El 6,5% de crecimiento del PBI esconde una economía a dos velocidades: crecen el agro, la minería y la energía, mientras la industria y la construcción se desploman y ya destruyeron más de 210.000 empleos formales. Sin una política productiva activa, advierte esta columna, esa brecha puede consolidar "dos Argentinas".
Desde la asunción de Javier Milei, la macroeconomía argentina exhibe un dato que el oficialismo suele esgrimir con orgullo: un crecimiento agregado del 6,5% del PBI. Sin embargo, la frialdad de los indicadores generales esconde una realidad dual y sumamente riesgosa. La Argentina actual avanza a dos velocidades marcadamente contrapuestas: por un lado, un puñado de sectores primarios y transables vinculados a los recursos naturales —la agroindustria (+26%), la minería y la energía (+23%)— que se expanden con vigor; por el otro, el verdadero corazón del empleo y del mercado interno —la industria manufacturera (-13%) y la construcción (-12%)— que se desploma de forma dramática.
Esta divergencia sectorial rompió una constante histórica de la economía argentina: la relación directa entre el crecimiento del PBI y la creación de trabajo. Mientras la actividad estadística sube, el empleo privado formal se destruye, acumulando una sangría de más de 210.000 asalariados registrados. La razón es estructural: las actividades extractivas son altamente intensivas en capital pero extraordinariamente acotadas para absorber mano de obra. El agro, la minería y la energía, sumados, representan una fracción menor de la ocupación total y han registrado incluso caídas en su demanda laboral.
En la práctica, las casi 175.000 ocupaciones perdidas en la industria están mutando hacia servicios no transables de baja productividad e informalidad: cuentapropismo, repartidores de plataformas y comercio ambulante. No asistimos a un proceso de modernización ni a un salto cualitativo hacia la economía digital, sino a una degradación de las condiciones de vida donde empleos con paritarias, derechos y aportes previsionales son reemplazados por estrategias de supervivencia precaria.
Esta brecha también fractura el territorio. El crecimiento se focaliza en enclaves puntuales como Neuquén —impulsado por el fenómeno no convencional de Vaca Muerta (+22,7% en su Producto Bruto Geográfico)— o la franja cordillerana minera. En contraposición, el mapa federal se tiñe de rojo por el apagón industrial y el freno absoluto a la obra pública. Sin una intervención coordinada, el riesgo no es solo una brecha estadística, sino la consolidación definitiva de “dos Argentinas”: una minoritaria, conectada al mundo y generadora de divisas; y otra mayoritaria, estancada, precarizada y excluida de los beneficios del desarrollo.
El trabajo en el centro de la estrategia
La producción y el empleo de calidad no son variables secundarias que se ordenan automáticamente tras la estabilización macroeconómica; constituyen el motor indispensable de cualquier proceso de desarrollo. La estabilidad de precios es una plataforma necesaria, pero si se alcanza destruyendo puestos de trabajo y aplastando los salarios, se convierte en la “paz de los cementerios productivos”. La idea de que los dólares de la energía o la minería generarán un “derrame” automático hacia el conjunto de la sociedad ignora el funcionamiento real de la estructura productiva argentina.
A este escenario se suma el impacto acelerado de la innovación tecnológica. Aunque la industria manufacturera continuará siendo clave en agregación de valor, innovación e ingresos por exportación, el futuro de la absorción masiva de empleo se desplazará crecientemente hacia los servicios: economía del cuidado, industrias culturales, logística, construcción y servicios basados en el conocimiento.
La evidencia global frente al dogmatismo local
La narrativa oficialista sostiene que la apertura comercial irrestricta y la retirada total del Estado reasignarán los recursos hacia sectores competitivos de manera natural. Sin embargo, la evidencia internacional reciente camina exactamente en el sentido contrario. En el escenario pospandemia, los países desarrollados aplican, en promedio, cinco veces más políticas industriales que las economías en desarrollo.
Los “países que nos gustan” intervienen de forma directa: Estados Unidos destina más de USD 50.000 millones mediante la Ley CHIPS para subsidiar la fabricación local de semiconductores exigiendo empleo formal e inversión en I+D; la Unión Europea coordina la Alianza de Baterías agrupando a más de 800 actores para blindar su soberanía industrial; y Brasil impulsa el programa Nova Indústria Brasil, inyectando 300.000 millones de reales a través del BNDES. La Argentina de hoy recorre la senda opuesta desmantelando programas de desarrollo de proveedores que habían demostrado que más del 85% de las pymes participantes incrementaban su plantilla laboral al integrarse en cadenas de valor estratégicas.
Una propuesta de política productiva sin repetir el pasado
Para construir una alternativa creíble es indispensable partir de una autocrítica honesta. Sostener proteccionismos arancelarios rígidos de forma crónica, sin exigir metas estrictas de productividad e innovación, ni poner fecha de vencimiento a los esquemas de promoción, aisló a determinados sectores y asfixió la dinámica exportadora.
La nueva política productiva no debe subsidiar la ineficiencia, sino promover la competitividad sistémica a través de bienes públicos: infraestructura de transporte para recortar costos logísticos, nodos de transferencia tecnológica para pymes, certificaciones de calidad internacional y financiamiento accesible. En este marco, esquemas como el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) deben reformularse: no pueden funcionar como enclaves extractivos aislados, sino que deben incorporar cláusulas obligatorias de desarrollo de proveedores locales en metalmecánica, software y servicios de ingeniería.
La hoja de ruta para una economía integrada exige articular la riqueza natural con la matriz tecnológica y manufacturera: potenciar la fabricación de bienes de capital e insumos para la energía y la electromovilidad; agregar valor en origen mediante la petroquímica y la biotecnología aplicada al agro; consolidar el ecosistema de la economía del conocimiento; y posicionar al turismo como un canal federal de captación de divisas e inclusión laboral joven.
El orden macroeconómico es la condición de entrada, pero nunca el sustituto de una estrategia industrial y tecnológica integral. Sin la macro no se puede, pero con la macro sola no alcanza para evitar que la brecha productiva termine dividiendo al país en dos.
