El portavoz Adrian Ravier defendió la necesidad de desregularizar la actividad de los practicantes, calificándola como crucial, mientras las compañías navieras estiman pérdidas de entre cincuenta mil y cien mil dólares por cada embarcación paralizada y advierten que una extensión del paro podría comprometer el suministro de energía.
Ravier sostuvo que la flexibilización del marco normativo permitiría mantener la operatividad de los puertos y evitar mayores impactos económicos, señalando que los practicantes desempeñan funciones indispensables para la cadena logística marítima.
Por su parte, los representantes de la industria marítima indicaron que cada buque detenido genera un costo que ronda entre cincuenta mil y cien mil dólares al día, una cifra que se traduciría en pérdidas millonarias si la huelga se prolonga, y advirtieron que la escasez de combustible y la interrupción del flujo energético son escenarios plausibles si la medida de fuerza no se resuelve pronto.
