Una jueza consideró que la legislación penal reciente para menores es inconstitucional y, por ello, revocó la condena impuesta a un joven de 14 años, subrayando que la intervención penal debe ser la última opción del Estado.
En su fallo, la magistrada argumentó que la respuesta del Estado frente a la conducta delictiva juvenil debe priorizar medidas sociales y de reintegración, reservando la sanción penal para casos extremos.
Según la sentencia, la incorporación de menores al sistema judicial penal solo debe aplicarse cuando todas las alternativas de protección y asistencia social hayan sido agotadas, garantizando así el respeto a los derechos de los adolescentes.
