Desde Mauricio Macri, pasando por Alberto Fernández y Javier Milei, Ambiente representó siempre un lugar marginal en los gabinetes de ministros, también a la hora de priorizar decisiones políticas, aseguran ex funcionarios del área.
Durante los últimos diez años, la política ambiental argentina cambió de signo político, jerarquía institucional y modelo de gestión, pero tuvo una constante que atravesó todos los gobiernos: el área ambiental siempre ocupó un lugar marginal en la agenda estatal, con un financiamiento insuficiente para la prevención de crímenes ambientales, la conservación de la naturaleza y el desarrollo científico.
De acuerdo a una investigación de Mongabay Latam sobre los presupuestos de los últimos 10 años en Argentina, la cartera de Ambiente se llevó apenas el 0.13 % en promedio del Presupuesto Nacional anual.
Mongabay Latam dialogó con exfuncionarios, investigadores y expertos en conservación para analizar lo que reflejan los números: mientras las exigencias de la agenda ambiental y climática iban escalando a nivel internacional, la política ambiental argentina ocupó el lugar de menor importancia.
Los últimos años han incluso profundizado la crisis de la cartera. Desde que asumió Javier Milei con una posición negacionista frente el cambio climático y deliberadamente a favor de la máxima desregulación estatal, el país se encuentra en “el momento más crítico de la historia ambiental”, dice a Mongabay Latam Gonzalo Vergez, abogado a cargo de la coordinación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA).
Un cartel prohíbe el ingreso al área del pozo LO-X10, mientras a un lado del cerco yacen los restos de tres vacunos. Este pozo petrolero sin sellamiento es uno de los íconos de la falta de control ambiental en Argentina. Foto: cortesía Martin Katz/Greenpeace
“Además de encontrarnos en los niveles históricos más bajos del presupuesto nacional, la situación se complica mucho más con la decisión oficial de dejarnos al margen de los acuerdos internacionales e incumplir las metas climáticas”, afirma Vergez.
El presupuesto ambiental tiene una participación mucho más pequeña en el Presupuesto Nacional desde la llegada de Milei: 0.09 % (2024), 0.04 % (2025) y 0.05 % (2026). Pero, además, Argentina registra una caída significativa en la ejecución del presupuesto ambiental. Mientras en 2023 se alcanzó a gastar el 92 % de los fondos, en la era Milei se desplomó a casi el 38 % (2024). Fue un año de parálisis ambiental en el Gobierno. La ejecución remontó sin alcanzar la meta en 2025 (71 %).
Pero la crisis no escapa a otros presidentes. Durante un gobierno progresista como el de Alberto Fernández (2019-2023), el área de Ambiente no superó el 0.23 % del Presupuesto Nacional. Durante el gobierno de Mauricio Macri, de derecha, la cartera ambiental tuvo su mayor participación en la billetera del Estado, pero incluso así no superó el 0.24 % del presupuesto general en 2017.
La nutria gigante llamada Coco, liberada junto con sus cachorros. Foto: cortesía Sebastián Navajas/Rewilding Argentina
“La cartera ambiental nunca logró convertirse en un actor clave para prevenir incendios, conservar áreas naturales y territorios”, repasa Vergez sobre la última década. Y añade que tampoco supo “ frenar las decisiones productivas impulsadas por los ministerios que responden a la agroindustria, energía y minería, desde donde se promueve la intervención de manera directa sobre recursos naturales clave sin medir sus consecuencias ambientales”.
¿Alguna vez el ambiente fue realmente una prioridad para el Estado Nacional?
Cronología de un olvido ambiental
Desde la perspectiva presupuestaria, los expertos consultados tienen una respuesta común: la importancia otorgada fue “casi nula”. A su vez, coinciden en que, por la constante degradación de la cartera, sus funcionarios tienen cada vez menor capacidad para negociar e imponer agenda frente a otros ministerios del Ejecutivo, como los productivos.
Exfuncionarios del área —que pidieron la reserva de su identidad— confirmaron a Mongabay Latam que al momento de negociar las políticas ambientales en el gabinete de ministros, las carteras con más poder de decisión siempre son las de Agricultura, Minería y Energía. El sector ambiental, en cambio, es considerado un “estorbo” ante las grandes decisiones productivas, porque es (o debería ser) la encargada de imponer limitaciones a los impactos de las actividades extractivas en defensa de la conservación, la biodiversidad, las comunidades locales y las áreas protegidas.
Pingüinos en Argentina. Foto: cortesía Guillermo Harris/WCS Argentina
Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre, afirma que “independientemente del gobierno de turno, los temas ambientales nunca fueron prioridad y por eso nunca se logró una incidencia real en la promoción de un modelo de desarrollo sustentable en la política nacional”. Aunque reconoce que hubo algunos intentos por darle mayor peso a la cartera de ambiente durante el gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), que fue cuando el área volvió a tener el rango de ministerio, “la jerarquía administrativa no se tradujo en mayor capacidad de decisión, mayor presupuesto o influencia sobre otras áreas del Estado”.
Martín Mónaco, ingeniero forestal y ex director nacional de Bosques (2020-2024), precisa que la cartera ambiental siempre ha estado asociada “al área que ‘molesta’ y genera ‘trabas’ para el resto de las decisiones políticas”. Sin embargo recuerda que hubo un cambio llamativo e inesperado durante la pandemia, “una época en la que crecieron los fondos ambientales que provenían del exterior porque de repente la cuestión ambiental estaba en agenda”. “Logramos pasar de ser ninguneados por otros ministerios a ser valorados por la capacidad para competir por fondos internacionales”, explicó.
Entre 2019 y 2023, la Administración de Parques Nacionales informó la incorporación de 1 055 422 hectáreas continentales al sistema nacional de áreas protegidas, lo que representó un incremento del 25 % de la superficie terrestre protegida. A su vez, se crearon cuatro parques nacionales, se reportaron un total de 15 nuevas áreas protegidas y se otorgaron más recursos para combatir incendios a través del Plan Nacional de Manejo del Fuego (que volvió a la órbita del entonces Ministerio de Ambiente).
Los bosques nativos, por su parte, recibieron más financiamiento, aunque siguieron estando lejos de lo que exige la ley. Entre 2020 y 2023 aumentaron en un 181 % los fondos asignados al área, pero hacia fin de la gestión, representaron 0.026 % del presupuesto nacional, un número muy alejado del mínimo del 0.3% establecido por la Ley 26.331.
En Diputados se aprobó la media sanción del Súper RIGI, uno de los sistemas de incentivo de inversiones en hidrocarburos y minería del gobierno de Milei. Foto: Diputados Argentina
Durante la gestión de Alberto Fernández también se aprobó la Ley de Educación Ambiental Integral 27.621, se consolidó la aplicación del Acuerdo de Escazú —aprobado por la Ley 27.566— y se publicó en 2022 el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, con medidas proyectadas hacia 2030.
Pero la emergencia por la pandemia del Covid-19 terminó. “Cuando la urgencia y la ayuda internacional disminuyeron, el área de Ambiente volvió a ser menospreciada y silenciada”, dice Mónaco, quien estaba a cargo de un área central: monitoreaba si las provincias estaban cumpliendo con la Ley Nacional de Bosques, que establece qué áreas no pueden ser deforestadas.
Después de Fernández, llegó Milei, en diciembre de 2023. Desde Greenpeace, el coordinador de la Campaña de Bosques, Hernán Giardini, advierte que todo empeoró desde entonces para la cartera de Ambiente. “El lugar que se otorga a Ambiente en el gobierno de Milei es totalmente crítico”, afirma, porque al bajo presupuesto se suma “el recorte en instituciones, en programas y personal, y también el recorte a la participación argentina en las cumbres de cambio climático y biodiversidad”.
Giardini sostiene que en este momento ni siquiera un incremento en los fondos podría cambiar la situación. “Hasta en un caso hipotético, con un presupuesto incrementado, el escenario seguiría siendo crítico si la política de Estado se mantiene enfocada en la extracción de hidrocarburos a gran escala y en la promoción del modelo del agronegocio y megaminería”, afirma.
Islote Lobos es un importante apostadero de los lobos marinos en el sur de Argentina. Foto: cortesía Parques Nacionales
“Lo que necesitamos, en realidad, es una política que busque una transición más sustentable en la economía y que reduzca el presupuesto a las industrias extractivas, pero estamos muy lejos de eso”, analiza Giardini.
Entre los retrocesos ambientales de la última década, los expertos resaltan la reducción del 17 % del hielo descubierto y un 23 % de manchones de nieve perenne, de acuerdo al registro del IANIGLIA en 2025.
En comparación con la última década, se redujeron alrededor de 20 kilómetros cuadrados, el equivalente al 8 % del área total de 249.59 kilómetros cuadrados.
En los bosques nativos, se perdieron aproximadamente 1.9 millones de hectáreas de cobertura forestal entre 2015 y 2024, según el último registro oficial disponible de Bosques Nativos. Las causas principales se asocian a incendios, desmontes para agricultura y ganadería.
Deforestación o desmonte en la provincia de Chaco, en el noreste de Argentina. Foto: cortesía Martín Katz/Greenpeace Argentina
En el mar, la frontera extractiva se expandió en 2019 con la adjudicación de 18 nuevas áreas marítimas para la exploración y explotación de hidrocarburos -algo que ya venía de la gestión anterior-, que equivalen a un área de 225 000 kilómetros cuadrados. Se otorgaron permisos a 13 empresas con compromiso de inversión anunciados en 724 millones de dólares.
La ciencia también resultó profundamente perjudicada: el financiamiento público tuvo un ajuste entre 2016 y 2019, cuando el presupuesto de Ciencia y Tecnología sufrió una caída acumulada de 35.3 % en términos reales.
El sector científico tuvo una recuperación parcial entre 2019 y 2023, cuando Ciencia y Técnica creció un 80 % en términos reales. Sin embargo, desde la asunción de Javier Milei, a fines 2023, volvió a caer y con una mayor profundización en el recorte: los fondos disminuyeron un 29.7 % en 2024 y en 2025, cayeron otro 15.9 % en términos reales respecto el año anterior, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
De acuerdo al Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, se estima una reducción adicional del 4.4 % para fines de 2026. El resultado proyectado es una pérdida del 42.8 % respecto de 2023 y del 51.9% respecto 2015.
En Argentina se desarrollaron protestas contra la decisión de Javier Milei de recortar el presupuesto a la ciencia. Foto: cortesía ATE
La última década en números
Los datos oficiales de los últimos diez años analizados por Mongabay Latam arrojan que la cartera de Ambiente se sitúa sistemáticamente en los últimos lugares del escalafón ministerial.
Durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019), el área adquirió rango ministerial: pasó de secretaría a ministerio en un primer tramo del gobierno. Luego fue nuevamente degradada a secretaría hacia el final del mandato. Entre 2016 y 2019, Ambiente concentró entre el 0.24 % y 0.04 % del presupuesto nacional, muy lejos de carteras como Desarrollo Social, Educación, Salud o Seguridad.
En 2017, mientras que el sector ambiental recibió 0.24 % del presupuesto nacional, el área de Defensa recibió 4.06 % y el ministerio de Energía el 5.11 %. Un año después, los valores se mantuvieron similares hasta 2019, cuando hubo un cambio radical: Ambiente recibió 0.04 %, mientras que Defensa obtuvo un 3.34 %. Durante ese año, el área de Energía dejó de ser un Ministerio y pasó a funcionar como Secretaría de Gobierno, bajo la órbita del Ministerio de Hacienda.
“La gestión de Mauricio Macri respondió a una de las grandes paradojas ambientales de los últimos tiempos: se posiciona con un fuerte discurso institucional y diplomático sobre la crisis climática, pero implementa políticas económicas que profundizan actividades con alto impacto ambiental”, explica Vergez.
Deforestación en la provincia de Chaco. Foto: cortesía Martín Katz/Greenpeace Argentina
En el gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), el Ministerio de Ambiente conservó su rango ministerial y registró aumentos nominales de presupuesto a partir de 2021. Sin embargo, estos incrementos fueron acompañados por una inflación muy elevada y no modificaron de manera sustancial la participación del área en el presupuesto nacional: osciló entre 0.08 % y 0.23 %.
En este período, el área de Defensa sufrió un incremento notable: pasó de recibir 2.72 % en su primer año a 8.10 % del gasto público total. El ministerio de Agroindustria también creció y pasó de recibir el 1.19 % en 2020 a percibir el 5.41 % en 2023. En tanto, el ministerio de Agroindustria también fue beneficiado con un incremento anual constante del porcentaje asignado, hasta llegar al 0.70% en 2022.
La gestión ambiental en el gobierno de Alberto Fernández tuvo aspectos positivos y negativos, según Jaramillo. Destaca, por ejemplo, la mayor jerarquía institucional que adquirió el área tras “recuperar rango ministerial”.
También, añade Jaramillo, se logró la actualización de los planes de acción climática del Argentina -conocidos como las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC)-, que son los que detallan las acciones para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y que impulsan la adaptación al cambio climático. Además, se elaboró el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, un marco nacional para orientar políticas climáticas; y en 2021 se aprobó la Ley de Educación Ambiental Integral, que incorporó a la educación ambiental a todos los niveles educativos.
El gobierno de Javier Milei abrió un concurso público internacional para la exploración de hidrocarburos en una nueva área marítima. Sigue una tendencia de los dos gobiernos anteriores, de Alberto Fernández y Mauricio Macri Foto: Gobierno de Argentina
Entre los aspectos negativos, el director general de Fundación Vida Silvestre indica que el presupuesto ambiental fue limitado y los recursos destinados al área fueron escasos para dar respuesta a la magnitud de los incendios de extrema magnitud.
Tampoco se logró avanzar con el proyecto de Ley de Humedales en el Congreso, a pesar de tener media sanción y asegura que “la deforestación ilegal continuó, especialmente en el norte argentino, demostrando dificultades para fortalecer el control y la aplicación efectiva de la Ley de Bosques”.
Finalmente resalta “algunas contradicciones” entre el área de ambiente y las económicas: “El impulso de actividades en Vaca Muerta, la expansión hidrocarburífera y algunos proyectos mineros generaron tensiones con los objetivos climáticos”.
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La era Milei: la crisis total del sector
Desde que asumió Javier Milei a fines de diciembre de 2023, la cartera de Ambiente perdió su jerarquía y pasó a formar parte de otras secretarías. Durante su mandato, el presupuesto del sector Ambiente, transformado en una subsecretaría, fluctuó entre algunos de los porcentajes más bajos: empezó con un 0.09% en 2024, bajó a un 0.04% en 2025 y tuvo una subida mínima en el 2026 al alcanzar el 0.05% del presupuesto nacional.
El entonces presidente argentino, Alberto Fernández, durante su participación en la Sesión Plenaria de la Cumbre de Líderes de la COP26. Foto: cortesía Gobierno de Argentina
Mientras tanto, el análisis de Mongabay Latam determinó que el ranking de los ministerios con mayor presupuesto para 2026 lo encabezó el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, al que se le asignó el 73.15 % del total; seguido del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, con un 7.48 %; el Ministerio de Seguridad, con el 6.52%; el Ministerio de Salud, con 6.37 %, y el Ministerio de Defensa con 4.91%.
Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) confirman a Mongabay Latam que, durante 2025, la Subsecretaría de Ambiente destinó el 38.9 % a “gastos en personal”. Además, se destinó el 26.9 % a coordinación y un 50 % al control ambiental. En el mismo período, la Administración de Parques Nacionales destinó más del 68 % de sus fondos al rubro de gasto de personal.
Durante el gobierno de Mauricio Macri (2016 -2019), se destinó 18.2 % en gasto de personal y 4.9 % en control ambiental, y en ese mismo período, la APN destinó un promedio de 64.7 % en gasto de personal.
En el gobierno de Alberto Fernández (2020-2023), del presupuesto de Ambiente se destinó 16.1 % en gasto de personal y 53.3 % en control ambiental. Mientras que la APN destinó el 61.9 % a gasto de personal.
El entonces presidente Mauricio Macri, en la Casa Rosada, sede del gobierno argentino. Foto: Gobierno de Argentina
Según el economista especializado en ecología y miembro de FARN, Matías Trebucq, el área de Ambiente tiene “tan poco peso en el presupuesto nacional que no tiene sentido seguir recortando”. En realidad, considera que “se está buscando afectar el correcto funcionamiento de las áreas protegidas”. Lo que subyace, dice, es la batalla cultural: “Se quiere destruir el área desde un relato negacionista para quitar restricciones y permitir a otros ministerios avanzar sin ‘trabas’ ante el supuesto desarrollo económico”.
Trebucq explica que mientras se mantenga una estructura económica netamente extractivista y se continúe en la búsqueda de aumentar las exportaciones primarias con el agro, la minería y los hidrocarburos (que representa más del 70 % del total de exportaciones del país), “la brecha se va a seguir agravando con la quita de más derechos ambientales, menos nivel conservación de los territorios y menos respeto a los tratados internacionales”.
Bosques nativos en la mira
“A pesar de la existencia de la Ley de Bosques Nativos, su implementación estuvo sistemáticamente afectada por presupuestos insuficientes”, dice Jaramillo. Durante los últimos años, la pérdida de cobertura forestal se mantuvo en niveles altos, con un promedio de 254 000 hectáreas anuales (equivalente a 12 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y un total de 3.4 millones de hectáreas perdidas (unas 170 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), según registros oficiales de entre 2010 y 2024.
“Los bosques nos ilustran cómo los recursos naturales estratégicos han quedado relegados frente a otras prioridades, evidenciando una problemática más amplia de gestión ambiental que trasciende los cambios de gobierno”, dice el experto.
El presidente argentino, Javier Milei, es blanco de críticas por la reducción de presupuesto a la ciencia y tecnología. Foto: AP/Mark Schiefelbein
Lo más lamentable para Jaramillo es que con el modelo de desarrollo actual y a pesar de la degradación ambiental, “tampoco se logró un desarrollo social y económico proporcionalmente distribuido entre la población”. Según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (Indec), la tasa de pobreza en Argentina se ubicó en el 32.3% durante el primer semestre de 2026
“Si bien ningún gobierno tuvo como prioridad la cuestión ambiental, con la gestión actual directamente se están destruyendo todos los derechos ganados”, agrega Giardini.
Desde que la Ley de Bosques Nativos se sancionó en 2007, los distintos gobiernos que pasaron nunca cumplieron con el fondo de financiamiento, que debería haber sido equivalente al 3 % del presupuesto nacional, coinciden los expertos consultados. Este fondo tiene por objetivo fortalecer el control territorial, las tareas de conservación, restauración y manejo sustentable.
Vergez advierte que “las acciones para la prevención de incendios, el control de desmontes, el monitoreo efectivo y el apoyo a las provincias para conservación de los bosques están cada vez más limitadas”. Y resalta: “Estamos entrando en un camino de no retorno de la mano de medidas que buscan provocar cambios irreparables”.
Zona de glaciares y ambiente periglaciar de San Juan, Argentina, donde se busca aumentar el desarrollo de la minería. Foto: cortesía Greenpeace Argentina
Desde la mirada científica, Romina Torres, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) especializada en ecología de bosques, observa con preocupación el desinterés que el gobierno de Milei declara abiertamente sobre la conservación de la naturaleza. “Cumplir con las metas climáticas internacionales y poder demostrarlo nos puede posicionar como un país interesante de financiar para seguir haciendo ciencia. Por eso, cuando entre 2014 y 2016 logramos que la deforestación se redujera, recibimos una compensación de 82 millones de dólares de fondos internacionales por fortalecimiento de acciones de mitigación del cambio climático”, explica.
Ahora, indica la experta, la política ambiental ha desalentado “la llegada de fondos del exterior para financiar investigación y cumplir con las metas climáticas”.
A su vez explica que, más allá de que el presupuesto siempre fue insuficiente para el sector, al menos en el pasado se contaba con un marco normativo que permitía transparentar el uso de los fondos para preservar los bosques. Para eso, en 2018 se creó por decreto el FOBOSQUE (fondo fiduciario) para administrar el dinero destinado a la protección de bosques, con el objetivo de controlar el destino final de su aplicación. “Ahora, con su eliminación por parte del Gobierno, se marca un fuerte retroceso normativo”, afirma.
Martín Illescas, ex director general de Proyectos con Financiamiento Externo y Cooperación Internacional del Ministerio de Ambiente del gobierno de Alberto Fernández, añade un componente más al análisis: la estrategia de lucha contra los incendios. “Los fondos destinados a la prevención y combate de fuego nunca fueron una prioridad a la hora de definir políticas públicas en los distintos gobiernos: sin recursos suficientes, no hay política pública posible”.
Panorámica de Bosque de Coihue, Rio Negro, Patagonia norte de Argentina. Foto: cortesía Juan Paritsis
Illescas explica que la historia reciente del combate de incendios en Argentina estuvo marcada por una disputa entre dos paradigmas institucionales que se vio reflejada en los sucesivos traspasos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego desde el área de Ambiente al área de Seguridad y viceversa.
“El abordaje desde la perspectiva ambiental es el más completo porque mantener el Servicio Nacional de Manejo del Fuego bajo la órbita de Ambiente permite la coordinación estratégica entre las áreas de Bosques, Ordenamiento Territorial, Cambio Climático, Parques Nacionales y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), superando la visión estrecha y fragmentada del ‘combate’”, afirma.
Respecto a la gestión actual, dice que “la disolución del Fondo Nacional del Manejo del Fuego representa un claro retroceso”.
Para Federico Granato, abogado y ex presidente del Directorio de la Administración de Parques Nacionales (APN) entre 2022 y 2023, la creación del fondo fue clave para la lucha contra los incendios. Fue “una medida acertada”, ya que sirvió como respuesta inmediata a la gran sequía e incendios ocurridos durante su mandato, pero sin impacto en el futuro. “Con el fondo se obtuvieron recursos para contratar de forma inmediata aviones [para combatir incendios], equipamiento y mejorar algunas condiciones laborales para los brigadistas y guardaparques, una de las grandes deudas pendientes. Pero luego de la emergencia, resultó poco efectivo para planificar prevención con políticas a largo plazo”, dice.
Incendio de bosques en la localidad de Epuyén, provincia de Chubut. Fue uno de los focos más grandes de 2025 en Argentina. Foto: Matías Garay/Greenpeace Argentina
Parques nacionales: ni prioridad, ni personal suficiente ni fondos necesarios
Federico Granato, abogado y expresidente del Directorio de la Administración de Parques Nacionales (APN) entre 2022 y 2023, dice a Mongabay Latam que durante su gestión no observó “una línea de acción clara que buscara priorizar Parques Nacionales a excepción de los momentos de urgencia”.
“Parque Nacionales no suele ser visto como un organismo relevante dentro de la estrategia de desarrollo nacional ni está dentro de las prioridades políticas a largo plazo. En cambio, se lo suele utilizar para propaganda política o para responder a alguna urgencia mediática”, asegura.
“En la actualidad hay unos 580 guardaparques dentro del Área de Parques Nacionales (APN) para atender unas 5 millones de hectáreas de áreas protegidas, es decir, que hay un guardaparque por cada 8000 hectáreas, un trabajo que es totalmente inviable de controlar”, retoma Trebucq y enfatiza: “La prevención siempre es la política más barata y efectiva, pero para eso hay que invertir antes y la política está acostumbrada a actuar de manera tardía y reactiva”.
Los principales riesgos ambientales que no oyeron los gobiernos
Cuando Mongabay Latam pidió conocer detalles sobre la cantidad de brigadistas con las que se encuentran trabajando actualmente, dado que, según información oficial, el recorte en el área de combate de incendios dejó a más de 100 brigadistas despedidos o sin renovación en Parques Nacionales, este medio no obtuvo respuesta.
Incendio forestal en Epuyén, provincia de Chubut, Argentina, arrasó con miles de hectáreas de plantaciones, bosques nativos y pastizales en 2025. El fuego quemó varias casas y una escuela, y hay decenas de evacuados. Se inició por causas humanas. Foto: Greenpeace Argentina.
De acuerdo a datos oficiales, el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) tuvo una disminución de 74 145 millones de pesos en 2026: la partida más baja de los últimos diez años. Mongabay Latam consultó acerca de cómo logran sostener la capacitación y coordinación de brigadistas después de que la partida presupuestaria se redujera drásticamente, pero tampoco contestaron desde el área.
Guardaparques en la selva misionera, uno de los ecosistemas más biodiversos de Argentina. Foto: cortesía Facundo Alcalde
La funcionaria María Leticia Cardoso, del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), identificó otro de los principales riesgos de este año: el fenómeno de El Niño: “Estamos trabajando en prevención, adelantándonos a cualquier situación que pueda suceder: el balance de nuestra gestión es muy positivo”.
Mongabay Latam también solicitó una evaluación sobre el estado actual de las políticas ambientales a la Subsecretaría de Ambiente de la Nación (dependiente de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes) y sobre las medidas previstas para la adaptación climática en Argentina, pero al cierre de esta investigación no obtuvo respuesta.
El artículo original fue publicado por Laura Gambale en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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