La organización Usina de Justicia acusa a la jueza Marta Elba Pascual de usurpación funcional y abuso de autoridad por haber detenido la aplicación del régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires.
En un comunicado oficial, la ONG señaló que la decisión de la magistrada ha generado un retroceso en la implementación de medidas alternativas para menores infractores, afectando a cientos de adolescentes que esperaban beneficiarse del nuevo marco legal.
Según los representantes de Usina de Justicia, la medida adoptada por la jueza contraviene los principios de justicia restaurativa y vulnera los derechos de los menores, por lo que exigen una revisión inmediata y la restitución del proceso penal juvenil tal como fue previsto por la normativa provincial.
