El 21 de diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló interponiendo una medida cautelar que determinó un aumento del porcentaje de la masa coparticipable que recibe la Ciudad de Buenos Aires al 2,95 por ciento, valor que se encontraba en 2,32 por ciento luego del decreto del presidente del año 2020.
El fallo frenó la aplicación de una ley nacional y fijó arbitrariamente el porcentaje, convalidando parte del “regalo” de Mauricio Macri en su gestión presidencial al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y obviando cuál es el gasto real del traspaso de funciones que explica la nueva alícuota. De hecho, la cautelar se emitió sin resolución sobre la cuestión de fondo, relativa al verdadero costo de las nuevas funciones de seguridad que debe asumir el gobierno porteño.
La coparticipación federal es una herramienta que debería cumplir una función distributiva ante las disparidades que existen entre las diferentes regiones del país. A contramano de esto, la decisión de la Corte a favor de la CABA profundiza las desigualdades ya existentes en materia de calidad de vida y acceso a servicios de la población entre la ciudad más rica del país y el resto de las distintas jurisdicciones.
Los datos son contundentes: el presupuesto por habitante de CABA supera en 115 por ciento al de la Provincia de Buenos Aires, la más grande del país. Aun considerando los recursos que se coparticipan a los municipios provinciales, la Ciudad supera ampliamente los montos per cápita.
Además, con el incremento del proporcional que recibe el gobierno de Rodríguez Larreta tras la medida cautelar, la CABA supera entre 1 a 6 veces el total de los presupuestos de 2022 de algunos de los municipios bonaerenses. Y todo esto en un marco donde la Ciudad de Buenos Aires registra indicadores mucho más favorables que el resto del país en cuanto a acceso a servicios básicos, tasas de empleo y de ingresos de los y las habitantes.
Ciudad y PBA
El presupuesto per cápita de la CABA, teniendo como referencia el número poblacional del censo 2022 y el monto total de recursos, propios y los que recibe por coparticipación, es de 360.143 pesos per cápita anuales.
Si se estiman los recursos de la Provincia sin considerar lo que se coparticipa a municipios bonaerenses (16,14 por ciento), los recursos per cápita de la Provincia ascienden a 167.754 pesos anuales para 2022. Es decir que la CABA se ubica por arriba en un 114,7 por ciento.
Si, en cambio, se incluyen los recursos totales de la PBA, es decir, lo que se transfiere a los municipios, la suma alcanza los 200.041 pesos per cápita. De modo que la CABA supera en un 80,0 por ciento a los recursos de la PBA.
Finalmente, si se incorporan los recursos propios de los municipios (se seleccionaron diferentes casos de municipios del conurbano bonaerense y se estimó un promedio), el monto es de 228.895 pesos. La CABA sigue superando a la PBA en un 57 por ciento en promedio.
Un caso concreto: el total de recursos per cápita de la PBA (167.754 pesos) más el total per cápita de Esteban Echeverría (recursos propios y transferidos de la provincia) suma 196.507 pesos por habitante. El valor de CABA es un 83 por ciento mayor.
Ciudad y municipios
De acuerdo a la reciente cautelar interpuesta, el porcentaje de coparticipación para la CABA tiene un aumento desde el 2,32 por ciento a 2,95 por ciento. Es decir, implica un 0,63 por ciento adicional para el gobierno de Rodríguez Larreta.
Al comparar el monto que representa ese porcentaje (40.035 millones de pesos en valores de 2022) con los presupuestos municipales de ese año, se desprende que la CABA los supera entre 1 y 6 veces.
El extra que recibe la Ciudad de Buenos Aires es más de dos veces el presupuesto, en promedio, de 20 municipios bonaerenses seleccionados (Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López).
En algunos de los casos estudiados por el CEPA, ese valor extra que recibe la CABA prácticamente equivale a los presupuestos totales vigentes de los municipios de General San Martín (45.862 millones de pesos) o Quilmes (49.288 millones de pesos).
También equivale a 6 veces el valor del presupuesto del Municipio de Ituzaingó, 5 veces el valor del presupuesto de Hurlingham, 4 veces el presupuesto de Esteban Echeverría o 3,7 veces el presupuesto de Berazategui.
Los datos muestran que la brecha se vuelve aún más grande si se compara con el equivalente de los fondos extra asignados a la CABA desde 2016 a partir del decreto del entonces presidente Macri (3,5 por ciento), es decir, si se calcula cuánto representan los 1,18 puntos sobre la masa coparticipable.
Para el 2022, los fondos extra (74.987 millones de pesos) superarían entre 1,5 y 11 veces a los presupuestos de municipios bonaerenses, diferencia que sobresale notablemente en jurisdicciones como Hurlingham (9,6 veces) e Ituzaingó (11 veces).
Federal y desigual
Si tenemos en cuenta que la distribución de recursos coparticipables debería garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional, resultan evidentes las disparidades en calidad de vida y el acceso a servicios que existen entre CABA y otras jurisdicciones subnacionales.
Para entender lo anterior, si se mira a la población con hacinamiento crítico, CABA presenta un guarismo del 3,3 por ciento, por debajo de jurisdicciones como Córdoba, Tucumán, Formosa, San Juan y PBA, salvo Santa Fe. Respecto a PBA o Tucumán, por caso, el dato de CABA resulta prácticamente la mitad, siendo además el promedio simple de esas jurisdicciones –sin la CABA– de 4,9 por ciento y del promedio país de 4,8 por ciento.
En cuanto al acceso al agua de red, los datos muestran que son las y los habitantes de provincia de Buenos Aires quienes más se ven afectados (21 por ciento), mientras que la CABA tiene un ciento por ciento de cobertura.
Si se agrega a lo anterior los datos de la población que no cuenta con cloacas, es Córdoba la provincia que tiene un mayor porcentaje de habitantes (68,4 por ciento) sin acceso, seguida por San Juan (52,5 por ciento) y PBA (35,6 por ciento), en tanto que el porcentaje más bajo corresponde nuevamente a CABA (0,7 por ciento).
Si se analiza el ingreso per cápita familiar de los hogares, el monto alcanza los 53.395 pesos para CABA (a valores de 2021), lo cual triplica, por ejemplo, el nivel de ingresos de Formosa. El promedio simple de las jurisdicciones seleccionadas sin CABA alcanza los 25.442 pesos (es decir Ciudad de Buenos Aires tiene ingresos que más que duplican este valor) y el promedio país suma 29.453 pesos.
En cuanto a los indicadores del mercado de trabajo, la tasa de actividad para CABA suma un 64,7 por ciento, superando ampliamente al resto de las jurisdicciones. Formosa, por caso, alcanza sólo un 40,2 por ciento. En tanto, la tasa de desocupación en CABA muestra un nivel de 7,0 por ciento, mientras que Córdoba tiene una tasa mayor, del 11,2 por ciento.
En cuando a la tasa de informalidad, la CABA tiene un nivel sensiblemente inferior al del resto (22,8 por ciento) y contrasta con el promedio simple de las demás jurisdicciones (42,5 por ciento) y con el promedio país, que alcanza un 36,3 por ciento.
La propia Constitución Nacional indica que “la distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto” y que “será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”. La Corte Suprema debería hacerle honor.
