La sesión fue pedida no solo por el oficialismo sino por líderes de todos los bloques dialoguistas a excepción de Elijo Catamarca y el MID.
La Cámara de Diputados confirmó la convocatoria a sesión especial para el próximo miércoles al mediodía a fin de tratar una serie de proyectos, entre los que sobresalen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la actualización de la Ley de Inocencia Fiscal y la adhesión argentina al Tratado de Cooperación Internacional en materia de Patentes (PCT).
La sesión fue pedida a través de una nota enviada a la Presidencia de la Cámara baja con las firmas del presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y referentes de todos los bloques dialoguistas, lo que da a entender que los temas a abordar en el recinto tienen acuerdo previo y no habría contratiempos para su aprobación con media sanción.
Firman el pedido de sesión Javier Sánchez Wrba y Alejandro Finocchiaro del PRO, Pamela Verasay (UCR), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Alberto Arrúa y Oscar Herrera Ahuad (Innovación Federal), Gladys Medina (Independencia – Tucumán), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo – San Juan), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Karina Maureira (La Neuquinidad) y Karina Banfi (Adelante Buenos Aires).
De esta lista sorprende acaso la firma de Scaglia, quien en lo personal mantiene buen vínculo con el oficialismo pero conduce un bloque cuya mayoría suele ser esquiva a la estrategia del Gobierno nacional.
La rúbrica de la diputada santafesina contrasta con la ausencia de la firma de Sebastián Nóblega, el presidente del bloque Elijo Catamarca, fuerza política alineada al gobernador Raúl Jalil que en los últimos tiempos empezó a diferenciarse de La Libertad Avanza.
Tampoco el pedido de sesión lleva la firma de Eduardo Falcone del MID, quien quedó molesto por una serie de decisiones y destratos recientes del oficialismo.
En la sesión de la Cámara baja, además de los tres proyectos impulsados por la Casa Rosada, se tratará la reducción del IVA a la fécula de mandioca a pedido de la provincia de Misiones, y también una serie de expedientes de carácter simbólico vinculados a la declaración de capitales nacionales en distintos rubros de diferentes ciudades y provincias del país.
La reforma del Banco Central
La iniciativa, definida por el propio Milei como “la más importante” de esta etapa de su gobierno, busca consolidar a nivel normativo lo que considera una batalla cultural ganada: que está mal imprimir moneda sin respaldo y que la emisión cero es un principio innegociable.
En este marco, se prohíben los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles y se limita la transferencia de utilidades a ganancias reales obtenidas por la entidad.
El proyecto elimina la multiplicidad de propósitos que se adjudicaba el Banco Central a través de su Carta Orgánica y mantiene como único mandato el de preservación del valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento del Tesoro.
“Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos”, se indica.
“De esta forma se remueven del elenco de atribuciones del Directorio las funciones de orientación del crédito hacia destinos determinados y las políticas crediticias diferenciadas, propias de la banca de fomento y ajenas a la misión de una autoridad monetaria, cuya persecución por la vía de la emisión o de la regulación distorsiva ha demostrado ser ineficaz para sus fines declarados y lesiva para la preservación del valor de la moneda”, explica el proyecto.
Por otra parte, se busca fortalecer la independencia del Banco Central, por ejemplo endureciendo los requisitos para remover al presidente y a los directores del organismo, exigiendo una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso nacional para blindarlos de los cambios en los gobiernos.
Nueva ley de Inocencia Fiscal
El proyecto, que modifica aspectos de la ley 27.799 de Inocencia Fiscal, amplía el universo de contribuyentes que podrán adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, al permitir que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, sin topes de ningún tipo en cuanto a ingresos y patrimonio.
En la actualidad podían solo adherirse los que tengan un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.
La nueva iniciativa también extiende el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027.
Otro punto clave es que se mantienen las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.
En ese contexto, se redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que es el criterio que habilita a ARCA a impugnar una declaración jurada simplificada y revisar las declaraciones del Impuesto a las Ganancias.
Esa discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15 % respecto de lo declarado por el contribuyente.
En tanto, se establece que los contribuyentes que adhieran a este régimen simplificado deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV).
En cuanto a los últimos cambios aplicados en el dictamen, se acordó reducir un 25% las multas por infracciones formales a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
Ley de adhesión al tratado de patentes
El PCT (Patent Cooperation Treaty) es un sistema internacional -al cual ya adhirieron 158 países del mundo– que permite simplificar el registro de patentes a través de un formulario de solicitud unificado.
Se trata de una suerte de mercado común de patentes que presenta oportunidades para investigadores y empresas argentinas para acceder más fácilmente a otros países y comercializar sus desarrollos y productos.
Sin embargo, también contrae riesgos insoslayables, porque la adhesión argentina al tratado de cooperación internacional también permitirá que multinacionales extranjeras puedan patentar con mayor facilidad y de esa manera perjudicar a la competencia local, encareciendo los costos para el sistema de salud.
El patentamiento de medicamentos estadounidenses podría perjudicar o retrasar la producción de genéricos de laboratorios nacionales, que comercializan drogas a valores considerablemente más bajos.
Esa situación podría eventualmente trasladar parte de esos costos al sistema de salud y encarecer el acceso a medicamentos para la población en general.
Finalmente, el Gobierno resolvió dejar en reserva el capítulo II del tratado, de manera tal que Argentina adherirá al sistema internacional de patentes, pero mantendrá el control local sobre ciertos instrumentos de evaluación técnica y patentamiento de medicamentos.
Con información de NA.
