Cristina Fernández de Kirchner recurre a los tribunales internacionales. El objetivo central es, sin duda, conseguir que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dicte una medida cautelar suspendiendo su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El argumento central es que esa condena, la de inhabilitación perpetua, es inconstitucional y no tiene ninguna razonabilidad. A partir de eso, se plantea la posibilidad de que CFK sea candidata en las PASO 2027. Los nuevos abogados internacionales de Cristina, el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim, junto con su conocido letrado Carlos Alberto Beraldi, plantearon ese punto central en la comunicación individual que ya le formularon al Comité de la ONU y que esperan sea tratada en octubre. Por supuesto, en paralelo, se pidieron otras dos cautelares, una referida a las condiciones de la detención domiciliaria y otra relacionada con la Corte Suprema. Pero, al mismo tiempo, se hizo un cuestionamiento de fondo sobre la condena de la causa Vialidad, en esencia por la falta de imparcialidad de los jueces que visitaban a Mauricio Macri en Olivos o la Casa Rosada, o los que jugaban al fútbol en la quinta del mandatario del PRO; el perito que posteaba contra Cristina y aun así dictaminó en el juicio oral, el decreto considerado central por los jueces argentinos, que no fue firmado solo por ella y que sigue vigente hasta la actualidad, siendo la base de la condena; las (supuestas) pruebas introducidas a último momento desde otras causas y una larga -interminable- serie de irregularidades en el proceso. “Es asombroso lo que ocurrió aquí. En el fallo dicen algo en una página y lo contrario en la siguiente. No es serio lo que pasó. Es gravísimo”, le dijeron Borrego y Valim a Página/12.
