El gobierno de Javier Milei puso en marcha una cuestionable legislación a partir de la cual las personas que tengan armas no declaradas o que las hayan obtenido de manera irregular quedarán eximidas de cualquier sanción penal. La controversial medida, además, les da un plazo de un año para declarar la tenencia ante los organismos oficiales, bajo ningún tipo de multa por su compra y uso fuera de la ley.
