Todos los cronistas de la calle conocían al "Pelado" Américo Balbuena, un integrante del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal que estuvo infiltrado en la Agencia Rodolfo Walsh entre 2002 y 2013, cuando sus compañeros lo descubrieron y lo denunciaron. Tras un largo proceso judicial, Balbuena y dos de sus jefes llegaron al juicio oral y público que comienza este martes 14, acusados del delito de abuso de autoridad de funcionario público, como responsables de haber desarrollado tareas de inteligencia tendientes a obtener información sobre integrantes de distintas organizaciones, en infracción a la ley de Inteligencia, valiéndose del rol de periodista infiltrado en ese medio de comunicación popular. La investigación en la justicia federal fue iniciada hace una década por la diputada Myriam Bregman y los abogados Matías Aufieri y Liliana Mazea (CeProDH), con el acompañamiento de las organizaciones que integran el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVJ). El proceso está en manos del juez federal Daniel Rafecas, serán tres audiencias y la sentencia se conocería el 16.
Los dos jefes imputados son Alejandro Sánchez y Alfonso Ustares, pertenecientes a la División Análisis de Seguridad Interior de la Policía Federal, pantalla del Cuerpo de Informaciones, cuyos agentes secretos también son conocidos como “los plumas” dentro de la comunidad de inteligencia. Uno de ellos José Alberto "Iosi" Pérez, infiltrado 15 años en la comunidad judía.
Balbuena se infiltró en la Agencia Walsh en 2002, tras reencontrarse en la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos (ETER), con su amigo de la infancia, Rodolfo Grinberg. Había intentado sin éxito hacerlo en otros medios similares, militantes, comunitarios. A partir de entonces, el "Pelado" era el primero en llegar y el último en irse de cada movilización, protesta, denuncia, conferencia de prensa y acciones de lucha que se convocaban desde distintas organizaciones populares, buscando conseguir la mayor cantidad de información sobre decisiones, opiniones políticas, planes de acción y dirigentes.
Christian Castillo, Vilma Ripoll, Juan Carlos Giordano, Néstor Pitrola, Claudio Dellecarbonara -delegado del subte línea B- y los referentes de derechos humanos como Carlos “Sueco” Lordkipanidse, Diana Kordon, Graciela Rosemblum de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y Cachito Fukman de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, así como Grinberg y Oscar Castelnuovo fueron quienes se presentaron en 2013 como denunciantes de Balbuena y sus superiores.
En diciembre de 2018 Balbuena prestó declaración indagatoria ante el juez federal Sergio Torres, negó ser agente de inteligencia, dijo haberse retirado de la Federal en 2014, gracias a lo cual cobraba 60 mil pesos de jubilación. "La actividad que realizaba era un hobby personal, sin ninguna relación laboral, no había ningún ida y vuelta en cuanto a remuneraciones ni nada, y lo hacía fuera de horario de servicio y sin interferir con el mismo", dijo en su indagatoria. Sin embargo, afirmó que sus superiores estaban al tanto de esta actividad.
Una de las pruebas fue el hallazgo de fichas de militantes políticos que contenían el perfil, antecedentes, pertenencia partidaria y otros datos similares, surgidos en el allanamiento que se realizó en el Cuerpo de Informaciones, que operaba en el Departamento Central de la Policía Federal. El periodista Castelnovo afirmó que Balbuena "hacía grabaciones sumamente extensas que luego no se veían reflejadas en ninguna nota; se concentró por años en los temas de Cromañon, La Fuba y La Alameda".
Durante los tres días de audiencias frente a Rafecas, la clave del debate será demostrar que Balbuena no ejercía el periodismo como “hobby” ni actuó en el marco de la ley, sino que simuló ser periodista para obtener ilegalmente información de las distintas organizaciones políticas, sindicales, sociales, estudiantiles, de derechos humanos, bajo las órdenes o promovido por sus jefes superiores.
En abril de 2013 se produjo la denuncia pública de la propia agencia Walsh, y un mes después Página12 informó que la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré, ordenó investigar a todos los jefes de la División de Análisis de la Federal, para establecer si sabían que Balbuena violaba el reglamento del Personal Civil de Inteligencia (PCI), que les impide trabajar en cualquier medio de prensa. “El sumario fue una farsa, y hasta hoy la Federal sigue sin informar la totalidad de los superiores que (Balbuena) tuvo a lo largo de su carrera”, lamentó el abogado Aufieri. ”Cuando la verdad salió a la luz, la Federal le abrió un sumario interno pero no se investigó nada, salvo a las organizaciones ya espiadas por Balbuena, como si quisieran enviar el mensaje que sólo saben investigar a las organizaciones políticas y que no dejarán de hacerlo”, señaló Bregman en ese momento.
Cuando Balbuena fue retirado del servicio que prestaba en la Policía, los periodistas de la Walsh expresaron: "No habíamos hecho ninguna denuncia en el ministerio ni en Tribunales porque consideramos que no es un ataque a nosotros como agencia sino a todas las organizaciones que se ven afectadas por el espionaje del Estado, y por eso las decisiones las tomaríamos en conjunto. Pero nos llamó la atención tanta celeridad en pasarlo a disponibilidad". Luego de una enorme marcha convocada por el EMVJ para "reclamar que se investiguen los hechos y las responsabilidades ante tan grave situación", fueron hackeados la página web y los correos de la Agencia Walsh, "en una clara señal mafiosa de los 'plumas'”.
