El canciller y el ministro de Defensa recorren el obrador de la Base Naval Integrada, una obra de entre 400 y 500 millones de dólares de la que solo hay financiado un 30%. Habrá reunión con el gobernador Gustavo Melella. Horas antes, un decreto creó el Sistema de Articulación de la Política Exterior, que obliga a toda la Administración Pública a reportar a la Cancillería cualquier gestión que roce la soberanía sobre las islas.
El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, están este viernes en Ushuaia para recorrer el predio donde el Gobierno busca acelerar la construcción de la Base Naval Integrada, la obra que el propio Ejecutivo frenó desde la asunción de Javier Milei pero que ahora busca acelerar en el marco del nuevo discurso soberanista por las Malvinas. La visita se concreta en medio de una semana cargada de gestos oficiales sobre las islas: el último fue este mismo viernes el Gobierno oficializó la creación de un nuevo mecanismo que centraliza en la Cancillería toda actividad del Estado nacional que pueda incidir en el reclamo de soberanía.
Según supo elDiarioAR, Quirno y Presti llegaron a Ushuaia pasadas las 11, luego de despegar desde el Aeropuerto Militar de Aeroparque a las 6.30 en un avión Embraer RJ de la Fuerza Aérea. Los acompañan el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Marcelo Dalle Nogare, y el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, junto con los diputados nacionales de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego Miguel Rodríguez y Santiago Pauli, y los senadores del mismo espacio Agustín Coto y Belén Monte de Oca. Al llegar, la comitiva recibía una exposición sobre la estrategia argentina en el Atlántico Sur, Malvinas y la proyección antártica, y luego recorría el sitio junto a los equipos técnicos a cargo de la obra.
La agenda oficial contempla que la delegación sea recibida por el gobernador peronista Gustavo Melella. El dato no es menor: tanto Melella como el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, venían reclamando en los días previos no haber sido convocados a participar del armado de esta visita, en un contexto de relación distante entre la Casa Rosada y la administración provincial a lo largo de los últimos tres años.
En términos de financiamiento, la iniciativa completa requiere una inversión estimada entre 400 y 500 millones de dólares. Hasta ahora, la única partida confirmada es una reasignación presupuestaria de US$142 millones, formalizada mediante una modificación publicada en el Boletín Oficial, que cubre apenas cerca del 30% del costo total calculado: el 70% restante todavía no tiene origen definido. La obra había arrancado en 2022, durante la gestión de Alberto Fernández, y permaneció prácticamente congelada durante el primer año del gobierno de Milei —con un 9,13% de avance físico que no se movió entre diciembre de 2023 y agosto de 2025—.
El otro movimiento llegó por decreto. Este viernes, el Boletín Oficial publicó el Decreto 983/2026, que crea el Sistema de Articulación de la Política Exterior “en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto”, coordinado por la Cancillería. El nuevo esquema tiene a su cargo “la implementación de los mecanismos de información, coordinación y asesoramiento oportuno” respecto de toda actividad internacional de organismos de la Administración Pública Nacional que pueda incidir en la política exterior argentina o, específicamente, en las acciones para “recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”.
En la práctica, el decreto obliga a todos los organismos del Estado nacional a informar a la Cancillería, con los alcances y plazos que esa cartera determine, cualquier reunión, comunicación, negociación o actividad internacional que involucre a autoridades extranjeras u organismos internacionales y que pueda fijar posiciones oficiales del país, incidir en negociaciones diplomáticas en curso, implicar la firma de acuerdos o declaraciones conjuntas, generar consecuencias jurídicas o políticas, comprometer los lineamientos de política exterior del Poder Ejecutivo o, de manera explícita, involucrar a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y la soberanía argentina sobre esos territorios. Quedan afuera del nuevo control las gestiones ante organismos financieros internacionales o bancos multilaterales de desarrollo que se limiten a cuestiones financieras, crediticias o de ejecución de programas.
MC
