Un año después de que el Ministerio de Capital Humano cesara cerca de dos mil puestos, la mayoría de los despedidos sigue sin encontrar empleo estable, recurriendo a trabajos temporales o a iniciar sus propios negocios, pese a contar con títulos universitarios.
Los trabajadores que fueron puestos a disposición y luego desvinculados por la gestión de Javier Milei afirman que la falta de oportunidades les ha obligado a aceptar empleos informales o a emprender actividades de baja rentabilidad, lo que ha deteriorado sus condiciones de vida.
Varios de estos ex empleados han presentado demandas ante los tribunales solicitando su reincorporación al sector público, argumentando que el proceso de despido no respetó los derechos laborales y que la medida ha generado un grave problema de inserción laboral en el país.
