Se debate hasta qué punto los medios pueden entrevistar a políticos que promueven discursos de odio y desinformación, poniendo en riesgo la convivencia social.
Los profesionales de la información se encuentran en una encrucijada ética: por un lado, la necesidad de cubrir a todas las figuras públicas; por otro, la responsabilidad de no legitimar mensajes que fomentan la división y la falsedad.
Expertos afirman que ofrecer plataforma a quienes difunden mentiras y ataques contra grupos vulnerables puede erosionar la confianza ciudadana y debilitar los principios democráticos que el periodismo busca defender.
