Si bien las razones generales de la suba de la inflación récord de febrero fueron varias, el Ministerio de Economía ve con preocupación un fenómeno que en los despachos oficiales llaman "rentabilidad cruzada". La referencia es para las empresas que, para recuperar la ganancia menor que tienen por aumentar sólo el 3,2 por ciento en grandes hipermercados vía Precios Justos, hacen subas dos o tres mayores de esos mismos productos en comercios barriales, pequeños y chinos. Ya los llaman "los vivos del consumo" aquellos funcionarios más enojados con lo que ven como una traición de pactos que se hicieron voluntarios pero que fueron rubricados por esas mismas marcas.
Según adelantaron a este diario fuentes de la Secretaría de Comercio, se citará esta semana a una serie de compañías, sobre todo fabricantes de bebidas, que el Gobierno comprobó hacían este tipo de trampas. Y además se trabaja en nuevos esquemas de sanciones para los que incumplan con los pactos.
"Estamos viendo un desvío de mercadería a los barrios", contó un funcionario oficial que usa a diario el Panel de Monitoreo, herramienta que muestra hacia dónde van las mercaderías que venden las empresas de alimentos. En su edición del domingo, Página I12 contó en exclusiva los casos más rutilantes, entre ellos el de Coca Cola, la francesa Danone y La Serenísima, pero hay más. Se especula que otros de los que serán llamados son la cervecera chilena CCU, que fabrica todo lo que no es línea Quilmes, y que también produce bebidas sin alcohol.
El convenio que firmaron las empresas que están en Precios Justos obliga a que no suban más que 3,2 por ciento los precios de la mercadería que venden a los comercios. El problema es que como Precios Justos no acordó con comercios barriales, la única forma que tiene el Gobierno de controlar que no aumenten más por afuera es siguiendo la traza de la mercadería y yendo a los comercios barriales a ver facturas de los proveedores. Esta mecánica es la que terminó descubriendo sobre aumentos en la Coca Cola de 2,25 litros y en la leche La Serenísima. Ambas empresas recibieron imputaciones.
El martes por la noche hubo una reunión de los equipos de Política Económica con Comercio Interior y el ministro de Economía, Sergio Massa. Se analizaron allí los números globales, causas y consecuencias de la inflación, y se vio allí que un un IPC general de 6,6 por ciento de alza y de 9,8 en Alimentos, Bebidas aumentó 9,3 por ciento. Aquí se ve el desvío a comercios barriales y, sobre todo, que hubo subas muy por encima de lo permitido en esos lugares.
En particular, está siendo muy observado el rubro alimentos y bebidas, agrupado en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL), pero ha habido otros sectores que sí se alinearon a la meta de aumentos que dispuso Massa. Un ejemplo, los productos de higiene y limpieza para el Hogar, que el IPC estuvieron por debajo del 3,2 por ciento.
Naturalmente, el tema de la carne fue otro de los puntos a tratar, porque es uno de los que empujó fuerte el IPC con aumentos superiores al 30 por ciento en todos los cortes. En el tema de la carne el Gobierno tiene el mismo problema que con los productos en góndola que se venden en los barrios: no tiene capacidad de control por la fuerte descentralización de locales que hay. Por eso, en general, no se firman acuerdos fuera de los grandes hipermercados. El problema es que 8 de cada 10 argentinos consumen en los barrios y no en los híper.
"Estos son los vivos que quieren aprovecharse del esfuerzo de los argentinos. No vamos a permitir más casos de rentabilidad cruzada", expresó una alta fuente de Hacienda. Y contó que la cartera que conduce Matías Tombolini "está trabajando para detectar esos comportamientos y actuar en consecuencia, con toda la dureza que amerita el caso. Ya pusieron multas y vamos a llamar a todas esas empresas que hemos identificado para que cesen con esta conducta".
