Ante la presión de una movilización popular, el Ejecutivo se vio forzado a eliminar la pieza central de la polémica Ley de inviolabilidad de la propiedad privada y a abandonar la reforma de la Ley de manejo del fuego para lograr la aprobación parcial de su proyecto reducido.
La manifestación, que derivó en actos de represión, consiguió que la gestión de Bullrich retrocediera en su intento de impulsar la extranjerización de la tierra, una medida que había despertado una fuerte resistencia social.
Con la retirada de la normativa sobre la inviolabilidad de la propiedad y la renuncia a la reforma del manejo del fuego, el gobierno sólo logró sancionar una versión atenuada de su iniciativa, evidenciando el poder de la oposición ciudadana.
