Cuando pensamos en un trabajador informal solemos imaginar a alguien empleado en un negocio precario. Un puesto no registrado en una obra sin habilitación, un empleado de una verdulería de barrio sin recibo de sueldo. Esa imagen no es incorrecta, pero resulta insuficiente. Y esa simplificación tiene consecuencias sobre las políticas públicas que se diseñan para enfrentar el problema.
