirma que vaya a postularse para la gobernación mientras busca al mejor candidato -o candidata- para la intendencia de la capital. Se trata de un distrito históricamente adverso al peronismo, por lo que los tentados por el jefe partidario tienen más dudas que entusiasmo.

Por otro lado, en los últimos meses se terminó de conformar el Frente Unidos por Jujuy, un amplio espacio integrado por una treintena de partidos provinciales, sindicatos y organizaciones sociales que se enfrentan tanto a Morales como a la conducción partidaria de Rivarola. Planteado como la verdadera oposición -ante la indudable sociedad política entre los dos líderes del bipartidismo- este frente incluye además a comunidades originarias, empresarios pymes y pequeños comerciantes, centros vecinales y otras expresiones no identificadas partidariamente.

Entre muchos otros participan referentes de organizaciones como la Tupac Amaru, Nuestramérica, Barrios de Pie, la CCC, el MTE, y también organismos de DDHH, colectivos feministas y agrupaciones de periodistas.

Allí están también cinco legisladores y legisladoras provinciales que responden a Juntos por Jujuy, el partido provincial del senador nacional Guillermo Snopek, quien impulsó en 2020 un proyecto de intervención federal al Poder Judicial de Jujuy que llegó a la Comisión de Asuntos Institucionales de la Cámara alta perdiendo estado parlamentario cuando devino la pandemia.

En tanto, el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), que en las elecciones de 2021 ubicó al diputado nacional Alejandro Vilca, buscará este año obtener alguna banca en la Legislatura provincial, donde en 2017 había logrado cuatro puestos que no pudo renovar en la siguiente elección.

La reforma constitucional

Morales anunció su proyecto de reforma constitucional el 3 de septiembre pasado. Lo hizo en un acto en la explanada de la Casa de Gobierno, con atril y power point, donde aseguró que su objetivo era “la institucionalización de la paz social, establecer nuevos derechos y garantías, y replantear aspectos del sistema político y de la Justicia”.

En la ocasión aclaró con énfasis: “Proponemos que la cláusula constitucional referida al mandato del Gobernador y Vicegobernador no se modifique, por tanto no se habilitará un tercer mandato”.

Sostuvo también que su intención es ser candidato a presidente para “seguir aportando desde otro lugar para dar continuidad a la generación de hitos para el pueblo argentino, mi querida provincia de Jujuy y su pueblo”.

Sin embargo, la posibilidad de un tercer mandato quedaba abierta a partir de una sencilla interpretación: si se empieza a contar desde la puesta en vigencia de la nueva Constitución, entonces los dos períodos de Morales (2015-2019 y 2019-2023) quedarían afuera.

Entre los cambios propuestos para la Carta Magna provincial que despertaron mayores críticas están los referidos a lo que el gobernador llamó “institucionalización de la paz social”. En concreto, quiere que en la Constitución se explicite la prohibición de los cortes de ruta, de usurpaciones de espacios públicos y de la propiedad privada.

También impulsa que se reglamente el derecho a la protesta y habilitar la ejecución directa para el cobro de multas por contravenciones que afecten la paz social.

Estas propuestas en particular, señalan especialistas en derecho, son cláusulas que “nacen muertas”, puesto que se trata de cuestiones que ya están previstas y reguladas tanto en la Constitución Nacional como en el Código Penal de la Nación.

Sectores sindicales, organizaciones sociales y partidos de izquierda fueron los más enérgicos críticos al proyecto de reforma, al que calificaron de “dictatorial”, hecho “a espaldas del pueblo” y lesivo de los derechos ciudadanos consagrados por la Constitución Nacional.

El abogado constitucionalista santafesino Domingo Rondina lo describió como “pura demagogia jurídica” y advirtió que algunas cláusulas propuestas, como la de prohibir manifestaciones, “resultan totalmente inconstitucionales porque se oponen a derechos ya asegurados por la Constitución Nacional para todo el territorio”. Y agregó que “establecer el ‘derecho a la paz’ puede resultar simpático, pero no asegurará la PAZ. Si fuera tan fácil moldear la realidad con palabras, bien podría el constituyente imponer en un artículo la felicidad y prosperidad de todos los habitantes como un demiurgo jurídico”.

El peronismo local también expresó su rechazo a la iniciativa, aunque con algo menos de energía. Algunos referentes cuestionaron ciertos aspectos del proyecto o se limitaron a plantear que “no es el momento”. A la hora de votar en la Legislatura local, el PJ se opuso, aunque uno de sus diputados, Fernando Posadas, levantó la mano dándole así al oficialismo el voto que le faltaba. El legislador terminó expulsado del partido.

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