El cuidado y el abordaje de políticas públicas que tiendan a reducir las desigualdades de género, territorio y generacionales es uno de los temas centrales de la agenda de los colectivos feministas, de las juventudes y de los organismos del sistema de Naciones Unidas, y forman parte de los desafíos trazados de cara a los próximos años.
Los retos sociales de inicios del siglo XXI muestran que el trabajo de cuidado no requiere solo de transferencias de dinero, sino también de infraestructura pública. Los programas de transferencias de ingresos han expuesto sus limitaciones en todos los países de América Latina. Si bien constituyen un punto de partida para el desarrollo de la seguridad social en la niñez y de las políticas de cuidado, no siempre abordan la pobreza multidimensional ni la reducción de las desigualdades estructurales.
Junto a las transferencias de ingresos, se requiere inversión en políticas que amplíen y mejoren la calidad de la infraestructura de salud, de cuidados a la niñez, a las juventudes, a las personas mayores y con discapacidad para repensar los sistemas de bienestar social y hacer frente a la crisis de los cuidados que visibilizó la pandemia de la Covid-19.
Experiencias regionales
La problemática vinculada a los cuidados se extiende a lo largo y ancho del continente y del mundo. Costa Rica fue una de las pioneras en impulsar acciones concretas desde el Estado vinculadas a estas problemáticas. En 2010, se desarrolló la Red Nacional de Cuidado para la Infancia y la Persona Adulta Mayor, un programa dirigido principalmente a familias de bajos recursos con el objetivo de ampliar la cobertura y la calidad de los servicios a partir de la articulación de recursos públicos, privados y de la sociedad civil.
En Bogotá, Colombia, se desarrolló el proyecto de las Manzanas del Cuidado, un sistema distrital de obra pública que busca reconocer, redistribuir y reducir la carga de cuidado que recae principalmente en las mujeres, mediante la construcción de espacios que brindan actividades de descanso, instancias de finalización del ciclo lectivo y formación profesional.
Uruguay se convirtió, en noviembre de 2015, en el primer país en la región en aprobar una ley de sistema nacional integrado de cuidados (Ley 19.353), que reconoce a los cuidados como un derecho y compromete al Estado a garantizarlo. Sin embargo, con la llegada de un modelo de gestión conservador en marzo del 2020, esta política sufrió un impasse y los avances fueron paralizados. Esta situación marca la necesidad de que los cuidados se enmarquen como parte de una de las tantas conquistas adquiridas por las sociedades.
El caso argentino
La experiencia argentina se consolida como un insumo innovador al interior de Latinoamérica, por el rol que asumió el área de Obras Públicas en la política de construcción de infraestructura de cuidado con articulación federal, rendición de cuentas, participación ciudadana e inversión priorizada.
Desde el Ministerio de Obras Públicas de la Nación se creó el programa de Infraestructura del Cuidado (resolución 252/21), materializando el derecho a cuidar y ser cuidado. Su desarrollo ha sido crucial, demostrando por qué es relevante invertir en infraestructura del cuidado. Esta política puede ser analizada desde tres aspectos:
* Multiplicador de oportunidades: la inversión en Infraestructura del Cuidado genera empleo en la construcción de manera directa e indirecta y contribuye a desarticular la dinámica de la pobreza de tiempos, entendida como aquella condición en la que no se cuenta con el tiempo suficiente para distribuirlo entre trabajo remunerado y actividades no productivas. A su vez, produce transformaciones radicales en la vida de las personas beneficiadas. Los ejemplos son contundentes: en uno de los municipios más ppbres del país, el de Alderetes en Tucumán, la puesta en marcha de un nuevo Centro Modular Sanitario permitirá la atención médica en todas las especialidades de más de 90 mil habitantes. En Barranqueras, Chaco, se estableció uno de los 13 Centros de Desarrollo Infantil que se impulsaron en la provincia y garantiza una atención pedagógica, educativa y nutricional de niñas y niños entre los 45 días y 4 años. A partir de una mirada federal y con la idea de reducir brechas históricas, estas obras garantizan derechos básicos en sectores completamente desprotegidos.
Estos aportes resultan fundamentales para comprender cómo la decisión de colocar a los cuidados en el centro de la gestión pública, a partir de la elaboración de proyectos materiales, contribuye de forma directa en la reducción de la pobreza de tiempos. Los beneficios que adquieren las mujeres con la puesta en marcha de estas políticas están directamente ligados con la adquisición de una mayor autonomía, es decir, contar con horas propias no solo para destinarlas a tareas remuneradas, sino también para estudiar, emprender, descansar, divertirse, entre otras acciones que formar parte de la vida en sociedad.
*Transparencia: esta nueva política fue creada con participación y rendición de cuentas. A partir de la herramienta de datos abiertos MapaInversiones, innovadora en la región y creada de manera conjunta entre el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la ciudadanía tiene la capacidad de conocer las obras realizadas en el territorio, como así también de denunciar, comentar, subir fotos y videos acerca de los diversos proyectos.
A través del aporte que brinda esta herramienta, se da cuenta de que 1 de cada 10 obras del Ministerio de Obras Públicas de la Nación son intervenciones de cuidado. A la fecha, se encuentran finalizados o en ejecución 607 proyectos vinculados a esta área, entre las que se destacan 364 Centros de Desarrollo Infantil (CDI), 12 Hospitales Modulares construidos en tiempo récord en el marco de la pandemia de la Covid-19, entre otros.
Asimismo, las políticas de inversión en Infraestructura del Cuidado garantizan los derechos de las personas que reciben y brindan cuidados, y generan cambios duraderos. Desde el Ministerio de Obras Públicas impulsamos un nuevo paradigma de gestión basado en datos abiertos para el control ciudadano, y con este objetivo se creó a través de la Resolución 31/2020 el Observatorio de la Obra Pública, un espacio de trabajo articulado conformado por universidades, sindicatos, cooperativas, consejos profesionales, cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil que construyen políticas colectivas a partir del intercambio de buenas prácticas y recomendaciones.
A lo largo del 2022, se realizaron seis Jornadas Federales del Observatorio de la Obra Pública en diferentes puntos del país organizadas de manera colaborativa entre la Dirección Nacional de Transparencia del MOP y los gobiernos provinciales y locales. Allí, además de presentarse avances significativos e innovadores para el sector y trabajar en su implementación a nivel local, se realizaron visitas a Centros de Desarrollo Infantil y obras vinculadas a infraestructura sanitaria, para incorporar la mirada de la comunidad como instancia de retroalimentación. De cara al 2023, el objetivo será llegar a cada vez más rincones del país. La presencia de esta clase de espacios permite integrar a la sociedad civil al proceso de toma de decisión pública y, por ende, transparentar los mecanismos que utiliza el MOP a la hora de aprobar los proyectos de Obra Pública.
Como muestra la experiencia, resulta fundamental que los movimientos y partidos progresistas nacidos en América Latina a inicios del siglo XXI, y particularmente quienes cumplen funciones públicas, piensen de manera articulada estrategias junto a las organizaciones sociales y universidades para reducir una brecha histórica en la región y garantizar derechos, oportunidades de empleo y mejores condiciones de vida a sectores postergados durante décadas. La creación de infraestructura del cuidado es un catalizador concreto para la articulación multiactoral en territorio. Pero esa articulación no se da de por sí, si no impulsan también políticas que favorezcan la participación ciudadana y la articulación.
* Un cambio material: El 8,5 por ciento de los fondos anuales del Ministerio son destinados a Infraestructura de Cuidados, números que fueron superados en la práctica (en 2022 se ejecutó 9,01 por ciento y se proyecta un 11,7 en 2023). Este compromiso de inversión fue incluido en el proyecto de Ley Cuidar en Igualdad que está en tratamiento en la Cámara de Diputados.
Con una perspectiva federal y de cara a la ciudadanía, este avance en el reconocimiento de derechos se enmarca como una novedad en la región y promete ser un hito a tomar en cuenta, aunque para esto es vital blindarla frente a los cambios de gestión.
Es imposible pensar en un crecimiento de la economía sin antes detenerse a analizar la deuda que tienen los países de América Latina en relación a las políticas del cuidado. El Estado debe tomar como propias estas banderas y garantizar los derechos de las mujeres, las infancias, las diversidades, las personas mayores y las personas con discapacidad, sectores sobre los que más ha impactado el avance de modelos neoliberales y discursos reduccionistas. Es crucial sostener una mirada que construya una sociedad del cuidado entre todas y todos pensada en el mediano plazo. En este contexto, la infraestructura tiene una gran oportunidad de contribuir a la conquista y consolidación de nuevos derechos.
La evolución de conquistas conseguidas en lo que va del siglo XXI debe y tiene que continuar: a la Asignación Universal por Hijo y la jubilación de amas de casa se suma un nuevo derecho a amplificar, que es la infraestructura del cuidado. Los Estados de Bienestar deben actualizarse y tomar esta agenda para incidir en la reducción de las desigualdades y el desarrollo sostenible. Esto no puede hacerse tan sólo desde el gobierno. Los derechos se ejercen y se conquistan.
Es indispensable repensar e innovar en la agenda de intervenciones en políticas públicas para garantizar derechos de ciudadanía y promover la justicia social. Amplificar, escalar y federalizar la política de infraestructura del cuidado tiene que constituirse en un componente clave y un articulador sustancial para el desarrollo desde los territorios que incorporen una mirada generacional, de cuidados y géneros y la participación de las comunidades.
*Doctoranda en Ciencias Sociales UBA, Magister en Administración y Políticas Públicas – UdeSA. Coordinadora Académica del Diploma Superior de Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas FLACSO-Argentina. Directora Nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas.
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