El foco del Ejecutivo sobre la migración ha despertado críticas que denuncian la instrumentalización política y el riesgo de tratar el tema como una cuestión de seguridad.

Diversos analistas y organizaciones sociales alertan que la actual estrategia del Estado, centrada en operativos y controles, podría agravar la situación de los migrantes y desviar la atención de políticas integrales.

Según los críticos, la utilización de la migración como herramienta política vulnera derechos humanos y dificulta la búsqueda de soluciones sostenibles, mientras el gobierno defiende la medida como necesaria para garantizar la seguridad nacional.