Por estos días, el Ministerio de Economía impulsa una modificación de la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una de las iniciativas tributarias más controvertidas del actual gobierno. El objetivo formal es ampliar el acceso al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, reducir las causales de exclusión y brindar mayor previsibilidad a quienes decidan adherirse. Sin embargo, detrás de la retórica oficial sobre la simplificación y la remonetización de la economía, el proyecto vuelve a poner sobre la mesa una discusión mucho más profunda: hasta dónde puede llegar el Estado en su intento por facilitar la exteriorización de recursos sin entrar en conflicto con las reglas de transparencia, prevención del lavado de activos y control patrimonial de los funcionarios públicos.
