El Gobierno abandonó su intento de derogar la emergencia en discapacidad y acordó un nuevo proyecto con aliados. La actualización de las prestaciones quedó fuera del texto y genera desconfianza entre los bloques que acompañaron el dictamen.
En un giro de 180 grados, el oficialismo pasó de querer barrer con la ley de emergencia en discapacidad a dictaminar un proyecto que la ratifica. La propuesta incluye el nomenclador único de las prestaciones, la inclusión laboral de las pensiones y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como única vía de acceso a una pensión. Martín Menem, sin embargo, se guardó una carta: la de no explicitar nunca el mecanismo de actualización de las prestaciones. Los aliados cuestionaron la decisión, pero acompañaron el dictamen del oficialismo con disidencias.
Menem consiguió lo que había ido a buscar cuando habilitó que se desautorizara a Javier Milei y se presentara una propuesta que contradecía lo que, hace una semana, el Gobierno había enviado en el Presupuesto. Es decir, hacerse con el dictamen de mayoría de un tema que la oposición había utilizado como punta de lanza contra el Gobierno durante todo el año pasado. A un mes de la llegada del Papa León XIV, que visitará el Cottolengo Don Orione de Claypole cuando llegue a la Argentina, el oficialismo quería evitar un escenario de tensión con las organizaciones de las personas con discapacidad, que vienen denunciando al Gobierno por incumplir la ley de emergencia sancionada el año pasado.
“No venimos a demonizar la emergencia, sino que nos preguntamos qué viene el día después de la emergencia. La principal preocupación es la generación de políticas estables, la tranquilidad de que las reglas de juego no se van a cambiar de manera permanente”, sostuvo Laura Rodríguez Machado, la bullrichista que se encargó de redactar la nueva propuesta del oficialismo junto al PRO y la UCR. Rodríguez Machado, que integra La Libertad Avanza, votó en contra de la emergencia tres veces el año pasado: cuando se aprobó en Diputados por primera vez, cuando se insistió tras el veto de Milei y cuando el Gobierno intentó derogarla en el Presupuesto 2026.
La bullrichista Laura Rodríguez Machado
El dictamen del oficialismo –que consiguió 42 firmas con ayuda de los gobernadores de San Juan, Tucumán, Salta, Misiones y Neuquén– fue consensuado para incluir gran parte de las incorporaciones de la ley de emergencia que el Gobierno había intentado vetar el año pasado. Ese fue, incluso, el argumento que utilizaron los aliados para apoyar la propuesta del oficialismo: si se aprobaba la versión del oficialismo, Milei no podría vetarla.
El proyecto mantiene el Nomenclador Único para las prestaciones por discapacidad, que garantiza la uniformidad de los aranceles que las prepagas y obras sociales deben pagarle a los prestadores. Sostiene la inclusión laboral, que habilita a las personas a cobrar una pensión con discapacidad teniendo un trabajo formal o informal con salarios de hasta dos sueldos mínimos. Y confirma que las pensiones por discapacidad continuarán siendo garantizadas a través del Certificado Único de Discapacidad.
Las organizaciones de personas con discapacidad, sin embargo, miran la propuesta con desconfianza. También algunos diputados de los partidos provinciales, que acompañaron el dictamen pero advierten que hay ambigüedades que dejan abierta la puerta a las discrecionalidades del Ejecutivo. “Acá lo que pasa es que se perdió la confianza en el Gobierno, y este es el resultado”, explica uno de los diputados provinciales que acompañó el dictamen con disidencias. Nadie cree que el Gobierno cumplirá con su palabra, por lo que exigen un proyecto a prueba de trampas.
El mayor punto de conflicto es el que se refiere a la actualización de las prestaciones. El principal objetivo de la ley de emergencia de discapacidad fue indexar las prestaciones para que fueran actualizadas de manera mensual según la fórmula de movilidad jubilatoria (que es el índice de inflación). El Gobierno pisó el valor de las prestaciones durante 2025, generando la crisis en el sector que derivó en las movilizaciones de las familias y personas con discapacidad frente al Congreso casi todas las semanas. Ese fue el germen de la ley de emergencia.
El diputado de UxP Juan Marino
La suspicacia de los aliados se debe a que el proyecto del oficialismo no expresa de manera taxativa que la actualización será automática, mensual y por IPC. Lo que hace el texto es retrotraer al articulado de la ley de emergencia que había incluido esta exigencia en la ley de discapacidad, pero no especifica el contenido. El misionero Oscar Herrera Ahuad, que fue uno de los que negoció gran parte del proyecto con el oficialismo, exige que se de mayor claridad sobre ese punto y que, a su vez, el proyecto especifique las partidas que estarán destinadas a Discapacidad. No quiere esperar a ver a que aparezcan en el Presupuesto.
El peronismo, mientras tanto, presentó su propio dictamen junto a Provincias Unidas y la izquierda. La oposición propone prorrogar la emergencia, que es lo que vienen exigiendo las organizaciones de las personas con discapacidad.
“Respetamos el criterio de las organizaciones de las organizaciones que dicen ‘nada sobre nosotros sin nosotros’. No se puede presentar una ley entre gallos y medianoche sin convocar a las personas con discapacidad”, cuestionó Juan Marino (UxP), que señaló que, si querían generar “confianza” en las organizaciones primero tendrían que eliminar el capítulo del Presupuesto que barre con las garantías legales de las personas con discapacidad y elegir un secretario de Discapacidad “que no venga a profundizar el ajuste”. El día anterior, el Ministerio de Salud había anunciado que el reemplazo de Alejandro Vilches al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad sería Pablo Di Liscia.
La oposición analiza los pasos a seguir. El hecho que el oficialismo haya conseguido más firmas en las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto no significa que tenga más número en el recinto, pero en el peronismo sospechan que muchos de los gobernadores que los habían respaldado hace un mes buscarán, ahora, jugar con el Gobierno.
El oficialismo, mientras tanto, no se apura a convocar una sesión tampoco. Se acumulan los pedidos de modificaciones –como el que exige establecer un cronograma de pagos para la deuda que tiene el Gobierno con los prestadores, a quienes todavía no les pagó la compensación que establece la ley de emergencia– y, si continúa resistiéndose, varios aliados ya le advirtieron que acompañaran la prórroga.
Quien consiga antes el número será quien convoque.
MCM/CRM
