Autoridades detuvieron al supuesto líder de una banda criminal que, desde tres penales de la provincia de Buenos Aires, habría ejecutado más de 10.000 llamadas engañosas a personas de distintas regiones, y el fiscal solicitó la prohibición total del uso de teléfonos móviles en los centros penitenciarios.
Según la investigación, la organización criminal se valía de dispositivos móviles ocultos en tres unidades penitenciarias bonaerenses para perpetrar estafas telefónicas contra víctimas ubicadas en varias provincias del país. Las autoridades describen el método como una sofisticada operación que utilizaba números falsos y técnicas de suplantación de identidad para lograr sus objetivos.
El fiscal a cargo del caso ha pedido al Poder Judicial que se imponga una restricción absoluta al uso de celulares dentro de las cárceles, argumentando que la presencia de estos aparatos facilita la continuidad de delitos graves desde el interior del sistema penitenciario. La medida busca evitar que otros internos reproduzcan este tipo de actividades delictivas mientras están privados de libertad.
