Lleva más de 40 años sin sellar, y desde 2022 expulsa gases y una lluvia de hidrocarburos sobre 20 hectáreas de bosque nativo argentino. Una causa penal apunta al representante legal de President Petroleum por contaminación ambiental y en paralelo, una demanda civil exige que las seis empresas que manejaron la concesión paguen la remediación del pozo.
Imagine un tramo de bosque donde termina el Chaco Seco, la gran llanura árida que se extiende por el centro de Sudamérica, y empieza a ganar terreno la humedad de las Yungas, la selva de montaña que baja desde los Andes.
En esa franja entre ambas ecorregiones conviven especies que no se encuentran en ningún otro ambiente. Según describe la autoridad de Parques Nacionales en Argentina, entre los árboles que definen este tipo de ecosistema está el quebracho colorado (Schinopsis lorentzii), de madera tan dura y densa que recibe el nombre de “quiebra hacha” y que durante más de un siglo fue arrasado por la industria taninera para la curtiembre (el proceso que transforma la piel animal en cuero).
Junto a él crece el palo santo (Bulnesia sarmientoi), un árbol de tronco oscuro y aromático, típico de las bajadas más húmedas del Chaco, que suele formar pequeños grupos junto a sus vecinos leñosos. Más cerca del límite con la selva de montaña aparece el lapacho rosado (Handroanthus impetiginosus) que puede alcanzar los 30 metros y que en la temporada seca cubre sus ramas de una floración fucsia que contrasta contra el resto del bosque, todavía sin hojas.
Ahora, imagine que en el centro de ese corredor ecológico hay un pozo petrolero abandonado, perforado en 1983, y que desde hace más de tres años expulsa sin control gases de efecto invernadero y una lluvia de hidrocarburos.
El paisaje de la zona de influencia del pozo abandonado es desolador. Foto: cortesía Greenpeace
Así es el paisaje en Lomas de Olmedo, al norte de la provincia argentina de Salta, donde 20 hectáreas de este bosque único de transición ya están secas, sin vida, cubiertas por una película aceitosa que tiñe todo de un color terracota. Quienes han llegado hasta allí no dudaron en bautizar el territorio como el “Chernóbyl argentino”.
El pozo LO-X10 (su nombre técnico dentro del área hidrocarburífera Puesto Guardián) se ubica en jurisdicción de Pichanal, departamento de Orán, a unos 260 kilómetros de la capital salteña. Perforado en 1983 por Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la petrolera estatal argentina, nunca llegó a explotarse comercialmente y quedó sin el sellado técnico que exige su abandono.
Con los años, la concesión del área pasó por distintas operadoras hasta llegar a President Petroleum S.A., una empresa de capitales británico-argelinos que heredó la responsabilidad del pozo sin haberlo perforado, y que en Argentina está en quiebra declarada desde 2024.
Para el biólogo y especialista en biodiversidad Matías Arrigazzi, quien participó de una misión exploratoria de la organización Greenpeace en el territorio, en noviembre de 2025, llegar a Lomas de Olmedo fue en sí mismo un desafío. “Llegamos por un contacto desesperado de uno de los pobladores, uno de los pocos que sigue ahí, aunque ya no debería [por su seguridad]”, cuenta.
Entre los materiales que los pobladores compartieron al equipo de Greenpeace, y a los cuales Mongabay Latam tuvo acceso, se encuentra un video de una vaca muerta por asfixia, cuyo vómito se prendió fuego al acercarse a un encendedor. Se presume que esto ocurrió por el consumo de agua contaminada, aunque no es posible confirmarlo porque no se hizo una autopsia al animal.
“Primero vimos una nube lejana, una nube extraña. Si uno bajaba la ventanilla del auto, se empezaban a sentir los olores y a escuchar como un ruido blanco, como si la tele se quedara sin señal o si alguna catarata estuviera cerca”, relata Arrigazzi al recordar su acercamiento a la zona afectada. “Luego encontramos animales muertos al costado del camino. Íbamos avanzando con la camioneta y vimos a un animal muerto, luego otro, después cada vez más seguidos, pilas de animales y después hileras de animales muertos tirados al costado del camino”.
Cuenta además que, al acercarse al pozo, la única señalización del lugar resultaba inútil: “Hay un cartel que creo que dice ‘prohibido el ingreso’, pero no se lee bien porque está tapado por los mismos gases que cuando salen del pozo se precipitan en forma de lluvia aceitosa. Entonces, no hay nada que impida el paso ni que advierta sobre el peligro real. Estamos hablando de un lugar donde uno pisa y salen hidrocarburos”, resume Arrigazzi.
Habla de un territorio que, además de estar identificado provincialmente como Ecosistema Prioritario para la Conservación, es reconocido internacionalmente como Área Importante para la Conservación de las Aves. Una categoría que, explica Arrigazzi, indica que allí deberían existir “especies que están muy amenazadas, siendo una zona clave para intervenir en cuanto a la conservación”.
Según comenta el biólogo, en Lomas de Olmedo deberían convivir el ocelote (Leopardus pardalis), el oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla), el pecarí labiado (Tayassu pecari), la tortuga acuática chaqueña (Acanthochelys pallidipectoris), además del águila coronada (Buteogallus coronatus), de la que quedan menos de 1000 ejemplares en todo el país.
Vista aérea del pozo LO-X10 en Lomas de Olmedo, Salta. La boca del pozo expulsa gases y fluidos que cubren el terreno y escurren hacia una laguna amarillenta formada en sus inmediaciones. Foto: cortesía Martín Katz/Greenpeace
Un pozo sin sellar
El pozo LO X-10 fue perforado inicialmente en 1983 por YPF. Ocho años más tarde, en 1991, mediante un decreto nacional, el área fue adjudicada como CNO-8 “Puesto Guardián” a un consorcio de tres empresas privadas.
A partir de 1991, la concesión del área cambió de manos seis veces en 24 años, hasta que en 2015 la empresa President Petroleum SA quedó como única dueña.
El 22 de agosto de 2023, tras una denuncia de President Petroleum SA, la Secretaría de Minería y Energía de Salta abrió el expediente administrativo para monitorear una posible pérdida de hidrocarburos en el pozo LO-X10.
Según un documento de agosto de 2026 de la Fiscalía de Estado, al cual accedió Mongabay Latam, las inspecciones posteriores confirmaron fugas de gas activas en la boca del pozo y aparición de hidrocarburos alrededor. La compañía, sin embargo, postergó las tareas de abandono definitivo del pozo alegando que su contratista estaba operando en otros sitios y que retomaría más tarde las tareas de sellado.
Sin embargo, fuentes de la fiscalía señalaron a Mongabay Latam que ya existían “múltiples controles, intervenciones técnicas y reclamos por pasivos ambientales sobre el pozo LO-X10” antes de agosto de 2023.
Ese mismo año, Aureliano Reyes, productor ganadero de la finca “El Estanque”, ubicada en Lomas de Olmedo, colindante con el área del pozo, presentó la denuncia que dio origen a una causa penal. Entre las múltiples pérdidas, Reyes reportó la muerte de 350 cabezas de ganado vacuno y equino, sumadas a la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas en su propiedad.
Vacas y cabras muertas a la vera de un camino de tierra en Lomas de Olmedo, cerca de Pichanal, Salta. En el monte, los árboles aparecen secos y sin hojas. Video: cortesía El Tribuno
Tras la quiebra de President Petroleum, la provincia de Salta declaró la caducidad de la concesión mediante un decreto y el área volvió a manos del Estado salteño. En diciembre de 2025 quedó a cargo, de manera transitoria, de REMSa, la empresa estatal de recursos energéticos y mineros de Salta.
Sin embargo, según el acta acuerdo firmada a finales de 2025 entre la Provincia y REMSa, las tareas de control y el abandono definitivo del pozo se limitan solo a “resguardo de emergencia”, preservando instalaciones, evitando que el daño se agrave y realizando un estudio ambiental de base.
Ante la falta de respuesta a su denuncia, Aureliano Reyes contactó a la organización Greenpeace, que en noviembre de 2025, luego de su primera visita en territorio, lanzó la campaña “Chernóbyl salteño”.
Hoy en Lomas de Olmedo, aún no existe una obra de saneamiento en curso.
Los vecinos atribuyen la liberación de gas como la causante de la muerte del ganado. Video: cortesía El Tribuno
Responsabilidades en disputa
El cierre técnico de un pozo, cuando se hace correctamente, elimina cualquier posibilidad de fuga. Así lo explica Jorge Martín Camargo, ingeniero de petróleos con más de tres décadas de trayectoria en la industria.
“Cuando tú sellas algo, como cuando cierras una botella gaseosa, ¿qué sale de la botella? Nada. No tiene que salir nada porque está sellado”, explica. Que el LO-X10 emita metano de forma simultánea a los hidrocarburos líquidos que surgen en superficie no es, para el ingeniero Camargo, un misterio técnico, sino la prueba de que “no se selló, se dejó abierto”.
Si el pozo estuviera correctamente cerrado, agrega el ingeniero, “no podría emitir metano”. “Normalmente las compañías le tienen pereza al tema porque genera gastos y, aunque tratan de cumplir con la norma, no siempre aseguran los pozos de manera debida”, explica.
En Argentina, el abandono de pozos de hidrocarburos está regido por la Resolución 5/96 de la entonces Secretaría de Energía, Transporte y Comunicaciones de la Nación, vigente desde 1996. La norma obliga a las concesionarias a sellar los pozos inactivos, tanto los que dejaron de producir como los que solo fueron perforados, como es el caso del LO-X10.
Para los que están en zonas de bosque, o a menos de 200 metros de un curso de agua, el plazo era de diez años, con una prórroga posible de uno más. Según esos plazos, el LO-X10 tendría que haber quedado sellado cómo máximo alrededor de 2006.
La resolución exige, entre otros requisitos, un mínimo de dos tapones de cemento, cortar la cañería a dos metros de profundidad, sellarla con una tapa de acero y señalizar el sitio con un cartel legible y durable.
Consultado sobre si existe una forma técnica de determinar cuándo comenzó una fuga si no hay registros previos, Camargo responde que los organismos competentes “tendrían que consultar a un brujo, es muy difícil decir si fue ayer, hace un año o hace 20 años que el pozo está emitiendo metano y efluentes”.
Esa misma incertidumbre técnica es hoy el centro de dos causas judiciales que buscan, por caminos distintos, determinar responsabilidades sobre el pozo LO-X10.
Según el informe de la Fiscalía de Estado, la causa penal está dirigida al representante legal de President Petroleum, imputado por contaminación ambiental con resultado dañoso, por no contener ni tratar los efluentes liberados en el área del pozo entre octubre de 2023 y mayo de 2025.
El expediente está en etapa de Investigación Penal Preparatoria y al 28 de agosto de 2026 seguía trabado por una solicitud de nulidad de la defensa. Hasta el cierre de esta nota, el pozo LO-X10 sigue sin ser sellado y continúa liberando gases e hidrocarburos.
Existe además una segunda causa, presentada el 3 de junio de 2025 por la provincia de Salta, que busca la reparación del daño colectivo por vía civil y ambiental contra President Petroleum y las empresas que administraron la concesión previamente. La demanda invoca la responsabilidad solidaria que prevé la Ley General del Ambiente cuando no puede determinarse el aporte individual de cada responsable y busca forzar la recomposición integral del pozo, algo que, según la Fiscalía, “solo será posible tras el sellado efectivo del pozo”. Hoy la causa está ampliada contra el Estado Nacional, con apelaciones de las empresas demandadas.
La vegetación que rodea al pozo LO-X10 quedó cubierta por una capa de sedimentos y fluidos. Según el biólogo Matías Arrigazzi, recuperar un bosque nativo maduro puede llevar más de 100 años. Foto: cortesía Martin Katz/cortesía Greenpeace
Mientras ambos procesos avanzaban, el 23 de octubre de 2026 la Justicia de Salta ordenó a las seis empresas que operaron el pozo presentar un plan para su cierre definitivo. La resolución da a YPF, quien perforó el pozo en 1983, y a President Petroleum, diez días hábiles para presentar un plan de cierre y contención inmediata de los fluidos. La orden, no obstante, choca con un gran obstáculo para la Justicia provincial, que no logra ubicar a President Petroleum.
En entrevista telefónica con Mongabay Latam, la Fiscalía de Estado de Salta explicó que la provincia se presentó en la quiebra de la empresa para reclamar por el daño ambiental, pero no hubo ningún tipo de acercamiento para planificar el cierre del pozo. “El único contacto que tenemos es a nivel judicial”, confirmaron funcionarios de la provincia.
Además, señalan desconocer si el síndico [funcionario judicial que administra los bienes de la empresa en quiebra] se presentará a cumplir la orden.
Hasta el cierre de esta nota, ni President Petroleum ni su casa matriz Molecular Energies han respondido a las consultas de Mongabay Latam. Fuentes de YPF dijeron a este medio que la compañía colaborará con la solución que promueva la provincia de Salta, pero indicaron que “la responsabilidad es de President Petroleum y así lo hizo saber YPF en todas esas instancias del proceso”.
Las emanaciones del pozo LO-X10 cubren de gases y sedimentos el bosque que lo rodea, en Lomas de Olmedo, Salta. Foto: cortesía Matías Arrigazzi/Greenpeace
Gases y afectaciones a la salud
Para llegar hasta la boca del LO-X10 hay que usar máscaras. En un registro audiovisual difundido por Greenpeace, Arrigazzi describe un olor que se parece al de una estación de servicio de gasolina con las tapas abiertas. En su recorrido también encontró lagunas con restos de hidrocarburos a unos 500 metros del pozo, algo que, según los testimonios recogidos por el equipo de campaña, no se veía en 2024. Es el mismo aire que respiran las pocas familias que todavía viven en Lomas de Olmedo.
El detector de gases que llevaban marcó altas concentraciones de metano, propano y butano. “Yo no soy médico”, explica Arrigazzi, pero “tampoco creo que haga falta serlo para darse cuenta que no está bueno estar ahí”. Los pobladores le contaron que se sienten mal cuando permanecen en la zona y que, en una de las visitas de las autoridades provinciales, les recomendaron no dormir más en sus casas.
Según le relataron, los atardeceres y las noches son los peores momentos, cuando la presión del pozo aumenta y ya no pueden pasar cerca. Ahora, además, les preocupa el agua con hidrocarburos que brota del pozo y que cada día llega más lejos.
El Estado provincial sabe que el aire alrededor del pozo es peligroso. Tras una inspección el 4 de junio de 2025, el Comité de Crisis advirtió que la situación se había vuelto más crítica y estimó de forma preliminar un radio de seguridad de entre 200 y 300 metros desde la boca del pozo. Entre las medidas acordadas figuraba abrir un camino alternativo para los dos puesteros de la zona (pobladores rurales que viven en viviendas precarias, llamadas puestos) para evitar que pasen por el sector de mayor concentración de gases.
Semanas después, el medio local El Tribuno informó que, según fuentes técnicas, los fluidos que expulsa el pozo tienen un alto contenido de gas sulfhídrico, altamente nocivo para la salud. El mismo medio había informado de pobladores que deben vivir con máscaras por la toxicidad del aire.
¿Qué significa para el cuerpo humano vivir durante tres años cerca de una fuga como esta? Un documento publicado en septiembre de 2026 por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), elaborado por el médico toxicólogo Francisco Tomás Dadic, presidente de la Fundación Argentina de Toxicología (FARTOX), advierte que los pozos abandonados pueden seguir liberando contaminantes durante décadas.
Según el informe, la principal puerta de entrada de los hidrocarburos al organismo es la respiración, aunque también ingresan al comer o a través de la piel. El sulfuro de hidrógeno, el gas reportado en Olmedo, está clasificado como un gas “histotóxico” porque ataca directamente la respiración de las células: en bajas concentraciones irrita y en dosis altas puede provocar un paro respiratorio.
“¿Cuál es la magnitud de ese daño? Eso no lo sabemos, no sabemos hasta dónde puede llegar”, dice Arrigazzi.
Hasta el cierre de esta nota, el Ministerio de Salud Pública de Salta no respondió las consultas de Mongabay Latam sobre estudios públicos de la salud de quienes viven o vivieron cerca del pozo y la cantidad de vecinos que han declarado problemas respiratorios.
Desde la boca del pozo, a la izquierda, los fluidos corren por canales hasta una laguna en medio del monte, en Lomas de Olmedo, Salta. Foto: cortesía Martín Katz/Greenpeace
Pasivos ambientales y la era de los grandes incentivos
Sellar el pozo LO-X10 será apenas el primer paso. Según Arrigazzi, algunas especies vegetales pueden volver a brotar en pocos meses, pero los árboles tardan mucho más en crecer y madurar. “Para tener un bosque nativo con características de maduro, a veces hablamos de más de 100 años”, explica el biólogo.
Mientras el LO-X10 sigue abierto, el presidente Javier Milei apuesta por atraer nuevas inversiones en hidrocarburos. En julio de 2024, mediante la Ley 27.742, el Gobierno argentino creó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios por 30 años a proyectos en sectores como petróleo y gas.
En febrero de 2026, el Decreto 105 extendió hasta el 8 de julio de 2027 el plazo para adherirse al régimen e incorporó, dentro del sector de petróleo y gas, la explotación y producción de nuevos desarrollos de hidrocarburos en tierra firme, en áreas que todavía no habían sido desarrolladas.
Según el Observatorio del RIGI, más del 95 % del volumen de inversión anunciado hacia mayo de 2026 correspondía a minería e hidrocarburos, con Salta entre las provincias que concentran buena parte de esas iniciativas.
¿Qué pasaría si una de esas empresas dejara un pasivo ambiental sin remediar? Durante la presentación del segundo boletín del Observatorio del RIGI, Mongabay Latam consultó a Luciana Ghiotto, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y del Transnational Institute (TNI), un centro internacional de investigación con sede en Amsterdam que analiza comercio, inversiones y justicia social.
Según Ghiotto, los tribunales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) “están pensados para que un inversor reclame contra un Estado, no al revés”, explica. “La fuente del derecho para ellos es el Tratado de Protección y Promoción de Inversiones, no un tratado de protección y promoción de los derechos humanos, derechos ambientales o derechos laborales”.
En otras palabras, si una empresa abandona un pozo y deja un pasivo, el Estado no tiene una vía equivalente para demandar ante esos mismos tribunales. “En el caso de una demanda por reparación de pasivos ambientales, el que siente violado su derecho es el inversor, porque esto afecta la inversión. El Estado no podría accionar”, resume.
Mientras la discusión sobre quién reparará el daño sigue abierta, en Lomas de Olmedo el bosque todavía da señales de vida. Durante su recorrido, el equipo de Greenpeace fotografió brotes nuevos entre las plantas muertas que rodean el pozo. Pero junto a ellos encontró otros del mismo tamaño, ya secos: nacen y mueren sin poder prosperar mientras el pozo siga abierto.
“No está todo perdido. Y no da lo mismo si se hace o no se hace [el sellamiento]”, dice Arrigazzi. “Estamos a tiempo [de recuperar el bosque], pero hay que hacerlo ya”.
El artículo original fue publicado por Ana Victoria Domínguez Britos en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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