En medio de la sesión por la Inocencia Fiscal II y biocombustibles, legisladores de la oposición cuestionaron con dureza los cambios en la Ley de Emergencia en Discapacidad que metió el Gobierno en el Presupuesto 2027. La senadora Bullrich admitió que en el oficialismo no habían sido informados. "Disfrutan ver sufrir a los más vulnerables", disparó Wado de Pedro desde la Cámara alta.
El Senado sesiona este jueves con el objetivo declarado de convertir en ley la Inocencia Fiscal II y avanzar con la reforma del régimen de biocombustibles, pero el temario oficial quedó relegado a un segundo plano en el inicio del debate. El oficialismo llegó al recinto con 37 legisladores propios y debió salir a buscar el respaldo de bloques provinciales y federales para garantizar el quórum, en una jornada que comenzó dominada por los reclamos de la oposición contra los recortes en discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027.
El senador de Unión por la Patria Eduardo “Wado” de Pedro fue el más duro. Vinculó los cambios que el Gobierno impulsa sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad con el articulado del nuevo Presupuesto y acusó al Ejecutivo de desentenderse del problema: “El Gobierno desconoce la Emergencia en Discapacidad, la veta y el Congreso vuelve a insistir. Parece que el presidente Javier Milei disfruta ver sufrir a los más vulnerables”, lanzó. También apuntó contra la lógica de ajuste familiar que, dijo, el oficialismo pretende trasladar a los hogares con una persona con discapacidad a cargo: “Los discapacitados dependen de la ayuda del resto de la sociedad. Es imposible que el pluriempleo pueda sostener a un hijo o a un miembro de la familia que necesita ayuda.”
A los cuestionamientos por discapacidad se sumaron las críticas del kirchnerismo por el endeudamiento de las familias argentinas. La senadora Alicia Kirchner advirtió sobre lo que definió como “usura social” y describió un escenario de “precariedad y abandono” que, sostuvo, alcanza a una gran mayoría de la población. La legisladora señaló que buena parte de las familias recurrió al crédito para sostener el consumo básico y que ese fenómeno quedó legitimado por la falta de respuestas del Estado.
El trasfondo de los reclamos tiene nombre y artículo: el 39 del proyecto de Presupuesto 2027, que habilitaría la eliminación del nomenclador nacional de discapacidad, el instrumento que fija valores de referencia uniformes para tratamientos, traslados y prestaciones en todo el país. Sin esa regulación unificada, los montos quedarían sujetos a negociaciones individuales con cada obra social, con el riesgo de que la diferencia termine cayendo sobre las familias.
La incomodidad no quedó circunscripta a la oposición. La propia jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, reconoció públicamente que ni ella ni el resto de la Mesa Política habían sido informados de los cambios en discapacidad que terminaron incorporados al Presupuesto. “A mí me sorprendió porque, estando en la Mesa Política, el tema no salió a la luz. No nos enteramos, es la verdad”, admitió en radio Rivadavia, y reconoció que ese tipo de desprolijidades “resiente un poco las relaciones” dentro del espacio libertario.
El episodio se inscribe en una tensión que el Gobierno viene arrastrando desde hace meses. La Ley de Emergencia en Discapacidad fue vetada por Javier Milei en 2025 y el Congreso insistió con su sanción, convirtiéndola en la Ley 27.793. Desde entonces, sucesivos intentos oficiales de introducir modificaciones —incluida una propuesta del ministro de Salud, Mario Lugones, en abril— reavivaron el conflicto con los aliados legislativos y con el sector de prestadores, que denuncia pagos demorados de hasta 90 días y familias que abandonan coberturas por la crisis económica.
Más allá del ruido por discapacidad y endeudamiento, el Senado busca avanzar este jueves con el resto de un temario cargado: además de convertir en ley la Inocencia Fiscal II y avanzar con la reforma del régimen de biocombustibles, está en el temario el traspaso de competencias penales a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, la incorporación del Parque Nacional Monte León y una serie de pliegos judiciales, entre ellos las designaciones para tribunales en materia de delitos económicos. En cambio, quedó nuevamente postergado el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos que el oficialismo negocia con los bloques dialoguistas y que todavía no logró destrabar.
