A un mes del derrumbe del edificio de Floresta en el que murieron tres personas, las familias sobrevivientes continúan viviendo en un hotel a la espera de concretar un acuerdo por una solución habitacional definitiva. La mesa de negociaciones volvió a reunirse esta semana y el Gobierno porteño ofreció una suma de 350 mil pesos como subsidio habitacional de emergencia, aunque los vecinos y vecinas todavía reclaman la posibilidad de acceder a viviendas definitivas a través de un crédito o plan de pagos. Recién esta semana pudieron reingresar al lugar para retirar algunas de las pertenencias que quedaron en las viviendas que no se derrumbaron.
Treinta días pasaron desde la noche que cambió la vida de alrededor de 120 personas, en su mayoría trabajadores y trabajadoras textiles o vendedores ambulantes. La noche del 25 de abril sufrieron, antes que nada, la muerte de tres seres queridos para la comunidad que habitaban: Camila, de 12 años, Jefferson, de 19, y Felicitas, de 72. Todos perdieron, además, sus viviendas. Las de los vecinos y vecinas del sector central del edificio de Rivadavia al 8700, la zona crítica del derrumbe, quedaron reducidas a escombros tras el desprendimiento de las dos losas que las sostenían. El resto de los pequeños y precarios departamentos quedaron apenas en pie, y los vecinos y vecinas ya no podrán regresar a habitarlos.
Esta semana, en cambio, sí pudieron concretar lo que venían reclamando desde el día del derrumbe: reingresar con cuidado al lugar para poder rescatar algunas pertenencias. "El miércoles se terminaron de sacar todas las cosas de las piezas a las que se puede ingresar. Hay piezas que están tapadas con escombros y no se puede entrar, pero dijeron que se iba a ver el tema de remover para que esas personas también puedan sacar sus cosas", contó a Página 12 Elio, vecino del edificio desde hace catorce años y tío de la niña fallecida. En efecto, por el momento el reingreso fue permitido sólo para las viviendas que quedaron en pie y sin peligro concreto de derrumbe.
En la mesa de trabajo del lunes, realizada en la sede de la Defensoría del Pueblo, las partes firmaron un documento en el que el Gobierno porteño se comprometió a buscar el modo para que el resto de la gente también pueda entrar a buscar sus pertenencias. En el documento, al que accedió este diario, se dejó asentado que consultarán a la Guardia de Auxilio para que realice "las acciones necesarias para acceder a las viviendas que, hasta el momento, se encuentran más afectadas por la presencia de escombros". De la reunión también participaron la defensora del pueblo, María Rosa Muiños, y Omar Ortega, cónsul general adscripto de Perú, ya que la mayoría de las familias son originarias de ese país.
Mientras tanto, los y las sobrevivientes siguen viviendo en un hotel a cargo del Gobierno porteño. En el documento de la mesa de trabajo se lee que el GCBA "se compromete a garantizar el alojamiento en hoteles hasta el 31 de mayo". Las familias tienen la incertidumbre de qué pasará desde ese día. Fidel, otro de los vecinos del edificio, advirtió a este diario que desde entonces "cada uno verá a dónde se va". "Como ya quieren que se solucione el tema de los hoteles, están dando un subsidio habitacional para alquilar una pieza mientras se resuelva el tema de la vivienda definitiva", dijo por su parte Elio.
En efecto, Lucas Castrogiovanni, director general de Atención Integral inmediata y representante del Gobierno en la mesa de trabajo, ofreció el lunes un monto de 350 mil pesos por grupo familiar, que podría incrementarse para las familias más afectadas por el derrumbe. En el documento se aclara que la fecha límite del 31 de mayo está sujeta "al pago de dicho beneficio". Consultados por Página 12, fuentes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat aseguraron que los vecinos y vecinas estarán en el hotel "hasta que terminen de acordar, que es probable que sea en las próximas semanas". Los representantes de las familias se llevaron la propuesta para debatir una respuesta con todos los vecinos y vecinas.
Mientras tanto, las negociaciones por la solución definitiva continúan. Las familias están constituidas como cooperativa desde hace años, con el objetivo, precisamente, de encontrar un lugar mejor donde vivir. Ese es el pedido que llevaron a la mesa de trabajo desde que comenzó a reunirse tras el derrumbe y es por eso que no se conforman con un subsidio, sino que plantean la posibilidad de acceder a algún crédito a pagar para ir a locaciones definitivas. "Estamos en la mesa de trabajo siempre pidiendo una solución para vivienda definitiva, un plan de pago o algo para poder pagar y encontrar otro lugar", ratificó Elio en este sentido.
Ese pedido quedó refrendado en el último documento de la mesa de trabajo, en el que se establece que los 350 mil pesos ofrecidos por el GCBA son en concepto de "asistencia económica" y que "no podrá ser considerada como una respuesta habitacional definitiva para las familias, como así tampoco impide el acceso a otros programas que se acuerden entre las familias afectadas y otras dependencias del GCBA". Los vecinos y vecinas también habían solicitado la ampliación de la asistencia psicológica para los y las sobrevivientes del derrumbe, y finalmente el GCBA se comprometió a gestionar una "mejora" en esa asistencia.
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