La normativa que regula el aborto sigue en vigor, pero la estrategia federal que garantizaba su acceso se ha ido erosionando bajo la gestión del presidente Javier Milei.
Desde su promulgación, la ley que permite la interrupción del embarazo ha permanecido legal; sin embargo, la infraestructura y los protocolos diseñados en los primeros años de su aplicación están siendo desmantelados por decisiones del nuevo gobierno.
Expertos y organizaciones de derechos humanos advierten que la falta de recursos y la retirada de medidas de acompañamiento podrían dificultar el acceso efectivo a la interrupción legal del embarazo, a pesar de que la normativa sigue vigente.
