El gobierno porteño que se presentó ante la Corte Suprema para acusar al gobierno nacional de no acatar el fallo por la coparticipación y armó un escándalo por el ofrecimiento del pago con bonos, podría ser definido –él mismo– como un incumplidor serial de sentencias con sólo repasar qué hizo cada vez que recibió alguna orden judicial ante diversos reclamos. Es más, en una situación no muy lejana, cuando el juez Andrés Gallardo dispuso que retirara a sus policías de las cercanías de la vivienda de Cristina Fernández de Kirchner el propio jefe de gobierno porteño dijo a viva voz que no pensaba cumplir con esa decisión. Fue después de la represión sobre manifestantes que apoyaban a CFK de parte de los agentes porteños que pertenecen a la fuerza que respondía al ministro Marcelo D'Alessandro, protagonista de los chats filtrados en los que, entre otras cosas, aparecía negociando el fallo por los fondos coparticipables destinados a seguridad. Aquí, un repaso de los casos y resoluciones judiciales nunca cumplidas por las Ciudad: entre ellas –sólo como ejemplo– varias que obligan a garantizar vacantes en las escuelas porteñas, la construcción del hospital de Lugano, la orden de dar seguridad a los conductores de bicicletas que son repartidores de Rappi, Glovo y Pedidos Ya, la de revertir el riesgo eléctrico en la Villa 21-24, varias otras para exigir el derecho a la vivienda, la que obligaba a regularizar y otorgar derechos laborales a agentes de tránsito.
Todo calculado
El sistema de justicia de la Ciudad está diseñado como para que los fallos contra el Estado local no se cumplan o que cuenten con una cadena de obstáculos. Para empezar, existe desde diciembre de 2020 una ley votada por la Legislatura porteña (donde el larretismo y macrismo tienen mayoría) que establece que cada vez que se presenta un amparo hay que notificar a la fiscalía como "control previo". Esto tal vez no sería tan problemático si el Ministerio Público Fiscal fuera independiente, pero en la territorio de Larreta, el jefe de los fiscales es uno de los integrantes del chat que saltó raíz del viaje a Lago Escondido. A los asesores y asesoras tutelares –que dependen de Carolina Stanley y se ocupan de los derechos de las y los menores– también les han quitado funciones. Con esta misma lógica la mayoría legislativa votó normas en materia judicial hechas descaradamente a medida de, por ejemplo, Mauricio Macri, como la que permite que el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires revisar causas que tramitan en la justicia nacional (es decir, otra jurisdicción), como el expediente comercial del Correo, que tiene una deuda millonaria con el Estado nacional.
Hay un universo de causas que tramitan en los tribunales porteños que son "juicios estructurales", como los que atañen a urbanización de barrios vulnerados, servicios esenciales, el uso de terrenos públicos, comedores escolares y calidad de la comida, construcción de escuelas, de hospitales, la garantía de derechos laborales, derecho a la vivienda, acceso a la educación. Si hay una medida cautelar, alguna intimación judicial, las posibles respuestas del gobierno porteño suelen transitar por un abanico que va del incumplimiento rotundo al cumplimiento parcial, a cuenta gotas, durante años, de manera que nunca hay un acatamiento pleno. Parte de la estrategia suele ser, además de las apelaciones y otras chicanas, la recusación sistemática de los jueces y juezas a quienes se acusa de "kirchneristas" (con Gallardo es un clásico) sólo por exigir la garantía de derechos básicos. También intentan promover juicios políticos, como hicieron con Guillermo Scheibler después que exigió un estudio de impacto ambiental para el proyecto de IRSA en la Costanera Sur. Algunos de estos juicios, además, dependen de que la Legislatura apruebe partidas, y eso es un escollo adicional.
La función del TSJ de dar salvataje al gobierno porteño es ostensible. Un ejemplo: su decisión de anular fallos de la sala III de la Cámara en lo Contencioso y del juez Scheibler en primera instancia que ordenaban –a pedido de varias organizaciones de la sociedad civil– que la integración de la Auditoría General porteña debía respetar el cupo de al menos un 30 por ciento de mujeres en su integración. Scheibler incluso dispuso que la Legislatura publicara un pedido de disculpa pública por incurrir en una conducta discriminatoria. La mayoría macrista/larretista legislativa no acató y la corte de la Ciudad blanqueó esa postura al ignorar la Constitución porteña que prevé la proporción de participación femenina en órganos colegiados.
Incumplimientos
Cuando el juez Gallardo le ordenó a Larreta que saque a su policía de la zona de la casa de Cristina Fernández de Kirchner (ya que su custodia depende de fuerzas federales), además de remover las vallas que impedían el acceso de manifestantes que iban a darle apoyo, la respuesta del jefe de gobierno fue que no acataría la orden y que haría todo lo contrario. Esto hace más llamativo que ahora acuse al gobierno nacional de no acatar la cautelar sobre coparticipación cuando, demás, se le ofreció una forma de pago. La cuestión de los agentes cerca de la casa de CFK tuvo, finalmente, una salida política, porque era un caso que lo habilitaba. No es lo que siempre sucede.
* Otra decisión de Gallardo que incumple el gobierno de Larreta, es la medida cautelar destinada a mitigar el riesgo a la seguridad en la vía pública y la afectación de la salud de los repartidores a domicilio que conducen bicicletas para Rappi Arg SAS; Kadavara SAS (Glovo) y Pedidos Ya S.A. A las empresas se les ordenó regularizar la situación de los trabajadores y al gobierno de la CABA, garantizar que eso suceda. Mientras tanto se suspendía la actividad. El fallo exigía un plan de contingencia económica social para todos los repartidores. Fue incumplido, incluso el juez declaró la falta de acatamiento, y en el ínterin murió un trabajador de Rappi y en un accidente.
* Dos resoluciones no acatadas, ligadas a la pandemia, fueron el fallo del juez Darío Reynoso para que el gobierno porteño elaborara y cumpliera un "protocolo Covid" en los barrios vulnerables (provisión de agua, alimentos, elementos de higiene y limpieza). La respuesta de CABA fue recusar al juez y hacer que cumplía algo. Gallardo había dispuesto que el gobierno entregue a las y los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad algún dispositivo para seguir con su educación en forma remota y que instalara WiFi en las villas y asentamientos porteños. Tampoco hubo cumplimiento.
* Desde el año 2005 la jueza Elena Liberatori intenta que se ejecute una sentencia para la construcción del hospital de Lugano. La obra está en marcha pero parece no terminar nunca. El incumplimiento atravesó distintas gestiones hasta la actual.
* En 2019 Liberatori firmó un fallo que obliga al gobierno porteño a resolver la falta de vacantes en la escuelas. En ese entonces se calculaba que eran unas 20.000, pero hoy serían más. También le exigió que explicite cuáles son las 54 escuelas nuevas que Larreta dijo haber construido ya que, según advertía su sentencia, en realidad se trata de las mismas que promocionan desde 2008, cuando Macri era jefe de gobierno. La causa fue impulsada por la diputada Myriam Bregman (Frente de Izquierda de los Trabajadores). El fallo fue confirmado el año pasado en Cámara. Larreta nunca acató. Otro fallo incumplido de la misma jueza es el que encomendó reparaciones en la escuela Jorge Donn cuatro años, que nunca fueron terminadas.
* Sobre cuestiones del ámbito educativo hay otros fallos incumplidos de la jueza Patricia López Vergara. Una medida cautelar que responde a un reclamo colectivo para que los colegios privados acepten chicas y chicos con discapacidad. La orden para otorgarle vacante a un niño de un año para garantizar el derecho de acceder a la educación desde los 45 días de edad. También emitió una resolución, incumplida, para que los jueces y juezas de Comodoro Py dejen de estacionar sus lujosos autos en la calle de la escuela de la villa 31. Una sentencia de Gallardo había ordenado incorporar a un trabajador de la educación a la planta docente. Es un caso de 2015, por el cual este año se le impuso a la ministra de Educación Soledad Acuña una multa diaria por no acatar.
* Tampoco se cumplió el fallo de Gallardo de 2018 que ordenó implementar un sistema de acceso a las estaciones de subte que carezcan de escaleras mecánicas y/o ascensores para personas con discapacidad o incapacidad motriz. El juez fijó una multa y explicó que más del 15% de escaleras y ascensores no funcionan. En otra causa resolvió que las y los pasajeros en general viajaran gratis cuando no funcionaran esos accesos, pero Subterráneos de Buenos Aires logró apartarlo del expediente.
* El gobierno porteño no cumplió con una sentencia, en este caso definitiva, ratificada por el TSJ, que ordenaba tomar medidas para revertir la situación de riesgo eléctrico en la Villa 21-24, en una demanda que tiene 12 años de existencia, impulsada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. En junio último un incendio y una explosión volvieron a poner el tema sobre el tapete.
* El asesinato de la agente de tránsito Cinthia Choque, de 28 años, en 2019, y las heridas sufridas por su compañero Santiago Siciliano, de 30, cuando fueron embestidos por el auto que manejaba a toda velocidad Eugenio Veppo, pusieron al descubrieron la precarización de estos trabajadores de la seguridad porteña. De un total de 2800, solo 30 por ciento se supo que integraba la planta permanente y el resto eran monotributistas. Tiempo después, a raíz de la desvinculación de un grupo de agentes, la jueza López Vergara ordenó su reincorporación y el pase a planta transitoria. También indicaba el cumplimiento de derechos laborales con la regularización, ya que no cuentan con obra social, ART, aguinaldo, licencia y ni ninguna clase de protección. La cautelar es de 2020 y no fue acatada.
* Varios fallos sobre derecho a la vivienda son ignorados sistemáticamente por Larreta. En 2018 integrantes del colectivo trans iniciaron una demanda y el juez Gallardo dictó una cautelar para que se les otorgue un subsidio suficiente para acceder a una vivienda digna y que se cree un plan de empleo para este colectivo que –argumentó– se encuentra en situación de vulnerabilidad social, sin condiciones de vivienda digna, ni acceso al mercado formal de trabajo, con baja expectativa de vida y el padecimiento de discriminación por identidad de género. A Gallardo lo apartaron y otro juez, Martín Converset, dijo que las políticas habitacionales en la ciudad eran suficientes. En otras causas, como la que impulsó Norma Quirós, la Cámara confirmó la orden de Gallardo de proveerle un subsidio para que ella y sus hijos puedan pagar un alojamiento digno. Este mes se ordenó el embargo del dinero al gobierno porteño por el incumplimiento. En el caso de la familia de Flor Cecilia Asto Aranda, para quien también se ordenó un subsidio habitacional, en noviembre fue intimado el Ministerio de Desarrollo porteño.
