No quedó casi nada de la versión original, pero el oficialismo logró aprobar la ley con 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones. El capítulo que restituyó la Ley de Tierras fue aprobado casi por unanimidad. Ahora la iniciativa gira al Senado que definirá si se aceptan los cambios.
No quedó casi nada de la versión original que redactó Federico Sturzenegger, pero, después de casi medio año, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Con 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones, el oficialismo consiguió sancionar el proyecto que avanza con los desalojos exprés, encarece las expropiaciones y restituye, en giro de 180 grados, la Ley de Tierras de Cristina Fernández de Kirchner. El proyecto, ahora, deberá girar al Senado para que Patricia Bullrich defina si aceptará los cambios.
Fue una votación mucho más justa de lo esperado. Si no fuera por las abstenciones del larretista Álvaro González y de los 5 diputados cordobeses que responden a Martín Llaryora –Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Natalia Torres–, el proyecto desguazado de Sturzenegger se habría caído. La ley cosechó votos negativos en peceras que, habitualmente, el Gobierno considera que le son funcionales: no solo el peronismo votó en contra, sino también los catamarqueños de Raúl Jalil y los tucumanos de Osvaldo Jaldo.
El proyecto de Sturzenegger endurece las condiciones para que el Estado pueda expropiar bienes. Exige que las expropiaciones respondan a una declaración específica de utilidad pública e introduce el reconocimiento del lucro cesante a la hora de definir la indemnización, lo que encarecerá las futuras expropiaciones. “El Estado no puede de manera caprichosa y arbitraria tomar un bien que no le corresponde”, justificó el libertario Santiago Santurio, quien defendió que “el lucro cesante sea resarcido al propietario”.
También avanza con juicios sumarísimos de desalojo para recuperar inmuebles ocupados o alquilados por inquilinos en mora. El proyecto habilita que, en casos de falta de pago o vencimiento del contrato, el locador (el dueño de la propiedad) pueda exigir la desocupación inmediata del inmueble luego de 10 días del aviso de falta de pago.
“Plantea los desalojos exprés. No digo que no tenga que existir la herramienta, pero tiene que existir una protección del derecho a la vivienda de los ciudadanos. Pero uds adjudican al derecho tierra y vivienda el de un activo financiero y obligan a la gente a vivir cada vez peor”, los cruzó la camporista Paula Penacca.
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