Una nueva presentación de la querella de Cristina Fernández de Kirchner en la causa sobre su intento de asesinato y otra del fiscal Carlos Rívolo dejan en evidencia la gran cantidad de baches sin resolver que tiene la investigación después de seis meses. La primera revela intercambios de mensajes que confirman la relación entre Brenda Uliarte –una de las detenidas– con la organización de ultraderecha Revolución Federal, más allá de su presencia ya conocida en algunas de sus marchas, y reclama medidas en esa línea. También sobre la llamada "pista Milman", sobre la vinculación del diputado del PRO, Gerardo Milman, con el ataque. La fiscalía, por su lado, dictaminó que la investigación no está en condiciones de ser elevada a juicio oral ya que falta información "indispensable", a contramano de lo que buscan la Cámara Federal y la jueza María Eugenia Capuchetti, que es dar el caso por cerrado. Lo que falta no es menor: por ejemplo, señal, "ni más ni menos" que el peritaje del famoso celular reseteado de Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó matar a CFK.
Revolución Federal
Las acciones violentas y discursos de odio y muerte –incluso contra la vicepresidenta– de Revolución Federal, hasta ahora son investigados en un expediente distinto al del atentado, que está a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Cuando procesó a miembros de esa agrupación señaló, igual que el fiscal Gerardo Pollicita, que el intento de magnicidio fue el acto de mayor gravedad institucional derivado del clima de violencia social generado por este y otros grupos. En esa pesquisa se peritaron los celulares de los algunos integrantes de la organización y se encontraron conversaciones que aludían a Brenda Uliarte como una persona a la que conocían desde antes del ataque a CFK. Uliarte estaba con Sabag Montiel cuando intentó gatillar en la cabeza de la vicepresidenta, y ya antes hablaba con otras personas de su idea de matarla.
Según los mensajes detectados una integrante de Revolución Federal, Brenda Lara Abigail Ortega, habría conversado con Uliarte en los días previos al atentado. "Esto es importante porque muestra un nexo entre Revolución Federal y Uliarte", dice la querella. En los mensajes que recibía uno de los hombres claves de ese grupo, Leonardo Sosa, otra mujer que figuraba como Dalila, le avisaba que Ortega había hablado con Uliarte. El le decía que estaba al tanto y que se había hablado del tema en un grupo de Whatsapp. Una pericia mostró también que hablaban por Instagram. Ortega fue citada finalmente como testigo en la causa de Capuchetti. Dijo que había hablado con ella después de su primera aparición en Crónica TV, donde se la veía con los copos de azúcar cuestionando los planes sociales. Y agregó un dato inquietante: según ella Uliarte mandó un mensaje a la cuenta de Twitter de Revolución Federal tras el intento de magnicidio donde preguntaba: "¿Lo hicimos bien?" y aludía a que "no tenía alas". Esto coincide con un mensaje efectivamente hallado y cuyo origen hasta ahora no se determinó. El nombre de la cuenta es "juanargento" y decía: "Lo hicimos bien??? 🙂 lo organizamos en un chat de una comunidad de Taringa con un extranjero. Igual no tenía alas es solo para que corran. VAN A CORRER COMO DICEN. Cadena nacional".
El relato de Ortega podía llevar a pensar que tuvieron algún contacto circunstancial con Uliarte, pero a la querella le llamó la atención que la mujer dijo que había borrado las conversaciones con Brenda y que el celular se lo habían robado. Ya son varios los testigos que borran el contenido de su celular o lo pierden en la causa, las asesoras de Milman y el dirigente Hernán Carrol. Por todo esto los abogados pidieron medidas para poder dilucidar el lazo con Revolución Federal, un tema hace tiempo pendiente. Algunas fueron aceptadas por la fiscalía y otras no, o señaló que están en trámite como el entrecruzamiento de todos los celulares de los imputados de ese grupo con los aparatos secuestrados en la causa por el ataque a CFK.
Carrizo
Gabriel Carrizo, otro de los detenidos, fue indagado por segunda vez a fin de enero. Su situación se agravó desde que se detectaron mensajes en los que decía abiertamente frases como "mandé a matar a Cristina" y haberle dado un arma suya a Uliarte y Sabag Montiel. Para la querella Carrizo es un coautor del intento de magnicidio y no un cómplice. Pero pasó el tiempo y la jueza no resolvió su situación procesal. Por eso los abogados de CFK, Marcos Aldazabal y José Ubeira, se lo reclaman y le recuerdan que el Código Procesal establece diez días para resolver después de una indagatoria si se dicta un procesamiento, sobreseimiento o falta de mérito. Nada de eso ocurrió. En medio de todo, la defensa de este acusado pidió que se le concediera la prisión domiciliaria. Ofreció como garante a Maira Marisol Mansilla Cuadros. Se la menciona como pareja, que estuvo con él los días previos a su detención, aunque el vínculo se habría fortalecido cuando ya estaba preso. Lo que llamó la atención es que nunca fue nombrada por ninguno de los testigos y jamás fue citada a declarar. Tampoco figura en las comunicaciones analizadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Finalmente Rívolo hizo lugar a su citación.
Milman
El testigo que escuchó a Milman en el bar Casablanca decir "cuando la maten voy a estar camino a la costa" hizo una declaración breve el 23 de septiembre, y terminó denunciado por falso testimonio a pedido del diputado del PRO. El hombre se llama Jorge Abello y trabaja con el diputado del Frente de Todos Marcos Cleri. Este entregó en el juzgado un chat de horas después del atentado, certificado por un escribano, donde Abello le contaba aquello que había escuchado dos días antes y que entendió tras los sucesos. Esto reforzaba la veracidad de lo narrado por su colaborador, quien tuvo un ACV y no pudo volver a declarar. La querella avisó que está mejor de salud y que deberían citarlo. La fiscalía se resiste porque le abrieron una causa. Recordó que está en trámite el análisis de los celulares de las dos colaboradoras de Milman que estaban con él en Casablanca, Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz. Es una medida que lleva meses de demora, entre que la jueza no quería secuestrar los aparatos, que las mujeres luego pusieron obstáculos (una dijo que no tenía más el celular y la otra que había borrado todo) y luego se debatió hasta en la Cámara Federal el período a analizar.
Advertencias del fiscal
Días atrás la Cámara Federal señaló que se debía apurar el cierre de la investigación y su elevación a juicio oral, con el argumento de que hay personas privadas de la libertad. Es claro que si la pesquisa se cierra acá, nada se sabrá de la autoría intelectual del atentado, la pista política, la relación con organizaciones de ultraderecha y el financiamiento. Capuchetti le notificó la indicación de los camaristas a Rívolo, pero este se opuso a dar por terminada la causa y dijo que hay "numerosas diligencias y medidas" pendientes "indispensables para el pronto avance y conclusión de la instrucción". Además le recuerda a la jueza que fue ella quien le delegó a él la investigación cuando fue recusada por la querella. Lo más sorprendente es que Rívolo recuerda que todavía está sin resolver "ni más ni menos" –dice– un peritaje que él ordenó sobre el celular de Sabag Montiel, cuyo contenido había quedado afectado cuando apareció reseteado de fábrica después del primer intento extraer a información por parte de la Policía Federal. "No puede ignorarse la importancia que reviste poder acceder al contenido de ese dispositivo en la etapa instructoria". Aclaró que reclamó resultados el 2 de marzo pero aún no tuvo respuesta.
