El Tribunal Supremo ha detenido la inscripción de ciudadanos españoles residentes fuera del país después de que Vox e Iustitia Europa presentaran un recurso contra la norma que aceleraba el proceso electoral, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez acusa al PP y a grupos ultraderechistas de intentar vulnerar el voto de los descendientes del exilio republicano.
La medida judicial se produce tras la interposición de una demanda por parte de la formación de Vox y la organización Iustitia Europa, que cuestionan la legalidad de la instrucción que pretendía simplificar la incorporación de los españoles en el extranjero al censo electoral. Como consecuencia, el alto tribunal ha ordenado la paralización del censo para los votantes residentes fuera de España.
El ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha denunciado que el Partido Popular y los sectores más radicales de la derecha buscan “robar el voto” a los hijos y nietos de los que huyeron durante la Guerra Civil, intentando manipular el resultado de las próximas elecciones mediante la exclusión de este colectivo del padrón electoral.
