Durante años, cada vez que Cristina Fernández de Kirchner denunció que existía lawfare en Argentina, gran parte de la oposición, sectores del Poder Judicial y buena parte de los medios rechazaron esa idea y la presentaron como una estrategia para desacreditar las causas judiciales en su contra. Sin embargo, la expresidenta sostuvo de manera constante que existía una articulación entre jueces, fiscales, medios de comunicación y sectores del poder económico para perseguir judicialmente a dirigentes políticos y condicionar su participación electoral. Esa discusión, que parecía propia de América Latina, hoy encuentra un eco inesperado en España.
