“Les prometí enfrentar el terrorismo y lo estoy haciendo”, afirma el presidente colombiano en un video difundido en redes sociales, en el que se lo ve entre las bolsas blancas que contienen los cuerpos de 23 muertos en un bombardeo del ejército colombiano.
El presidente colombiano, el ultra Abelardo De la Espriella, había prometido durante su campaña electoral endurecer las políticas de seguridad contra los grupos violentos en Colombia. Pero pocos pensaron que también endurecería el formato en el que mostraría los resultados del conflicto interno. Fue el miércoles de esta semana cuando el mandatario, de 49 años, publicó en su cuenta de X un largo video en el que, tras informar de la muerte de 23 presuntos delincuentes en un bombardeo del ejército sobre una zona de la selva del sur del país, se podía ver como él mismo paseaba entre las filas de bolsas blancas con los cadáveres de los supuestos criminales muertos en el departamento del Guaviare.
Se trata del tercer bombardeo letal contra grupos criminales en menos de un mes de gobierno de De la Espriella. La ofensiva forma parte de una nueva fase de la guerra para combatir organizaciones violentas y el narcotráfico, llevada a cabo por el nuevo Ejecutivo de extrema derecha. “Les prometí enfrentar el terrorismo y lo estoy haciendo”, afirmó De la Espriella en el video.
La publicación generó críticas de organizaciones de derechos humanos, académicos y la oposición colombiana. Emily Dickinson, directora para América Latina del think tank International Crisis Group, expresó su rechazo públicamente, señalando que el acto glorifica la violencia.
“Exhibidos como trofeos de guerra”
El experto en seguridad Hugo Acero traza la frontera del “monopolio legítimo de la fuerza”. El Estado colombiano, recuerda, tiene la obligación ineludible de proteger a la ciudadanía y esa obligación lo habilita, según la ley, a emplear una “fuerza proporcional y letal” contra quienes la infrinjan. El quiebre ético y legal, sin embargo, no ocurre en el momento del uso de la fuerza, sino en la fase posterior. Tras los protocolos de “investigación judicial y análisis forenses”, el Estado debe restituir los cuerpos a sus familiares.
Es la única manera, añade Acero, de garantizar sus derechos en materia de “procesos religiosos y culturales”. Por ello advierte que los restos humanos no pueden ser “exhibidos como trofeos de guerra” ni instrumentalizados con fines políticos o mediáticos. Y deja claro que la acción estatal no opera bajo la lógica de la “retaliación”, sino bajo la premisa de la seguridad colectiva.
Este mismo viernes, el presidente ultra mostró en X la imagen de otros cuatro cadáveres, después de una operación contra el narcotráfico, llevada a cabo por la Policía Nacional colombiana, en la que aseguró que fue abatido alias Naím o “Bendito Menor”, que De la Esrpiella calificó como “uno de los criminales más peligrosos del país”.
“Desde mi posesión impartí una instrucción perentoria a la cúpula militar y policial: convertir a este criminal en objetivo de alto valor y perseguirlo sin descanso”, escribió el mandatario. “Hoy, con la Operación Centinela de la Patria, demostramos que las órdenes se cumplen y que cuando el Estado actúa con determinación, inteligencia y contundencia, el crimen retrocede”, agregó.
La ofensiva militar de De la Espriella, que se enmarca en el Escudo de las Américas impulsado por la Administración de Donald Trump, chocó esta semana con una decisión judicial contundente. Un juzgado de Arauca (departamento fronterizo con Venezuela) ordenó al Estado colombiano detener los bombardeos contra grupos armados hasta que las fuerzas armadas ajusten sus protocolos para garantizar que menores de edad no sean blanco de los ataques aéreos. La medida responde a múltiples denuncias de presuntas víctimas civiles en operaciones previas.
Discurso de mano dura
El freno legal llega justo cuando De la Espriella quiso acelerar su discurso de firmeza militar: 26 combatientes muertos durante sus primeras semanas de gobierno. Sin embargo, el contraste inquietó a los observadores del conflicto interno. Mientras el presidente reporta las ofensivas en sus redes sociales, detallando bajas, alias de combate e incautaciones de arsenal por parte del ejército, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que cuatro menores fallecieron en los dos primeros bombardeos —dos adolescentes de 15 años y otros dos de 16 años—.
La reacción de la oposición trascendió las redes sociales. Iván Cepeda, excandidato presidencial, senador y una de las principales figuras de la izquierda colombiana, criticó con fuerza las medidas de seguridad anunciadas por el Gobierno para los primeros cien días de mandato. Entre otras, calificó el resurgimiento del ESMAD (polémico cuerpo antidisturbios de la Policía) como preocupante y una amenaza para la democracia en Colombia.
Asimismo, desde la toma de posesión de De la Espriella el 7 de agosto, Cepeda pasó de la denuncia a la acción. Anunció la creación de un “gabinete en la sombra”, inspirado en el modelo británico, con voceros especializados por sectores desde la oposición de izquierda. Su misión: vigilar de cerca cada Ministerio del Gobierno ultraderechista. Así, la colación del Pacto Histórico del expresidente Gustavo Petro busca armar una oposición técnica y constante que cuestione las decisiones presidenciales, que mantenga viva un discurso político independiente a la de la ofensiva militar y otros proyectos que De la Espriella puso en marcha.
El círculo cercano de De la Espriella está formado por militares retirados que moldean la estrategia sobre el terreno y frente a las cámaras, aseguran fuentes cercanas al mundo castrense. El Ministerio de Defensa, por ejemplo, fue entregado a Jorge Mora López, un general retirado con 30 años de experiencia en crimen transnacional, y la Comandancia de las Fuerzas Militares recayó en el general Erik Rodríguez, quien había sido retirado por Petro meses antes.
La revista The New Yorker identificó recientemente cómo la maquinaria digital de Nayib Bukele se expande por América Latina a través de videos, símbolos e influencers que buscan transformar la seguridad en una experiencia emocional. De la Espriella replicó ese modelo en Colombia. En la pieza presidencial, el mandatario se refiere a alias “Tigre”, uno de los cabecillas de la facción liderada por Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia. Está al frente de un grupo disidente de las desaparecidas FARC que rechazó el acuerdo de paz de 2016, opera en la Amazonía traficando con droga y controlando territorios.
De la Espriella afirma en el video que el Tigre es “ese miserable que hoy hemos sacado de circulación”. La difusión de las imágenes oficiales marca, quizás, un quiebre en la comunicación institucional de Colombia. La puesta en escena que muestra cadáveres de supuestos disidentes abatidos vulnera la dignidad de los muertos, señala el editorial publicado el viernes en el diario colombiano El Espectador.
En la misma línea, expertos y observadores recordaron en los últimos días que existen otros métodos eficaces para comunicar el éxito operativo de las fuerzas de Colombia. Se trata de estrategias que respetan el marco ético, evitan el terreno de la venganza y se ciñen estrictamente al cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, que prohíbe la instrumentalización de los cuerpos de las personas desarmadas o caídas en combate. Ariel Ávila, analista de seguridad y de derechos humanos opositor, resumió: “Una cosa es actuar con contundencia ante los violentos; otra, la necropolítica y la espectacularización de la muerte”.
