Enrico reitera su exigencia a la autoridad nacional para que restablezca el mantenimiento de las vías o las transfiera, al estilo de la A-012, mientras que sentencias judiciales y recursos no ejecutados empeoran el deterioro de los corredores.
El dirigente volvió a manifestar que el Estado federal tiene la obligación de intervenir en la reparación de las rutas de la provincia o, en su defecto, entregarlas a la gestión privada, tal como se realizó con la carretera A-012.
Según él, la falta de cumplimiento de fallos judiciales y la ausencia de fondos destinados a estas obras están agravando el abandono y el mal estado de los corredores viales, lo que afecta a los usuarios y a la actividad económica regional.
