El jefe de la SIDE deberá explicar el Plan de Inteligencia Nacional y las facultades incorporadas por el último DNU de Milei. La reunión será conducida por Sebastián Pareja, alfil de Karina, mientras Santiago Caputo conserva el control político del organismo.
Por primera vez desde que desde que asumió al frente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra deberá atravesar este martes una instancia de control parlamentario. El funcionario se presentará a las 15 ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia para responder preguntas sobre el funcionamiento del organismo, el nuevo esquema diseñado por el Gobierno y, especialmente, los alcances del decreto con el que Javier Milei volvió a reformular el sistema de inteligencia a fines del año pasado. La reunión será reservada, como establece la dinámica habitual de la comisión.
La visita tiene, sin embargo, una dimensión política que excede el contenido de las explicaciones que pueda brindar Auguadra. Será también el primer examen importante de la Bicameral desde que Sebastián Pareja, uno de los principales dirigentes del esquema político de Karina Milei, asumió formalmente su conducción hace poco más de un mes. Del otro lado de la mesa estará un funcionario que responde a Santiago Caputo, quien conserva el control político de la SIDE pese a los sucesivos movimientos dentro del Gobierno que durante los últimos meses redujeron su influencia sobre otras áreas.
Sebastián Pareja y Santiago Caputo.
La escena ofrece así una fotografía poco habitual de la interna oficialista: un hombre de Karina Milei estará al frente del organismo encargado de controlar al área más sensible que todavía permanece bajo la influencia directa de Caputo. Pareja ya hizo llegar a la SIDE las preguntas preparadas por los integrantes de la comisión y la expectativa en el Congreso es que el encuentro permita empezar a ordenar una agenda de trabajo que hasta ahora acumuló más interrogantes que respuestas.
La citación había sido acordada el 14 de julio, durante la primera reunión de la comisión encabezada por Pareja. Entonces, los legisladores resolvieron convocar al denominado “Señor 5” para fines de agosto. Auguadra nunca había concurrido al Congreso desde que reemplazó a Sergio Neiffert en diciembre de 2025 —aunque recientemente se lo vio en una reunión de la Fundación Faro, el think tank libertario—, pese a que durante esos meses la SIDE atravesó una nueva reforma normativa, modificaciones internas y un incremento sustancial de sus recursos.
Cristian Auguadra durante una reunión de la Fundación Faro en Puerto Madero.
Uno de los principales capítulos de la reunión será el DNU 941/2025, firmado por Milei el 31 de diciembre y publicado los primeros días de enero. La norma modificó nuevamente la Ley de Inteligencia Nacional y reorganizó el sistema creado después de la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia. Entre sus puntos más controvertidos incorporó la posibilidad de que agentes de inteligencia puedan aprehender personas ante situaciones de flagrancia o por requerimiento judicial, una atribución cuestionada por sectores de la oposición y especialistas por considerar que desdibuja la frontera entre las tareas de inteligencia y las funciones propias de las fuerzas de seguridad.
Auguadra deberá explicar además cómo se articula la SIDE con las estructuras de inteligencia dependientes de Seguridad y Defensa, otro de los puntos sensibles abiertos por la reforma. La cuestión había aparecido ya durante la reunión de julio, cuando el diputado del PRO Cristian Ritondo planteó conocer más acerca del traspado del la inteligencia militar a la órbita del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
La puerta de 25 de Mayo 11, sede central de la SIDE, a metros de la Casa Rosada.
PIN
Pero buena parte de la presión opositora estará concentrada en otro documento: el Plan de Inteligencia Nacional (PIN). Los diputados de Unión por la Patria remitieron 121 preguntas a Auguadra, muchas de ellas relacionadas con ese programa y con las facultades incorporadas por el DNU de enero. El tema arrastra, además, una discusión que comenzó durante la composición anterior de la Bicameral y que obligó a la propia SIDE a revisar parte de su planificación.
El extitular de la SIDE, Sergio Neiffert, durante la jura de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, una de sus últimas apariciones públicas.
El primer PIN había sido elaborado durante la gestión de Neiffert y provocó fuertes cuestionamientos después de que se conocieran algunos de sus objetivos. El documento contemplaba la posibilidad de “producir información” sobre “actores estratégicos” que buscaran “erosionar el sistema financiero” o provocar una “pérdida de confianza” en las políticas económicas del Gobierno. También incluía entre sus objetivos a quienes difundieran deliberadamente información falsa para “influir o manipular” la opinión pública y a aquellos actores o circunstancias capaces de obstaculizar el relacionamiento estratégico de la Argentina con Estados Unidos.
La amplitud de esas definiciones encendió las alarmas dentro de la oposición y entre organizaciones especializadas en derechos humanos. El principal interrogante era quién podía quedar comprendido bajo la categoría de “actor estratégico”: con una formulación tan abierta, advertían entonces integrantes de la Bicameral, un periodista, un economista crítico, un dirigente opositor o un referente social podía terminar convertido en objetivo de tareas de inteligencia por cuestionar la política económica o intervenir en la discusión pública, pese a que la Ley de Inteligencia prohíbe expresamente el espionaje basado en opiniones políticas, actividad lícita o pertenencia partidaria.
La sede central de la SIDE, en 25 de Mayo 11, a escasos metros de la Casa Rosada.
La Bicameral, que entonces presidía el radical Martín Lousteau, plasmó esas objeciones en un dictamen crítico y reclamó modificaciones. La advertencia tuvo consecuencias: dos meses después, según pudo saber elDiarioAR, Neiffert presentó una nueva versión del PIN que eliminó algunos de los puntos que habían generado mayor controversia.
La nueva redacción buscó desplazar el foco desde personas o grupos determinados hacia conductas, procesos y campañas originadas fuera del territorio nacional, una modificación que dentro de la comisión fue interpretada como un intento por cerrar la puerta que la primera versión había dejado abierta al espionaje político. Sin embargo, el cambio no terminó de clausurar la discusión. La oposición quiere saber ahora qué versión del PIN se encuentra efectivamente en ejecución, cómo fueron traducidos sus objetivos generales en directivas operativas y qué ocurrió con las observaciones formuladas por la anterior Bicameral.
Pedidos de informe
Pareja deberá administrar esas discusiones desde una posición parlamentariamente favorable al Gobierno. De los 14 integrantes que debería tener la comisión, La Libertad Avanza controla cinco lugares, tres correspondientes a Diputados y dos al Senado. A ellos se suman cuatro legisladores que habitualmente funcionan como aliados: Ritondo y Martín Goerling, del PRO; Maximiliano Abad, de la UCR; y Edith Terenzi, de Provincias Unidas.
Los senadores Goerling (PRO) y Abad (UCR) junto a Juan Carlos Pagotto (LLA) durante una comisión de la Cámara alta.
El peronismo tiene como representantes en Diputados a Agustín Rossi, Rodolfo Tailhade y Ramiro Gutiérrez, además de la senadora jujeña Carolina Moisés. Una silla permanece vacante por la decisión de un sector del kirchnerismo de no integrar las comisiones del Senado como protesta por el reparto de lugares acordado entre el oficialismo que conduce Patricia Bullrich y sus aliados.
Esa relación de fuerzas le garantiza a Pareja un margen considerable para conducir la comisión, aunque no necesariamente para evitar los cuestionamientos. De hecho, en su primera reunión al frente de la Bicameral se aprobaron pedidos de información impulsados desde diferentes sectores políticos, una señal de que el nuevo control oficialista del cuerpo no supone que la SIDE vaya a quedar completamente aislada de las preguntas de la oposición.
El mendocino Facundo Leal fue detenido en mayo pasado.
Tailhade presentó entonces dos pedidos de informes. Uno apunta al equipamiento de inteligencia secuestrado judicialmente en la investigación contra Facundo Leal, expresidente de ARSAT durante las administraciones de Alberto Fernández y Milei, acusado por presuntas irregularidades vinculadas con contrataciones del organismo. El diputado busca determinar el origen y destino de esos equipos y si pudieron haber sido utilizados para tareas de espionaje.
El segundo está relacionado con la situación de Miguel Gómez Goldin, designado como director de Coordinación del Subsistema de Inteligencia Criminal dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), que depende del Ministerio de Seguridad. La oposición reclama precisiones sobre una designación que todavía no fue formalizada mediante su publicación en el Boletín Oficial, según publicó elDiarioAR.
Conocido por el apodo de "Tiki", Miguel Gómez Goldin es politólogo y construyó un perfil eminentemente técnico.
El interrogatorio a Auguadra se producirá, además, pocas semanas después de que la SIDE recibiera otra fuerte ampliación de recursos. El DNU 594/2026 incorporó $49.261 millones adicionales al organismo, sobre los $97.135 millones contemplados originalmente para 2026. Con la modificación, el presupuesto de Inteligencia quedó por encima de los $146.000 millones, además de una ampliación de partidas destinadas a gastos reservados.
El aumento volvió a colocar el manejo de los fondos de inteligencia en el centro de la discusión política, después de la controversia que había generado en 2024 el otorgamiento de $100.000 millones en gastos reservados mediante el DNU 656. Aquella norma terminó rechazada por el Congreso y obligó posteriormente a la SIDE a devolver buena parte de los recursos que no habían sido utilizados.
PL/CRM
