El llamado a concurso de Nación para integrar socios privados genera polémica al incluir una cláusula que podría encorsetar la capacidad productiva del Estado.

Diversos sectores han puesto en tela de juicio la iniciativa, argumentando que la medida favorece a intereses particulares y compromete la autonomía operativa de la institución pública.

Según los críticos, la restricción impuesta en el acuerdo limitaría la capacidad de respuesta y expansión de la producción estatal, lo que podría afectar la competitividad y la seguridad nacional en el largo plazo.