La ruptura de la organización criminal que operaba desde las prisiones de Olmos y Batán reaviva el debate sobre la prohibición total de teléfonos móviles con internet en los establecimientos penitenciarios.
El caso de la llamada masiva realizada por la banda del “Subcomisario Gutiérrez”, que simulaba emergencias para extorsionar a ciudadanos y familias, evidencia cómo los internos utilizan los smartphones como herramienta central para delitos como secuestros virtuales y fraudes bancarios. La investigación judicial reveló una red con roles bien definidos que llegaba a ejecutar hasta cincuenta llamadas diarias, demostrando que la libre conectividad dentro de la cárcel alimenta una ciberdelincuencia organizada.
Si bien la tenencia de estos dispositivos se había permitido de forma excepcional durante la emergencia sanitaria, la normativa siempre contempló su prohibición y, una vez superada la pandemia, debía restablecerse sin dilación. El derecho a la comunicación y a la reinserción social de los reclusos puede garantizarse mediante canales controlados, como teléfonos fijos públicos, cabinas supervisadas o computadoras monitoreadas, sin necesidad de ofrecer acceso irrestricto a internet dentro de la celda.
