La ofensiva del gobierno de Javier Milei contra las y los migrantes encontró un freno rotundo en un fallo de la Cámara Nacional Electoral que declaró nulo el DNU 366/2025, que en mayo del año pasado puso obstáculos para el acceso de extranjeros a la ciudadanía argentina, les fijó requisitos y arancelamiento para acceder a la salud y la educación y trasladó las decisiones sobre naturalización, que por ley tomaba el Poder Judicial, a la Dirección de Migraciones, que depende del Ministerio de Seguridad. Los camaristas sostienen que es un decreto inconstitucional porque alteró leyes, no demostró necesidad ni urgencia para hacerlo y se metió con una de las materias vedadas por la Constitución, que es la electoral. El Poder Ejecutivo, concluyen, excedió sus facultades. El otorgamiento de la ciudadanía “es condición esencial para el ejercicio de los derechos políticos”, dijeron. Lo que sucede, explicaron, es que el Gobierno confunde la cuestión migratoria con el trámite de la nacionalidad.
