“El fallo de la coparticipación agudiza la asimetría entre Provincia y CABA”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó ante los Tribunales Federales de La Plata una denuncia penal contra Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro por "delitos de tráfico de influencias" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

En tanto, este miércoles el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak, afirmó que Kicillof tiene la "obligación" de hacerlo, porque si no podría incurrir en una "violación" de sus funciones públicas.

En diálogo con AM750, Alak explicó que existen dos motivos fundamentales para la denuncia: "Primero, se trata de que cualquier funcionario público tiene la obligación de denunciar si se advierte un delito de acción pública, en este caso, el intercambio de mensajes entre un altísimo funcionario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Secretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y que podrían configurar los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de la función pública y, fundamentalmente, tráfico de influencias".

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"Al tomar conocimiento de un hecho de esa naturaleza, (el Gobernador) está obligado a hacer la denuncia penal, por lo tanto está cumpliendo con una obligación que, si no la hiciera, incurriría en omisión", agregó.

"En segunda instancia, como gobernador tiene la obligación de defender los intereses de la provincia de Buenos Aires y del Estado provincial", remarcó.

Y señaló: "En este intercambio de chats se estaban preparando los detalles para lo que finalmente se resolvió. quitarle a las provincias más de 100 mil millones de pesos para dárselos a la Ciudad de Buenos Aires", señaló.

"¿Por qué el gobernador debe realizar esta denuncia? No solamente porque todos sabemos que hace más de 30 años la provincia de Buenos Aires viene siendo discriminada en cuanto a la coparticipación -produce el 40% de los recursos públicos y recibe como coparticipación el 22%-, sino que este fallo agudiza especialmente la asimetría que hoy existe", concluyó.

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