El exdiputado pidió que se revoque la resolución judicial, se levante el embargo de $1.000 millones y se deje sin efecto la prohibición de salir del país. Cuestionó la falta de pruebas y sostuvo que la causa busca proscribirlo.
El exdiputado José Luis Espert apeló este martes su procesamiento en la causa que investiga el presunto lavado de dinero vinculado a los 200.000 dólares que recibió en 2020 de una empresa relacionada con Federico “Fred” Machado. A través de sus abogados, presentó dos recursos ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro y solicitó que la Cámara Federal de San Martín revoque la decisión del juez Lino Mirabelli.
La defensa también reclamó que se levante el embargo de $1.000 millones dispuesto sobre sus bienes y que se deje sin efecto la prohibición de salir del país. Además, pidió su sobreseimiento o, subsidiariamente, que se dicte la falta de mérito por considerar que no existen elementos suficientes para sostener la acusación.
“Apelé mi procesamiento y el de mi empresa porque el fallo es contradictorio, sesgado, falto de prueba y de tintes políticos”, afirmó Espert en un comunicado difundido tras la presentación judicial.
La investigación se centra en una transferencia de 200.000 dólares que el exlegislador recibió en enero de 2020 y que, según su versión, correspondía a un anticipo por servicios de consultoría. Los fondos estaban vinculados a Machado, el empresario argentino condenado en Estados Unidos e investigado por presuntas actividades relacionadas con el narcotráfico y el lavado de activos.
En su descargo, Espert cuestionó la interpretación del magistrado, quien consideró que el dinero provenía de una actividad ilícita y que el contrato de consultoría utilizado para justificar la operación era simulado.
Según el exdiputado, el propio juez descartó parte de las acusaciones impulsadas por la Fiscalía, entre ellas la presunta vinculación de los fondos con un fideicomiso inmobiliario y la compra de un vehículo a fines de 2024. También señaló que Mirabelli rechazó las agravantes propuestas por los investigadores y no cuestionó su capacidad profesional para prestar los servicios contratados.
“La imputación quedó reducida, en lo sustancial, a la transferencia recibida desde EE. UU., su aplicación a dos automóviles y la contabilidad de una sociedad”, sostuvo.
Uno de los principales argumentos de la apelación apunta a lo que Espert considera una contradicción en los fundamentos de la resolución. Aseguró que el magistrado reconoció la necesidad de acreditar el origen ilícito de los fondos, pero avanzó con el procesamiento sin contar todavía con esa prueba.
“Se exige a sí mismo probar un delito previo vinculado a los fondos recibidos y páginas después declara innecesario probar ese vínculo”, cuestionó.
También rechazó que pudiera haber conocido las presuntas actividades ilegales de Machado al momento de recibir el dinero. En ese sentido, señaló que el empresario era presentado entonces como un hombre de negocios vinculado al sector aeronáutico y que incluso organismos estatales que habían mantenido relaciones con él no habían advertido irregularidades.
“Pero yo debía saber -según el juez- que no lo era. ¿Debo ser clarividente yo?”, planteó.
Espert negó, además, que la operación pudiera constituir lavado de activos, con el argumento de que la transferencia se realizó a una cuenta bancaria a su nombre y que el dinero fue utilizado en operaciones declaradas.
“Machado no recibió de vuelta un solo dólar. El dinero quedó en mi cuenta, se gastó a mi nombre y los impuestos los pagué yo”, afirmó.
Otro de los cuestionamientos de la defensa estuvo dirigido a las referencias del juez a la eventual utilización de fondos ilícitos para financiar dirigentes y campañas electorales. Espert sostuvo que esas cuestiones no formaron parte de su indagatoria y denunció que fueron incorporadas a la resolución con una finalidad política.
“Es muy grave, porque se me ensucia con algo por lo que nunca fui escuchado ni acusado formalmente, y porque revela la naturaleza política de este proceso, empleado para perseguirme y proscribirme”, manifestó.
En ese marco, calificó de “desproporcionados e injustos” tanto el embargo de $1.000 millones como la restricción para viajar al exterior. También reiteró sus críticas al desarrollo de la investigación y, particularmente, a la actuación del fiscal.
La defensa insistió en que los elementos reunidos hasta el momento no permiten configurar el delito de lavado de activos y sostuvo que todavía están pendientes medidas probatorias que el propio juzgado considera necesarias para esclarecer el origen de los fondos.
“Pido que la investigación se complete y que se la juzgue por lo que hay en el expediente y por lo que la ley dice que es lavar dinero. No por suposiciones”, expresó Espert.
Finalmente, aseguró que continuará cuestionando la resolución en las instancias judiciales que correspondan. “Seguiré luchando hasta las últimas instancias, mal que le pese a quienes urdieron este plan para sacarme del medio”, concluyó.
Con información de la agencia NA
